Al sonido del kul kul, kultrunes y trutrucas se inició en la madrugada del viernes el ataque anunciado por las comunidades mapuches de la zona de Traiguén a la forestal Mininco, al no cesar los trabajos de explotación del bosque en el fundo Chorrillos, lugar reclamado por las comunidades indígenas como parte de sus tierras ancestrales. El enfrentamiento con Carabineros que protegían los predios explotados por la forestal duraron todo el fin de semana, dejando un saldo de diez detenidos y catorce personas heridas, ocho de ellas funcionarios de la fuerza pública. Los detenidos quedaron en libertad durante la tarde del viernes, siendo citados a declarar el día martes 9 de marzo. |
La empresa Mininco, por su parte,
no parece estar muy dispuesta a ceder un ápice sus enormes ganancias
en pro de un diálogo conciliador. Muestra de ello es que adelantó
en cinco años la tala de los bosques en los predios reclamados por
las comunidades y ha acelerado la cosecha, utilizando maquinaria de última
generación y una dotación de trabajadores que laboran contra
el tiempo, todo esto bajo la protección permanente de carabineros
que incluso cumplen funciones de rondines en los predios de la empresa
y de escoltas de los empleados de Mininco cuando tienen que realizan tareas
alejadas del campamento. Cabe preguntarse si Carabineros tendrá
la dotación necesaria para "cuidar" de la misma manera a todas las
forestales de la zona cuando el conflicto se extienda ðcomo parece
sucederáð a las regiones vecinas.
Por su parte, los parlamentarios
del PPD Guido Girardi y Eugenio Tuma y el socialista Alejandro Navarro,
han denunciado la concomitancia de Carabineros con las empresas privadas
y la presencia de verdaderas milicias paramilitares contratadas por las
forestales. Cuestión denunciada en innumerables ocasiones por los
comuneros y que ha quedado en evidencia en los últimos enfrentamientos,
al ser utilizados vehículos de las empresas para detener a los manifestantes.
Este es el caso del Alto Bío Bío, cuando los detenidos el
7 de marzo fueron trasladados a la comisaría en los buses de Besalco,
empresas contratista que trabaja para Endesa. Lo mismo se repitió
en Santa Rosa de Colpi y en el enfrentamiento de Chorrillos, con funcionarios
policiales que usaban los helicópteros de la forestal Mininco para
vigilar a las comunidades. Por su parte, Carabineros admitió la
presencia entre los guardias de las forestales de personal armado, manifestando
que tienen identificados a tres empleados de la empresa forestal.
El conflicto también suscitó
el interés de los parlamentarios que ven el tema de los DD.HH.,
los que se reunieron con los dirigentes y loncos mapuches el domingo 7
de marzo en el municipio de Traiguén. El presidente de la comisión
de DD.HH. de la Cámara, Sergio Ojeda, junto a los parlamentarios
Miguel Hernández (DC), Edmundo Villouta (DC) y Luis Monje (UDI)
se reunieron con los loncos Pascual Pichún de Temulemu y Segundo
Norín de Didaico, además de los dirigentes José Huenchunao
de Arauco, Galvarino y Alfonso Raiman de Lumaco y Juan Huilipan de Traiguén.
En la ocasión, los diputados coincidieron con los dirigentes en
que la existencia de una sobredotación policial en la zona ayuda
a exacerbar los ánimos y se comprometieron a realizar gestiones.
Pero el gobierno no concuerda con
esta apreciación y ordenó reforzar la dotación de
Carabineros, sumándole la presencia de policías de Investigaciones
en la zona.
La fuerte dotación policial,
junto a la llegada del director de Investigaciones, Nelson Mery, a Traiguén;
los fuertes intentos comunicacionales por culpar a los mapuches ante la
opinión pública de los incendios forestales, de estar infiltrados
por grupos "extremistas" ajenos a su problemática, así como
la acusación de tener armas en las comunidades y de mantener un
supuesto apoyo internacional organizado ðcuestión por la cual
se ordenó la expulsión de los extranjeros que estaban con
los mapuches en los momentos conflictivosð, son para algunos dirigentes
fuertes señales de que se podría estar preparando, por parte
del gobierno, una ofensiva "ejemplarizadora" contra las comunidades de
la región.
Aunque el estado de hacinamiento
y pobreza que afecta a los mapuches se ve muy ligado a la presencia de
las forestales en la zona, no se puede depositar en estas empresas la totalidad
de la culpa, sin quitarle responsabilidad al gobierno y al Estado en general,
por mantener una política sistemática de marginación
y desprotección del pueblo mapuche, en contraposición a las
facilidades otorgadas a las empresas forestales para que exploten la zona.
El mismo Rodrigo González, director de la Conadi, manifestó
en un medio de comunicación que esas empresas se han visto favorecidas
en los últimos 25 años con subsidios estatales que les han
permitido financiar el 75% de sus inversiones.
Hoy surgen las voces contra la
violencia, argumentando que la utilización de medidas de presión
impide la búsqueda racional de soluciones a los problemas. Los mapuches
saben de espera ðno en vano sus niveles de vida no han cambiado mucho
desde principios de sigloð, y saben que la racionalidad de los "huincas"
nunca los favorece.