LCO, EL ALTO BIO BIO Y LOS PEHUENCHES. Los dimes, diretes y aristas de una central hidroeléctrica anunciada. Revista El Canelo, edición 79, Junio de 1997 

Endesa quiere llevar a cabo su proyecto, aunque tenga que talar e inundar bosques, arrastrar con comunidades indígenas, pasar por alto informes económicos e ignorar la legislación y a los organismos del Estado. Eso a menos de que la sociedad civil los detenga.

La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, ENDESA, es la única que en nuestro país tiene los derechos de aguas. En esto no hay ninguna otra empresa que le compita. Fue privatizada en 1989, en el último año de la dictadura, en lo que muchos califican como una jugada maestra de grupos económicos para apoderarse del motor energético del país. Ellos controlan el 60% del mercado eléctrico chileno, que incluye generación, transmisión y distribución de energía, y son dueños de todo el cableado desde Tal Tal a Chiloé.En los últimos años, Endesa ha proyectado construir siete centrales hidroeléctricas en el río Bío Bío.

La primera fue la recientemente inaugurada Pangue. La segunda sería Ralco. Pero para construir una central hidroeléctrica se debe pasar por varias etapas. La electricidad, por ser un servicio de uso público, debe producirse de acuerdo a la demanda y las necesidades de los consumidores. Por ello, la Comisión Nacional de Energía recoge todos los proyectos de generación de electricidad para los próximos diez años que presenten las empresas del área. Cada seis meses los solicita, y, de acuerdo a las demandas energéticas del país, evalúa cuáles son los proyectos más convenientes.

En el plan de obras de 1995 no figuraba Ralco. Había sido desestimado para los próximos diez años porque económicamente era un mal proyecto. Sin embargo, en el plan de obras de 1996 Ralco aparece en gloria majestad programado para el año 2005 y posteriormente se adelantó para incorporarse al Sistema Interconectado Central (SIC) el año 2002, por lo tanto su construcción debería comenzar a más tardar el 1998. En otras palabras, la Comisión Nacional de Energía autorizaba la ejecución del Proyecto Ralco, presentado por Endesa.

En ese proyecto, Ralco era definida como «la central de generación hidroeléctrica de mayor importancia y envergadura en la historia del país». Su potencia instalada sería de 570 Mega Watts (MG), su generación promedio anual de 3.380 millones de Kilo Wats Hora (kWh), con un costo global de 622 millones de dólares. La central se ubicaría en la zona del Alto Bío Bío, a 120 Kms. de Los Angeles y 30 kms. arriba de la Central Pangue. La presa tendría una altura de 155 metros en el cauce del río Bío Bío y daría origen a un embalse con una superficie de inundación de 3.467 hectáreas.

Las reacciones a Ralco fueron casi inmediatas. Las organizaciones ambientalistas, encabezadas por Grupo de Acción por el Bío Bío (GABB) fueron las primeras en manifestar su oposición al proyecto. Posteriormente, y aunque no se supo en ese momento, la Conama también rechazó el proyecto. Paralelamente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) fue categórica al señalar la ilegalidad de Ralco. Desde el Congreso, algunos parlamentarios como Juan Pablo Letelier, Víctor Barrueto, Andrés Palma y Octavio Jara sumaron sus críticas a la aprobación del proyecto.

En particular este último, diputado por la zona, dijo que hasta ahora las centrales más importantes del país -Antuco, El Toro y El Abanico- ubicadas en la región, no han contribuido al desarrollo local. La comuna de Antuco es de hecho una de las más pobres del país. El 75% de la población rural no tiene energía eléctrica y para las plantas Endesa contrató 120 operarios traídos de afuera. Pero Endesa ha sabido hábilmente esquivar cada uno de estos escollos. Con el apoyo explícito del presidente Frei al proyecto, Endesa logró sacar del camino a la CONAMA y obligarla a darle una nueva oportunidad. Algo similar ocurre por estos días con la CONADI, después de que el gobierno destituyera de su cargo a Mauricio Huenchulaf, ex director de la corporación, quien hasta último momento se oponía a Ralco. Así, con mucha habilidad, Endesa ha centrado el debate en los pehuenches y en los detalles de su relocalización.

Una millonaria campaña publicitaria ha sido parte importante en todo este engranaje. Contínuos avisos por televisión y a través de la prensa hacen pensar a los chilenos que Ralco es un gran proyecto, que mejorará ostensiblemente la calidad de vida de los pehuenches y que, en definitiva, quienes se oponen a él, se están oponiendo al desarrollo del país. Obviamente estos medios de comunicación no querrán espantar a tan buen avisador, de modo que las opiniones contrarias al proyecto, en general, o no salen o ocupan breves líneas en la prensa.

La influencia en la opinión pública de quienes se oponen a Ralco es insignificante en este contexto. Sólo algunas cartas al Mercurio, una que otra opinión que los medios recogen del GABB y las declaraciones de algunos parlamentarios. Comparado con el poder de la maquinaria Endesa esto es casi ridículo. El problema es complejo, es una macedonia con demasiados ingredientes, abundantes actores, múltiples versiones y excesivos rumores. Intentar desenredar la madeja es difícil pues la información y la desinformación no permiten ver con claridad el problema

FREI BENDICE RALCO

Con presencia de numerosas autoridades, del gobierno y Endesa, fue inaugurada el 7 de marzo la Central Hidroeléctrica Pangue. En esa oportunidad el Presidente Eduardo Frei fue muy enfático: «Chile nunca va a poder renunciar por razones estratégicas a desarrollar esta única riqueza que tenemos que es la Hidroeléctrica». Los ejecutivos de Endesa obviamente recibieron con regocijo sus palabras. Habían encontrado un aval a su proyecto. Y un gran aval.

Para Juan Pablo Orrego, Presidente del GABB, el problema de fondo es otro. La antigua amistad entre Eduardo Frei y José Yuraszeck, presidente de Endesa, y ambos ingenieros que fueron socios en la empresa Sygdo Koppers, antes de que Frei ocupara el sillón presidencial. De hecho fue esta empresa de ingeniería la que hizo parte del diseño electromecánico de Pangue, y cuando esta central se llenó, en el lugar flameaban dos banderas, la de Chile y la de Sygdo Koppers. «Cuando Frei en su viaje a Estados Unidos invita a 130 empresarios, pero se lleva a Yuraszeck en el avión presidencial, yo pienso mal», afirma Hernán Echaurren, Director del GABB. Porque Frei ha apoyado a Endesa más allá de las puras palabras. En junio de 1996 la CONAMA ya tenía lista su evaluación sobre el estudio de impacto ambiental elaborado por Endesa para la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco. El informe final era lapidario, definitivamente se trataba de un pésimo estudio, y por lo tanto la comisión, considerando los informes técnicos de 22 entidades gubernamentales, lo rechazó.

En su último párrafo expresa que «las deficiencias del estudio de impacto ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes...lo que implica que no se cumplen los requisitos de aprobación que establece el artículo 16 de la ley de Bases del Medio Ambiente. Por lo tanto, el comité revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado en el estudio de impacto ambiental Central Hidroeléctrica Ralco, de la empresa Endesa». A continuación el nombre de la directora de la CONAMA, Viviane Blanlot, sobre el cual ella nunca llegó a estampar su firma.

La noticia de que el proyecto Ralco sería rechazado se filtró rápidamente y llegó incluso a Endesa. De la cadena operó rápido. Una llamada a Frei, este que se comunica con Villarzú y así le llega la orden a Blanlot de que debía dar una segunda oportunidad a Ralco. Obviamente la evaluación original nunca se públicó y en cambio apareció la CONAMA solicitando un Adenddum (anexo aclaratorio con más información) a Endesa.

«Nosotros tuvimos llamados en julio del año pasado de funcionarios de la CONAMA llorando a mares por teléfono, por la humillación que habían sufrido al obligárseles a darle la pasada a Ralco, cuando la decisión técnica de todo el equipo más la evaluación de todos los servicios técnicos era el rechazo del proyecto. La CONAMA se doblegó ante la presión política del gobierno», afirma Juan Pablo Orrego.

Así las cosas, en estos días la Comisión debiera pronunciarse sobre el famoso Adenddum, pero prácticamente nadie espera un rechazo al proyecto (al respecto ver artículo «La doble militancia», de Octavio Somonel en esta misma Agora).

EL DRAMA PEHUENCHE

Hasta antes de que empezara la polémica por la construcción de la central Pangue, muchos pensaban que los pehuenches eran un pueblo extinguido. Es muy probable incluso que los ejecutivos de Endesa se hayan llevado una sorpresa al visitar el área para proyectar sus obras y descubrir un pueblo indígena culturalmente intacto. Viven aún del piñón, hablan mapudungún y realizan ritos y ceremonias para honrar a sus antepasados y a la pachamama, para rogar por sus siembras y animales. Entre bosques, esteros y cascadas, en un clima frío y lluvioso viven más de cien familias pehuenches, en las comunidades de Quepulca-Ralco y Ralco-Lepoy.

Separados entre sí por kilómetros, para visitar a sus hermanos, los peñis, se desplazan por caminos polvorientos en verano, que en invierno se transforman en barro. No hay electricidad ni teléfono, y una radio local, la Angelina, es su principal medio de comunicación.

Santa Bárbara, a sesenta kilómetros, es su contacto más directo con los huincas. Por lo menos así era hasta hace algunos años, antes de que llegara Endesa a construir Pangue. Entonces el contacto con ellos se volvió más constante, pero los trabajos que realizaban en la zona no les afectaban directamente. Poco duró esa cordial, pero distante relación. Hace un año supieron que sus lugares sagrados, sus huertos, cementerios y lugares de encuentro serían completamente inundados, y que ellos tendrían que trasladarse a otras tierras. En las de ellos se construiría una gran represa: Ralco. Su primera reacción el desconcierto, y luego vino el asombro. El asombro por los insospechados beneficios que les ofrecían a cambio de sus casas. Vivienda, agua potable, electricidad, animales, corrales, caminos, puentes y escuelas. Ayuda y capacitación para aumentar su productividad, subvenciones, turismo en la zona, promoción de la organización y participación en comunidad, entre muchos, muchos otros beneficios. La decisión quedaba en sus manos, y resolver era difícil. Por un lado la posibilidad de mejorar sus precarias condiciones de vida, pero por otro renunciar a una historia, a tradiciones y a una vida entera en Ralco. A pesar de la duda, la mayoría dijo no a lo que los empresarios y técnicos llamaban relocalización.

AHI COMENZO LA PRESION.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indigena, CONADI, desde un comienzo hizo ver su opinión negativa frente al proyecto. De acuerdo a la ley indígena, artículo 13, e independiente de cualquier otra apreciación económica o ambiental, el proyecto era ilegal. «Las tierras indígenas, por exigirlo el interés de la nación, gozarán de la protección de la ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre personas indígenas o comunidades de una misma etnia». Así de simple, y al menos hasta hace algunas semanas mantenían firme esta decisión.

Para realizar un proyecto de este tipo se necesita mínimo dos autorizaciones: la de todos los habitantes del lugar, bastando la negativa de uno de ellos para que no se lleve a cabo la permuta, y también es necesaria la autorización de la CONADI como responsable de la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas.

Más allá de la ley existen una serie de críticas al proyecto por parte de la CONADI y de las propias comunidades. Una de ellas se refiere a los cementerios. Existen en el lugar 14 cementerios y más de 70 sitios arqueológicos. De aprobarse Ralco todos ellos quedarían inundados bajo 150 metros de agua. Endesa propone establecer una capa de cemento líquido protector, para que en cien años más, cuando la represa cese su uso, puedan ser recuperados como restos de interés arqueológico, a través de rebuscadas técnicas submarinas.

Para la CONADI esto resulta inconcebible. «En ninguna parte del país -plantean- se observa que los cementerios en uso sean expropiados para construir conjuntos residenciales y luego se declaren en conservación bajo tierra. Precisamente lo que define un cementerio como tal no es la inmersión bajo tierra, sino la posibilidad de contacto de los vivientes con los restos de los difuntos». Los impactos sicológicos y simbólicos de esta situación no han sido estudiados. Con todo, en los últimos meses la presión sobre las comunidades indígenas se ha intensificado. Endesa los ha abrumado con miles de ofertas, ha intervenido en sus comunidades, ha levantado líderes nuevos ajenos a sus propios caciques y se especula acerca de dudosas manipulaciones para obligar a las familias a firmar a favor de la relocalización.

Según Juan Pablo Orrego, la Fundación Pehuén, creada para mitigar los impactos producidos por Pangue en los pehuenches, ha influido en esta situación. «Nosotros denunciamos que estaban usando la Fundación Pehuén como un caballo de Troya, que en vez de usarla para mitigar los impactos de Pangue, la usan para allanar el camino a Ralco, desinformando a la comunidad, dividiéndola, dando asistencialismo barato, regalando gotas de agua o planchas de zinc». Todo con tal que las familias acepten la famosa relocalización, salvando de ese modo, al menos en parte, los escollos legales. Pero las alternativas de relocalización, que a primera vista parecen muy atractivas, tienen sus peros. En primer lugar, por el sitio del traslado. Endesa ofrece trasladar a las 101 familias a los fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura, en total cerca de 20 mil hectáreas. Esto comparado con las 638 áreas afectadas parece un gran regalo. Sin embargo, el Fundo El Barco que comprende cerca del 95% de las tierras ofrecidas, no reuniría las características necesarias para la supervivencia de las familias en buenas condiciones. Primero, porque se encuentra a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar, comparando con los 600 metros en los que se encuentran ahora.

En segundo lugar, el informe técnico entregado por la CONADI considera que el predio es inadecuado para el establecimiento de las familias. La pobreza de sus suelos impediría la agricultura y los más de cuatro metros de nieve que caen durante el invierno harían aún más duras sus condiciones de vida e impedirían en ese tiempo la realización de cualquier actividad productiva. El Fundo el Barco sólo puede usarse con fines productivos durante el verano. A esto se suma la apreciación de la Corema del Bío Bío. En su informe señala que el suelo del lugar corresponde a suelo de cenizas, volcánico, de fácil escurrimiento, lo que podría provocar la desaparición de la delgada capa de vegetación después de unos pocos años de explotación. En estas condiciones producir sería una aventura.

Pero este es sólo un aspecto de la relocalización. Preocupa por sobre todo que se quiebren aspectos centrales de su cultura e identidad. No hay que olvidar que para los pehuenches la relación con la tierra es de participación con ella y no sólo de dominio y usufructo. La tierra tiene un sentido de identidad étnica y el reconocimiento histórico de pertenencia a un lugar. Si no se consideran estos aspectos el impacto será aún mayor. Pérdida de identidad y deterioro de la autopercepción; desestructuración de la comunidad y de su sistema productivo; interrupción de las fiestas ceremoniales, alteración del territorio étnico y sus simbolismos, y en definitiva la perturbación emocional de las familias indígenas, son algunas de las posibles repercusiones.

Endesa ha calculado sólo medianamente la magnitud de estos impactos y, como suele suceder en este tipo de conflictos, su visión del problema es absolutamente distinta. Consideran el Fundo El Barco óptimo para la relocalización, por su extensión y porque según ellos permitiría la realización de todas las actividades productivas tradicionales de los pehuenches y también las de carácter religioso y cultural.

Además de la ayuda material y de infraestructura (casas, bodegas, cocinas, etcétera) ofrecen algunas compensaciones adicionales. Bonos en especies productivas, un fondo de asistencia válido por cuatro años, programas de desarrollo y capacitación en el largo plazo. En un subprograma de desarrollo cultural proponen incorporar la educación indígena a la educación formal, traducir textos escolares a mapudungún, crear un museo Pehuenche e incluso centros de artesanía. Estimular el turismo en la zona y crear una Fundación de Desarrollo Pehuenche son también parte del paquete.

Muchas de estas propuestas tal vez sean viables, pero qué pasará después de los cuatro años, cuando se acaben los subsidios y también el trabajo en las faenas de la central. Las familias indígenas quedarán nuevamente abandonadas a su suerte, obligadas a sobrevivir en un medio aún más adverso. Es curioso que estos beneficios tengan una duración de cuatro años, justo el tiempo que Endesa tardará en construir la central Ralco. Endesa está convencida que todo este proyecto es posible sin afectar mayormente los patrones culturales tradicionales de las comunidades. Confían en que han sido muy bien asesorados, en particular por connotados antropólogos. Uno de ellos y su máximo baluarte es Leopoldo Bartolomé, de Argentina.

«Se han llenado la boca con este señor, diciendo que el programa de relocalización está avalado por un famosísimo antropólogo. Lo que nadie ha dicho es que Bartolomé estuvo a cargo del plan de reasentamiento para la central Yasiretá, que involucra a Argentina, Uruguay y Paraguay, y que ha sido francamente un desastre. Movieron a un montón de gente por recomendación de este antropólogo tan famoso y quedó la escoba. Están sin luz, sin agua, en fin. Ellos interpusieron una demanda ante el panel de inspección del Banco Mundial y ya ha sido acogida», comenta Juan Pablo Orrego.

En este contexto se ha desarrollado la discusión en torno al tema pehuenche. A la fecha no existen cifras exactas ni unánimamente compartidas respecto al número de familias que ya han aceptado el traslado, pero se sabe que son la mayoría. Otras tantas resisten en espera de que se resuelva el conflicto. Sin embargo, éste más que aclararse cada vez se agudiza. El día 25 de abril el gobierno destituyó a Mauricio Huenchulaf, director hasta entonces de la CONADI. Se argumentó mal manejo económico, pero estas razones resultan absolutamente inconvincentes para las organizaciones indígenas y ecológicas, justo a pocos días de que la CONAMA entregue su veredicto sobre Ralco. «Que la CONADI haya gastado 40 - 50 mil pesos más en viáticos es risible. Se dice también que se habrían pasado en 120 millones de pesos en compras de tierras indígenas, pero esto es sólo una cortina de humo, que lo único que busca es confundir a la opinión pública», afirma Orrego. Mauricio Huenchulaf se mantuvo hasta último momento firme en el sentido de que el proyecto Ralco es ilegal.

En su lugar el gobierno ha nombrado a Domingo Namuncura, pero desde un comienzo el Consejo Nacional de Conadi lo ha vetado. Desconfían de él por las circunstancias en que ha sido designado y porque hasta ahora se desempeñaba como asesor del Ministerio de Obras Públicas, que ya ha impulsado varios megaproyectos que atropellarían territorios indígenas. La dirección nacional de la CONADI ha exigido al gobierno el derecho a proponer sus propios candidatos. De hecho presentaron una lista con seis nombres alternativos, que para ellos son concidos y respetados. Sin embargo el gobierno ha ratificado a Namuncura y en Temuco el problema está ardiendo. Organizaciones indígenas, y por lo menos la mitad de los consejeros de la CONADI, se tomaron la sede nacional exigiendo la destitución de Namuncura. Otros pocos, los más confiados, esperan que este señor con una larga trayectoria ligada a los derechos humanos como director del Servicio de Paz y Justicia, Serpaj, respete la ley y se oponga a Ralco.

Para Sara Larraín, directora de Renace, la destitución de Huenchulaf tiene una connotación que sobrepasa el problema Ralco. «Nos estamos enfrentando a un gobierno que cuando la legislación le molesta para facilitar las inversiones, o bien la traspasa ilegalmente o destituye a los funcionarios para cambiar las decisiones y lograr lo que pretende. Esto es muy grave porque las dos legislaciones más importantes producidas durante el gobierno democrático (ley de bases del medio ambiente y ley indígena), son las dos leyes que están siendo desmanteladas por el gobierno. Entonces es muy claro, hay un paso atrás».

La situación es crítica. Si se autoriza el proyecto Ralco, significa que la ley indígena es letra muerta. Una ley que fue aprobada con la mayor participación de comunidades indígenas, cerca de dos mil, quedaría borrada por intereses económicos. Esto implica también que todos los acuerdos para respetar la cultura indígena,incluído el de Nueva Imperial firmado en 1989 por Aylwin y todos los partidos de la Concertación, en orden a valorar la diversidad cultural, y reconocer una deuda histórica de la sociedad y el Estado chileno para con los indígenas, quedarían en letra muerta (al respecto ver artículo «Los mapuches v/s el Estado Moderno», de Patricia Junge en esta misma Agora).

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