Los pehuenches de Alto Biobío señalaron que las conversaciones ahora solamente serán con el nivel central del Gobierno. 

 
Por Guido Rodríguez y Jaime Tapia 
 

OSORNO.-El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda, expresó su apoyo a las comunidades del Alto Biobío que se oponen a la construcción de la represa Ralco y dijo que para solucionar el conflicto, la Ley Indígena debe aplicarse en forma integral. 

 El parlamentario (DC) visitó el domingo pasado la zona del Alto Biobío, donde se reunió con dirigentes de comunidades indígenas de todo el país para recabar antecedentes que permitan continuar con la discusión del tema interior de la Comisión que preside. 

 Consultado por La Tercera sobre la presunta existencia de violaciones a los derechos humanos en este conflicto, señaló que "cuando las familias se dividen contra su voluntad, cuando se llenan los territorios de agua, cuando hay una cultura en peligro, es porque se están tocando derechos fundamentales del hombre y es nuestro deber defenderlos". 

 "El Gobierno debe tener muy en cuenta que existe un grupo que se resiste a permutar sus tierras, pues allí se ha desarrollado su cultura, tienen enterrados a sus muertos y la represa lo va a inundar todo. Creo que la ley debe aplicarse en plenitud, pues esta habla de la defensa de las tierras, familias y cultura indígena", explicó. 

 Al referirse a la situación de quienes aceptaron la permuta de sus tierras, indicó que fueron obligados por las circunstancias de extrema pobreza en que viven. "No hay un acto voluntario de la gente, ellos quieren irse porque han sido presionados, no están bien económicamente y, además, no cuentan con asistencia del Estado", precisó. 

 Ojeda anunció que el próximo 9 de septiembre dirigentes indígenas, pehuenches y de todo el país asistirán al Congreso para participar en un debate junto a los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos. 

diálogo

 Aclaró Levi que el problema no es con aquellos pehuenches que aceptan la construcción de la Central Hidroeléctrica y están de acuerdo con las permutas de tierras ofrecidas por Endesa. "Nuestro problema es con la empresa generadora. El ambiente de pugna y tensión con nuestros hermanos pehuenches puede resultar engañoso. Nuestro enemigo común es quien pretende arrasar con nuestras tierras, nuestra cultura, con nuestro pasado", afirmó. 

 Mientras tanto ayer se inició un levantamiento socioeconómico de 340 familias pehuenches de las comunidades de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco. 

 Dentro de un plazo de 15 días la Comisión Técnica que trabaja en esta catastro social deberá emitir un informe que complemente la información que el consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) deberá tener cuando tenga que resolver las 83 solicitudes de permutas acordadas entre los pehuenches y Endesa.