La faz violenta del conflicto ha sido útil al propósito de situar las reivindicaciones indígenas dentro de las prioridades de los últimos tres gobiernos y ha servido como justificación de millonarias asignaciones. El Mercurio, 22 de marzo de 2007
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Conflicto indígena, ¿el fin de la historia?
Jueves 22 de marzo de 2007
La faz violenta del conflicto ha sido útil al propósito
de situar las reivindicaciones indígenas dentro de las prioridades
de los últimos tres gobiernos y ha servido como justificación
de millonarias asignaciones.
La reciente captura del máximo vocero y dirigente de la Coordinadora
Mapuche Arauco-Malleco (CAM) -organización responsable de la mayoría
de los atentados registrados en la última década en el sur
del país- podría inducir al error de pensar que el problema
se encuentra superado o que éste ha llegado a su fin. La realidad
indica que la trama interna que sostiene el conflicto indígena y los
incentivos económicos que lo nutren -los que fueron inteligentemente
diseñados- se encuentran sólidamente instalados en la administración
del Estado, el poder político y la sociedad.
La faz violenta del conflicto ha sido útil al propósito de
situar las reivindicaciones indígenas dentro de las prioridades de
los últimos tres gobiernos y ha servido como justificación
de millonarias asignaciones fiscales que han sido declaradas en beneficio
de las etnias; aún permanece en la retina de muchos la imagen de un
gigantesco acto "multiétnico" realizado en La Moneda, en 1999, en
donde el entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle anunció la destinación
de 150 mil millones de pesos para beneficio de los pueblos originarios y
así congelar la violencia, lo que lamentablemente no ocurrió.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se
ha transformado en el más activo "market maker" de campos agrícolas
en Chile, y su presencia en el mercado es agradecida finalmente por quienes
se debaten entre una vida sometida a la violencia incendiaria o la venta
de sus tierras a un precio razonable. Para lograr que el Fondo de Tierras
y de Aguas que administra la Conadi declare la "Aplicabilidad del art. 20
letra b) de la Ley 19.253" -críptica forma de reconocer que se está frente
a un caso de violencia-, y proceda a la compra de un terreno, éste
debe haber sido declarado previamente, por mandato de la propia ley, como "predio
en conflicto" por alguna comunidad indígena, cuestión que es
manifestada en la práctica a través del registro de incendios,
ocupaciones y ataques realizados reivindicando algún difuso derecho
ancestral.
No existe plazo ni límite de hectáreas que adquirirá el
Estado para saldar la declarada "deuda histórica con los pueblos originarios",
y tampoco está establecida alguna cota máxima a que puede aspirar
un descendiente de indígena. Es el caso que han comenzado a dividirse
comunidades o crear nuevas sólo para extender los beneficios. El futuro
de esta política es claro y evidente: la demanda por tierras será infinita
y mayor cada año.
Si a lo anterior se suma el hecho de que la rentabilidad social de las tierras
entregadas a explotación a las comunidades indígenas es cero
o negativa, la exigencia de nuevos y mayores recursos del presupuesto fiscal
para suplir la pobreza al interior de las comunidades será permanente.
Para que subsista la enorme cantidad de expertos, asesores y monitores en
cuestiones indígenas que actualmente existen en Chile se requiere,
además, de un cuantioso presupuesto fiscal y apoyos de ONG extranjeras;
el uso y la eficiencia de estos recursos, los que son manejados por la elite
indigenista, son cuestionados por los dirigentes más cercanos a las
comunidades. Con todo, los sucesivos incrementos en las asignaciones fiscales
favorecen a los distintos estratos que existen alrededor de las cuestiones
indígenas.
La relativización de la violencia terrorista en el conflicto indígena
y los sucesivos intentos por favorecer a dirigentes condenados de la CAM
tampoco ayudan a la recuperación de la seguridad jurídica en
la zona afectada. El proyecto del ley del Gobierno que despenaliza como acto
terrorista los ataques contra la propiedad y la integridad psíquica,
y el del senador Navarro, que otorga beneficios especiales de libertad a
quienes cometan delitos terroristas reivindicando derechos indígenas,
no aportan a la superación del clima de violencia o a la seguridad
futura.
Mientras subsistan los beneficios económicos extendidos vinculados
al uso de la fuerza en las demandas indígenas y la posibilidad de
acceder a ellos sin restricción alguna de comportamiento, incluso
siendo condenado por delito terrorista, y se continúe entregando señales
de impunidad, difícilmente se podrá decir que la violencia
en el conflicto indígena ha llegado a su fin.