Medida apunta a investigar recientes hechos ocurridos en Cañete, aunque no se ha resuelto aplicar la Ley de Seguridad Interior.

Dirigentes de tres comunidades mapuches de Traiguén descalificaron a Corporación de Desarrollo Indígena como interlocutor válido.

La Conadi adquirió ayer 767 hectáreas para comunidad vecina a fundo Lleu-Lleu, confirmó su director, Rodrigo González.
 

El Gobierno resolvió ayer solicitar un ministro en visita para investigar los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en Cañete, VIII Región - donde participaron más de 200 personas- , si bien hasta el momento no existe un pronunciamiento sobre la eventual aplicación de la Ley de Seguridad por este caso que se enmarca en el conflicto por tierras mapuches.

La información fue entregada por el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, quien agregó que se instruirá al intendente de la Octava Región, Martín Zilic, para que se haga parte de las querellas criminales que resulten.

En contraste con esto, en Temuco dirigentes y lonkos (jefes) de las tres comunidades mapuches que reclaman solución a sus demandas de tierras en Traiguén suspendieron sus negociaciones con el Gobierno al descalificar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) como interlocutor de sus peticiones ante el Ejecutivo.

Exigen, antes de retomar el diálogo, tratar directamente con los ministros de Hacienda y Mideplan, por ser autoridades que manejan y disponen de los recursos estatales, fijando como plazo para esperar una respuesta las 12 horas del próximo viernes.

Advirtieron que, de lo contrario, retomarán las movilizaciones y acciones organizadas de protesta en la zona.

Más allá de esto, el director de la Conadi, Rodrigo González - quien no se pronunció sobre lo anterior- , señaló ayer que la entidad finalizó una negociación para adquirir 767 hectáreas del fundo La Unión para la comunidad de Temulemu Grande, de Traiguén.

Dicha comunidad - cerca de 60 familias- es vecina a la denominada Antonio Ñiripil, que ha protagonizado recientemente hechos de violencia en la zona, y recibirán un predio cuyo valor aproximado es de mil millones de pesos.

Pickering reiteró, a su vez, la denuncia sobre la presencia de personas organizadas y ajenas a las comunidades mapuches que participaron en los hechos, tratando que "el Gobierno prácticamente declarara esta zona en estado de guerra, pero no le vamos a hacer el juego".

Junto a ello, destacó que el día anterior a los incidentes el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, visitó la zona, así como el diputado socialista Alejandro Navarro el día domingo, si bien no se pronunció respecto a la posibilidad de sindicar a dichas autoridades como instigadoras del saqueo a la hacienda de Lleu-Lleu.

En cuanto a declaraciones del parlamentario Navarro, respecto de que las mesas de negociación que se han entablado estarían quebradas, el subsecretario del Interior respondió que el diputado no ha hecho ninguna propuesta para solucionar el conflicto.

Pickering criticó que de cincuenta arrestados que ha habido por maltrato a Carabineros, sólo cuatro quedaban detenidos hasta el pasado lunes.

Puso como ejemplo a Aníbal Moisés Salazar, involucrado en el conflicto de Lleu-Lleu, quien tiene orden de arraigo de la Corte de Apelaciones de Temuco, por el incendio de tres camiones de las empresas forestales y que el día lunes fue puesto en libertad.

Acerca de la decisión tomada por la Corte Suprema de acoger el recurso de amparo en favor de Patricia Ballestero y Lee Pope, anulando su expulsión de Chile, Pickering manifestó que el Gobierno no comparte los fundamentos del fallo.

En la mañana de ayer, los diputados Eugenio Tuma y Alejandro Navarro concurrieron a La Moneda para entrevistarse con autoridades de Gobierno por el tema mapuche, y señalaron que están pidiendo el nombramiento de un ministro de Estado que se dedique especialmente al tema, con facultades especiales.

Navarro planteó que "se está trasladando un tema político hacia un ámbito judicial", al opinar frente a la decisión del Gobierno de pedir un ministro en visita, calificándolo como un acto de miopía política.

CUESTIONAN ATRIBUCIONES
REALES DE CONADI

Con lo declarado por los dirigentes mapuches en Temuco, el proceso de diálogo entre este grupo de mapuches - que representa a 1.500 indígenas- y la autoridad se extendió por sólo cinco días, período en el cual los mapuches - según dijeron sus voceros- pudieron percatarse de que Conadi sólo actuaría como un filtro a sus peticiones, sin posibilidades reales de resolverlas.

El abrupto cambio en la posición de los mapuches sorprendió ayer a funcionarios de la Conadi. Se estima, extraoficialmente, que dicha actitud obedecería más bien a la presión que estarían realizando grupos que apoyan las reclamaciones y que intentan prolongar artificialmente los conflictos.

En este sentido, se atribuye responsabilidad a la Coordinadora Mapuche Metropolitana, la misma cuyos integrantes tomaron parte en el saqueo a la Hacienda Lleu-Lleu, en Cañete, el domingo.

El lonko (jefe) de Temulemu, Huelchu Nahuencura, reconoció que las posibilidades de lograr una solución positiva para ellos se vieron reducidas cuando la Conadi intentó separar a las tres comunidades y analizar soluciones por separado, pese a que para deponer las movilizaciones se acordó que el tema de la tierra sería tratado en forma conjunta.

MAPUCHES ELABORARON
NUEVO CRONOGRAMA

El aspecto fundamental de los conflictos generados en Traiguén es la disputa de 58,4 hectáreas del fundo Santa Rosa de Colpi, de propiedad de Forestal Mininco. Sobre esa porción la comunidad de Temulemu afirma tener derecho y señala que un fallo de 1930, dictado por el entonces Tribunal de Indios, así lo reconocería. Hasta ahora tal documento no ha sido divulgado públicamente.

Ayer, el presidente de la Asociación Ñancucheo de Lumaco, Alfonso Raimán, dio a conocer un nuevo cronograma de trabajo, elaborado en conjunto con las comunidades en conflicto, en el cual exigen que la autoridad gestione ante Mininco el desistimiento de los cargos judiciales en contra de sus dirigentes.

También piden que se restituya el aserradero que destruyó Carabineros en el marco de un operativo policial el pasado 19 de febrero y que se cancelen los $ 500 mil que se extraviaron en el mismo procedimiento, al igual que dos ovejas, entre otras especies.

Desde Arauco, en tanto, se informó que las 19 comunidades indígenas de esa provincia de la Octava Región están divididas respecto de cómo enfocar sus demandas reivindicativas. Mientras un número importante busca negociar con Conadi, empresas forestales y particulares, otras se inclinan por las movilizaciones.

Es el caso de Antiquina-Lautaro, agrupación que la semana pasada llegó a un acuerdo con forestal Bosques Arauco para la venta de 589 hectáreas de un predio que estaba en disputa a través de la propia Conadi.

Distinta es la situación de la comunidad Pascual Coña - supuestamente involucrada en el saqueo de la hacienda Lleu-Lleu, ocurrido el domingo pasado- , cuyos integrantes están divididos.

Para las autoridades locales y los organismos de inteligencia de Carabineros, "es extremadamente sospechoso" que el ataque haya ocurrido tras una rogativa que se desarrollaba pacíficamente hasta las 16 horas del domingo, poco antes que el director regional de la Conadi, Luis Huincache, sostuviera una reunión con Pascual Coña para superar su división interna.

El análisis indica para los agentes externos - especialmente dirigentes mapuches de las regiones Novena y Metropolitana- , que buscan globalizar el conflicto indígena, que era una muy mala señal el acuerdo entre Bosques Arauco y Antiquina-Lautaro.

Prueba de ello sería que el saqueo ocurrió en un predio (Lleu-Lleu) lejano al que hasta ahora ha sido el conflicto emblemático de la Octava Región, la disputa por el fundo Cuyinco entre la sucesión Fren-Mariqueo y la propia forestal Bosques Arauco.

NEGOCIACION ES
POSIBLE CON FORESTALES

Fuentes de la Conadi reconocieron que las mayores dificultades en el tema de la adquisición de tierras para comunidades mapuches no se presentan con las empresas forestales, sino que están relacionadas con los propietarios de predios agrícolas y otros particulares.

Si bien los recientes conflictos podrían hacer pensar que los problemas para la compra de propiedades están asociados con las madereras, la Conadi señaló que las negociaciones más complejas no se dan con dicho rubro.

Así, mientras generalmente la Conadi puede llegar a concordar precios razonables con las forestales, frecuentemente son los agricultores y demás particulares los que alzan su demanda cuando ven que existe interés por adquirir sus terrenos.