El crecimiento de la demanda de energía requiere la construcción de centrales eléctricas, y el costo económico de levantar alternativas al polémico proyecto de Endesa es más alto.

 
Por Ignacio Badal 

"El agua es el petróleo de Chile". La frase es del ex-Presidente, Patricio Aylwin, y hoy, cuando se producen agitados conflictos por la central Ralco en el Alto Bíobío, cobran más sentido que nunca para entender la política energética que pretende continuar el gobierno que encabeza Eduardo Frei.

 Política que dejó sumamente bien establecida el año pasado cuando, junto al ex-presidente de Endesa, José Yuraszeck, inauguró la central hidroeléctrica Pangue, también en el río Bíobío. En esa ocasión el Primer Mandatario deslizó una dura crítica a los ecologistas defensores de los pehuenches, dejando entrever que estos eran grupos oportunistas que impedían el desarrollo del país y que ponían por encima el interés particular por sobre el bien común.

 Más allá de sus obvias simpatías ingenieriles y empresariales por los grandes proyectos, el Presidente Frei ha seguido una línea clara en cuanto a que las plantas productoras de energía deben construirse.

 Es así como impulsó fuertemente la llegada del gas natural a Chile. Su incorporación como combustible -para abastecer centrales termoeléctricas de ciclo combinado- permite respaldar el Sistema Interconectado Central (SIC) que debe crecer constantemente para responder a la creciente demanda eléctrica, que supera el ocho por ciento anual.

 El plan indicativo de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) incorporó tres centrales a gas para el año 1998 (Nueva Renca, Nehuenco y San Isidro), que incorporarán más de mil MW de capacidad instalada al sistema. A mediados de 1999, estarán también en operaciones las centrales hidroeléctricas de pasada (no requieren embalse) Peuchén y Mampil, que inyectarán otros 110 MW.

 Y existen dos nuevos proyectos en carpeta para los siguientes años: la central Cortaderal de 400 MW, que pretende construir en el Alto Cachapoal la empresa brasileña Andrade Gutiérrez y cuya entrada en servicio debiera ser para el año 2000; y la central Ralco, de 570 MW, que -si no se retrasa- operaría desde abril del año 2002.

 Considerando que en 1996 la zona central del país -desde Taltal a Chiloé- consumió casi 22 mil 500 Gigawatt/hora (millones de kilowatt/hora), una tasa de crecimiento promedio del ocho por ciento anual implica que en el año 2005 se requerirán alrededor de 45 mil GW/h, es decir, justo el doble. Este crecimiento significa que en la década analizada la capacidad instalada del SIC debe crecer en torno a los 4 mil MW -hoy es de cerca de 5 mil MW-, tanto en instalaciones de generación como de transmisión, lo que implica inversiones por 4 mil 500 millones de dólares.

Razón económica

Considerando las centrales en construcción anteriores a Ralco, se respaldarán mil 600 MW, es decir, faltará cubrir otros dos mil 400 MW entre el año 2001 y el 2005.

 En ese sentido Ralco entra a apoyar una demanda, que si no creciera tanto -incluso más que el PIB- podría postergar varias de estas centrales.

 De aquí esa frase tan decidora de la secretaria ejecutiva de la CNE, María Isabel González: "Los proyectos hidroeléctricos son necesarios para el país".

 El sistema eléctrico central necesita de nuevos proyectos para asegurar el suministro eléctrico y no todos pueden ser a gas o a carbón. De aquí sale la pregunta de los ecologistas: ¿Por qué, en vez de una central con embalse como Ralco, no se construye una planta también hidráulica, pero de pasada, o simplemente otra a gas natural? Las respuestas son económicas.

 No se compadece realizar un proyecto hidroeléctrico en el Bíobío con el potencial que ese caudal tiene, pues las centrales de pasada como San Ignacio o Loma Alta, aportan menos de 50 MW al sistema, 50 versus 570 MW del embalse Ralco.

 El gas natural o el carbón, en tanto, no son chilenos y deben comprarse al exterior. Además, son más caros que el agua, que tiene costo cero, lo que implica que cualquier central termoeléctrica que desee construirse en vez de una hidráulica aumentará el precio al consumidor final.

 Haciendo una comparación, el costo de producir energía hidroeléctrica (que requiere sólo la inversión de la central) es de 1,9 centavos de dólar por kilowatt generado, mientras que a gas natural cuesta 2,1 centavos de dólar/KW, y a carbón, 3,6 centavos de dólar.

 Los argumentos económicos son, sin duda, los más relevantes a la hora de observar la política gubernamental. El problema es que esos argumentos también repercuten en el consumidor.