Perjuicios a la Economía por Violencia Etnica

Privados consideran que no cuentan con las garantías necesarias para desarrollar su actividad y advierten que los predios cercanos a comunidades mapuches sufren una devaluación.

Gobierno no descartó infiltración de grupos que propugnan enfrentamientos. Dirigentes indígenas rechazan cualquier motivación política.

Graves perjuicios económicos para el sector maderero y para la economía nacional denunciaron ayer representantes de la Corporación de la Madera (Corma), como consecuencia del "clima de violencia" generado ante las reiteradas acciones de grupos indígenas que reclaman la propiedad de terrenos donde actualmente funcionan empresas forestales.

Dado que el rubro está enfocado principalmente a la exportación, su eventual impacto en términos de ingresos de divisas sería considerable, pues representa el 11 % de las exportaciones chilenas totales.

Datos oficiales de la División de Estudios de la mencionada entidad destacan que la actividad forestal es el segundo sector económico más importante, después del cobre.

En 1998, las exportaciones forestales alcanzaron cerca de los US $ 800 millones, mientras que las exportaciones de celulosa y papel (derivados de la madera) llegaron a los US $ 960 millones.

A ello se suma la progresiva devaluación que están registrando los precios de las tierras aledañas a comunidades indígenas, según planteó ayer el vicepresidente de Corma, Fernando Raga, que dado el complejo escenario actual enfrentan problemas al momento de ser ofrecidas a eventuales interesados en adquirirlas.

Los enfrentamientos protagonizados en las cercanías de forestal Mininco por grupos mapuches han atemorizado a los empresarios del sector, se reconoció, quienes sienten que no están dadas las suficientes garantías de seguridad para desarrollar las faenas productivas de manera normal.

Por ello, han solicitado a Carabineros que la vigilancia en las cercanías de la forestal Mininco sea reforzada, como medida preventiva para evitar nuevos incendios e incidentes con violencia.

Asimismo, existe una petición formal al Gobierno para que intervenga en la situación, pues los empresarios madereros creen estar en medio de una pugna que no les corresponde, ya que, como enfatizó Raga, la opinión unánime de Corma es que "es evidente que tras todas estas acciones hay claramente intereses políticos".

La evaluación es que éste no es un problema de la etnia mapuche. "Aquí se trata de un pequeño grupo violentista -señaló el vicepresidente de la institución-. Se ve que hay toda una orquestación para hacer de esto un hecho político informativo".

Agregó que a pesar de la impresión que los últimos acontecimientos pueden haber dejado en la opinión sobre tensas relaciones entre los grupos indígenas y el empresariado, lo cierto es que la realidad es otra. De hecho, recalcó, muchos son los mapuches que laboran en las madereras, en una interacción que hasta la fecha ha sido buena".

Y en este contexto, se indicó, los empresarios forestales son las "víctimas" del Gobierno y de algunos grupos mapuches.

LA EVALUACION DEL GOBIERNO

La evaluación de las autoridades no difiere mucho de la esgrimida por el ámbito empresarial respecto de una posible injerencia externa.

Ayer, el Subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, aseveró que no se descarta la existencia de infiltrados dentro de algunos sectores de mapuches que habrían causado desórdenes en la IX Región.

"Nosotros no descartamos ninguna hipótesis - señaló-. Eso es lo correcto, eso es lo serio y en eso estamos trabajando. La ley está siendo aplicada", sostuvo, enfatizando, eso sí, que la situación no amerita acudir a la Ley de Seguridad del Estado.

Pickering indicó que le parece poco correcto estigmatizar a toda una etnia por un grupo de personas que, supuestamente, han prendido fuego a los bosques y se han tomado algunos campos.

Recordó que en Chile hoy existe una población cercana al millón de personas que son mapuches o con ancestros mapuches integradas plenamente a la vida nacional, según comentó. "Por lo que yo no haría de los mapuches un caso", comentó.

En su opinión, se está ante un problema específico, y en eso se está trabajando.

"INVITO A LOS SEÑORES DE CORMA"

Para los dirigentes indígenas, como Galvarino Raimán, de la Asociación Ñancucheo de Lumaco - institución que respalda el reclamo de tierras en manos de forestales-, quienes hablan de fines políticos tras la violencia desatada en tres comunidades de Traiguén desconocen la desesperación, pobreza y frustración que afecta a esas familias.

"Yo invito a los señores de Corma a convivir una semana lejos de sus escritorios en Santiago con las familias de Traiguén, declaró. De otra forma, siempre se dirá que hay fines políticos y subversivos, y nunca se asumirá la realidad que afecta al pueblo mapuche".

CIUDADANO FRANCES SERA EXPULSADO

Los mencionados hechos de violencia llegaron a su máxima gravedad el pasado viernes, cuando cerca de un centenar de mapuches pertenecientes a los grupos indígenas Antonio Niripil, Pantano y Didaido participaron en serios enfrentamientos con Carabineros, luego que los policías intervinieran para decomisar madera talada ilegalmente desde el predio ubicado en la comuna de Traiguén.

La acción culminó con 14 detenidos -13 mapuches y un ciudadano francés-, además de 14 carabineros heridos.

El mencionado extranjero, identificado como Arnold Fuentes, de 21 años -y quien fuera detenido por portar un arma ilegalmente-, será expulsado del país por el Ministerio del Interior, según confirmó el Intendente subrogante de la IX Región, Isaac Vergara, quien de paso anunció que el Ejecutivo solicitará al ministro en visita Archibaldo Loyola incorporar a sus investigaciones los sucesos registrados desde el viernes hasta ayer.

Este primer enfrentamiento con la policía se suma a otro hecho ocurrido el 14 de enero, cuando un grupo de mapuches emboscó a brigadistas de la empresa, resultando 14 de ellos heridos.

Según el balance de la Corma, desde el viernes a la fecha se han registrado cerca de 40 incendios en los alrededores de los terrenos de la mencionada forestal -con más de 700 hectáreas devastadas-, los que según los empresarios han sido causados por grupos de mapuches involucrados en los incidentes de la última semana.

Hay inquietud porque incluso los brigadistas de la firma que han concurrido a sofocar los focos incendiarios registrados durante el fin de semana han sido expulsados violentamente, incluso con la utilización de armas de fuego.

No obstante, hay otras unidades productivas afectadas por siniestros. De acuerdo al catastro entregado ayer por las firmas en la IX Región, aparte de la forestal Mininco, Bosques Arauco tiene 500 hectáreas destruidas en dos predios; la sucesión Stappug, 800 hectáreas de plantaciones de pino y siembras, y la Antofagasta, con 45 hectáreas de bosques quemados.

Ante este escenario, el sector privado recalca que la compra de terrenos realizada por las empresas se ha ajustado a los marcos legales vigentes, por lo que resulta difícil entender cuál es la culpa que deben pagar con las minorías étnicas.

"Lo único que nosotros queremos es que esto se investigue a fondo y se castigue hasta las últimas consecuencias a los instigadores de esto", subrayó.

COMBATEN INCENDIOS EN LA IX REGION

En tanto, según el despacho de la corresponsal María Angélica Venegas, desde Traiguén, varios incendios forestales han consumido más de mil 500 hectáreas de bosques -pertenecientes a empresas forestales- desde el viernes último en el sector rural de la IX Región.

Los siniestros habrían sido originados por grupos indígenas, en lo que se estima es la respuesta de grupos mapuches al operativo policial que el viernes último terminó en un violento enfrentamiento, según denunciaron empresas y particulares que poseen extensas plantaciones de eucaliptus y pinos en esta comuna.

Las madereras Mininco -principal afectada por los incidentes con los indígenas-, Bosques Arauco y Antofagasta, así como la sucesión Stappug, trabajan coordinadamente en la extinción de los focos de fuego y en la tarea sus brigadistas son apoyados por personal policial derivado a la zona desde Temuco. Sin embargo, les resulta imposible controlar las más de cinco mil hectáreas que comprenden sus propiedades, vecinas entre sí, y separadas sólo por cercos con las familias mapuches.

El sector donde se concentran los incendios se caracteriza por el follaje de los bosques que circundan polvorientos caminos interiores. Sólo lugareños reconocen los propios brigadistas, pueden desplazarse con total orientación por sus interiores.

Los focos de fuego se caracterizan por pequeñas quemas de pastizales que surgen sorpresivamente y en forma simultánea en cuatro y hasta diez puntos distintos.

Cinco helicópteros y nueve avionetas sobrevuelan Traiguén para detectar en forma oportuna nuevos incendios.

Estos hechos hacen, según Andrés Ovalle, gerente de Mininco IX Región, que sus autores se muevan por los fundos con total impunidad, pese a que en la zona del fundo Santa Rosa de Colpi hay más de 800 personas vinculadas a las forestales y más de un centenar de policías uniformados y civiles, que trabajan por detener a los incendiarios.

Ayer, el Intendente Vergara precisó que la autoridad esperará el resultado de los peritajes que se realizarán al helicóptero de la empresa Copters, que presta servicio a Mininco en el combate de incendios, para esclarecer el origen de los disparos, que, según denunció el piloto español Fernando Bocanegra, sufrió en vuelo el domingo.

El pasado 14 de enero, en un camino interior, se registró una violenta emboscada a dos vehículos forestales que culminó con ocho brigadistas gravemente heridos.

DETENIDOS EN RALCO

Desde la Octava Región se informó que a disposición del Juzgado de Letras de Santa Bárbara, provincia de Biobío, quedaron ayer los 28 detenidos, incluyendo una ciudadana española y un norteamericano, que participaron en los disturbios del jueves último en el Alto Biobío, y que culminaron con 8 lesionados.

En la oportunidad los manifestantes -entre los que había sólo cinco miembros de las 8 familias opositoras al proyecto- habían ocupado el camino Ralco-Lepoy a la altura del sector Palmucho, donde se construirá la obra de Endesa.

Carabineros también dio cuenta al III Juzgado Militar de Concepción por el delito de maltrato físico que afectó a 8 de sus funcionarios.

Pese a los procesos judiciales que los afectan, representantes de las 8 familias que rechazan el proyecto Ralco y que se niegan a permutar sus predios sostuvieron que sólo muertas las sacarán de sus tierras ancestrales.