presa Mininco, por su parte, no parece estar muy dispuesta a ceder un ápice sus enormes ganancias en pro de un diálogo conciliador. Muestra de ello es que adelantó en cinco años la tala de los bosques en los predios reclamados por las comunidades y ha acelerado la cosecha, utilizando maquinaria de última generación y una dotación de trabajadores que laboran contra el tiempo, todo esto bajo la protección permanente de carabineros que incluso cumplen funciones de rondines en los predios de la empresa y de escoltas de los empleados de Mininco cuando tienen que realizan tareas alejadas del campamento. Cabe preguntarse si Carabineros tendrá la dotación necesaria para "cuidar" de la misma manera a todas las forestales de la zona cuando el conflicto se extienda ðcomo parece sucederáð a las regiones vecinas. El Siglo Nº 922 - Del 12 de Marzo al 18 de Marzo de 1999
Levantamiento en Traiguén
Mapuches se hacen escuchar
| Al sonido del kul kul, kultrunes y trutrucas se inició en la madrugada del viernes el ataque anunciado por las comunidades mapuches de la zona de Traiguén a la forestal Mininco, al no cesar los trabajos de explotación del bosque en el fundo Chorrillos, lugar reclamado por las comunidades indígenas como parte de sus tierras ancestrales. El enfrentamiento con Carabineros que protegían los predios explotados por la forestal duraron todo el fin de semana, dejando un saldo de diez detenidos y catorce personas heridas, ocho de ellas funcionarios de la fuerza pública. Los detenidos quedaron en libertad durante la tarde del viernes, siendo citados a declarar el día martes 9 de marzo. |  |
Mientras Andrés Zaldívar se preocupó por la imagen internacional que este conflicto está dando al país, ofreciéndose como mediador, el representante del PS, PPD y PRSD, Ricardo Lagos, rememoró los años de la Unidad Popular y la devolución de tierras que ese gobierno hizo a los mapuches.
Pero aunque es reciente esa preocupación, este problema no lo es y ya había dado señales concretas de agravamiento.
Basta recordar el caso de los tres camiones quemados de la Forestal Bosques Arauco en Lumaco, ocurrido a fines de 1997 y que culminó con tres mapuches condenados a tres años y un día por la Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo la aplicación de ese mecanismo legal la solución que encontró el gobierno para el problema de tierras que reclamaba la comunidad.
Luego de esa quema de camiones, dirigentes de la comunidad sostuvieron conversaciones con el intendente regional, pero hasta la fecha las comunidades de Pichiloncoyán y Pilinmapu no consiguen el predio Pidenco, en manos de la empresa forestal.
En el 98 , el mayor conflicto de tierras se localizó en Cuyinco, también con la Forestal Bosques Arauco. En el lugar, la empresa forestal ocupa ilegalmente el fundo Cuyinco, de 1.650 hectáreas, donde habitan 13 familias mapuches. En su oportunidad, la Corte de Apelaciones de Concepción, primero, y la Corte Suprema después, fallaron a favor de la comunidad mapuche, pero la empresa forestal se las ha arreglado para dilatar judicialmente el conflicto, mientras continúa los trabajos de explotación del bosque que está en el predio, ayudada por la obsecuencia de la justicia y por sus propios guardias armados que al interior del fundo intimidan a los comuneros.
Debido a esta situación es que se han dado fuertes enfrentamientos entre la comunidad mapuche y los guardias, quedando varios heridos. Fue en Cuyinco donde aparecieron las primeras denuncias de la presencia de "civiles no identificados" y de guardias armados con preparación militar que custodiaban dentro y fuera de la propiedad de Forestal Bosques Arauco.
Los hechos más recientes de Santa Rosa de Colpi coinciden con los otros conflictos en muchos aspectos: la existencia de papeles legales que avalan que esa propiedad es de la comunidad mapuche, la violencia con la que actuaron carabineros en conjunto con los guardias, esta vez de la Forestal Mininco, y la falta de soluciones concretas por parte de la Justicia y del gobierno.
Hoy, la movilización ha dado los primeros resultados, por lo menos en la promesa de inyección de recursos por parte del Estado en la zona, alcanzando un monto, según la información oficial, del orden de los 290 millones de pesos, desglosado en la creación de empleos, compra de hectáreas, subsidios para la ampliación de tierras indígenas, bonos de producción agraria, entre otros. Lo cierto es que esta solución "en la medida de lo posible" no satisface a las comunidades mapuches, las que a través de sus dirigentes informaron su disposición de continuar con las movilizaciones de no frenar las forestales sus faenas de tala en los predios en conflicto, dando un plazo de 24 horas como tregua, período que terminará cuando esta edición ya esté en circulación.
La empresa Mininco, por su parte,
no parece estar muy dispuesta a ceder un ápice sus enormes ganancias
en pro de un diálogo conciliador. Muestra de ello es que adelantó
en cinco años la tala de los bosques en los predios reclamados por
las comunidades y ha acelerado la cosecha, utilizando maquinaria de última
generación y una dotación de trabajadores que laboran contra
el tiempo, todo esto bajo la protección permanente de carabineros
que incluso cumplen funciones de rondines en los predios de la empresa
y de escoltas de los empleados de Mininco cuando tienen que realizan tareas
alejadas del campamento. Cabe preguntarse si Carabineros tendrá
la dotación necesaria para "cuidar" de la misma manera a todas las
forestales de la zona cuando el conflicto se extienda ðcomo parece
sucederáð a las regiones vecinas.
Por su parte, los parlamentarios
del PPD Guido Girardi y Eugenio Tuma y el socialista Alejandro Navarro,
han denunciado la concomitancia de Carabineros con las empresas privadas
y la presencia de verdaderas milicias paramilitares contratadas por las
forestales. Cuestión denunciada en innumerables ocasiones por los
comuneros y que ha quedado en evidencia en los últimos enfrentamientos,
al ser utilizados vehículos de las empresas para detener a los manifestantes.
Este es el caso del Alto Bío Bío, cuando los detenidos el
7 de marzo fueron trasladados a la comisaría en los buses de Besalco,
empresas contratista que trabaja para Endesa. Lo mismo se repitió
en Santa Rosa de Colpi y en el enfrentamiento de Chorrillos, con funcionarios
policiales que usaban los helicópteros de la forestal Mininco para
vigilar a las comunidades. Por su parte, Carabineros admitió la
presencia entre los guardias de las forestales de personal armado, manifestando
que tienen identificados a tres empleados de la empresa forestal.
El conflicto también suscitó
el interés de los parlamentarios que ven el tema de los DD.HH.,
los que se reunieron con los dirigentes y loncos mapuches el domingo 7
de marzo en el municipio de Traiguén. El presidente de la comisión
de DD.HH. de la Cámara, Sergio Ojeda, junto a los parlamentarios
Miguel Hernández (DC), Edmundo Villouta (DC) y Luis Monje (UDI)
se reunieron con los loncos Pascual Pichún de Temulemu y Segundo
Norín de Didaico, además de los dirigentes José Huenchunao
de Arauco, Galvarino y Alfonso Raiman de Lumaco y Juan Huilipan de Traiguén.
En la ocasión, los diputados coincidieron con los dirigentes en
que la existencia de una sobredotación policial en la zona ayuda
a exacerbar los ánimos y se comprometieron a realizar gestiones.
Pero el gobierno no concuerda con
esta apreciación y ordenó reforzar la dotación de
Carabineros, sumándole la presencia de policías de Investigaciones
en la zona.
La fuerte dotación policial,
junto a la llegada del director de Investigaciones, Nelson Mery, a Traiguén;
los fuertes intentos comunicacionales por culpar a los mapuches ante la
opinión pública de los incendios forestales, de estar infiltrados
por grupos "extremistas" ajenos a su problemática, así como
la acusación de tener armas en las comunidades y de mantener un
supuesto apoyo internacional organizado ðcuestión por la cual
se ordenó la expulsión de los extranjeros que estaban con
los mapuches en los momentos conflictivosð, son para algunos dirigentes
fuertes señales de que se podría estar preparando, por parte
del gobierno, una ofensiva "ejemplarizadora" contra las comunidades de
la región.
Aunque el estado de hacinamiento
y pobreza que afecta a los mapuches se ve muy ligado a la presencia de
las forestales en la zona, no se puede depositar en estas empresas la totalidad
de la culpa, sin quitarle responsabilidad al gobierno y al Estado en general,
por mantener una política sistemática de marginación
y desprotección del pueblo mapuche, en contraposición a las
facilidades otorgadas a las empresas forestales para que exploten la zona.
El mismo Rodrigo González, director de la Conadi, manifestó
en un medio de comunicación que esas empresas se han visto favorecidas
en los últimos 25 años con subsidios estatales que les han
permitido financiar el 75% de sus inversiones.
Hoy surgen las voces contra la
violencia, argumentando que la utilización de medidas de presión
impide la búsqueda racional de soluciones a los problemas. Los mapuches
saben de espera ðno en vano sus niveles de vida no han cambiado mucho
desde principios de sigloð, y saben que la racionalidad de los "huincas"
nunca los favorece.
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