En la "Pacificación de la Araucanía", los mapuches perdieron gran parte de un territorio que consideraban que les pertenecía. Las comunidades mapuches pueden reclamar el derecho a que les restituyan las tierras usurpadas por medios ilegítimos, pero este es un problema del Estado y no de los actuales propietarios, que adquirieron sus propiedades de acuerdo a la legislación vigente. Tercera en Internet, 31de Marzo de 1999 

 
 Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
 
OPINIóN EDITORIAL
31 de Marzo de 1999 
 
 
¿Quíenes son los responsables del conflicto mapuche? 
Las empresas forestales y el pueblo mapuche 


Cuando hay un problema que es responsabilidad de todos los chilenos y éste además es de difícil solución, se suele buscar un chivo expiatorio.

 Así, el país se exime de la culpa y no incurre en los costos que representa su solución. Esto es lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche.

 El problema es su situación de pobreza, derivada en parte de su falta de tierras aptas para la agricultura y déficit en su educación técnico profesional. En la "Pacificación de la Araucanía", los mapuches perdieron gran parte de un territorio que consideraban que les pertenecía.

 Posteriormente, muchos de ellos fueron víctimas de engaños por parte de "huincas" inescrupulosos que les quitaron parte de lo que el gobierno de la época les había dejado. Lamentablemente, es muy difícil hallar pruebas de estos hechos, y quienes adquieren posteriormente estos terrenos no tienen forma de saberlo. Durante más de cien años el Estado chileno no hizo nada por mejorar la situación del pueblo mapuche, tanto desde el punto de visto económico como el cultural.

 Algunos grupos de la etnia mapuche están llamando la atención por vías violentas, exigiendo la devolución de las tierras perdidas, las que en algunos casos son propiedad actual de empresas forestales. Las comunidades mapuches pueden reclamar el derecho a que les restituyan las tierras usurpadas por medios ilegítimos, pero este es un problema del Estado y no de los actuales propietarios, que adquirieron sus propiedades de acuerdo a la legislación vigente. Lo que de ningún modo pueden hacer es reclamar los bosques plantados en esas tierras, porque son fruto del esfuerzo invertido por otras personas durante muchos años, en suelos que les pertenecen legalmente.

 Hace pocos años se creó la Conadi, con el propósito de contribuir a resolver los problemas de las etnias aborígenes de Chile. Pero, sus propias autoridades reconocen hoy que han perdido credibilidad. Es cierto que es imposible resolver los problemas con los recursos y el escaso poder que se les ha otorgado, pero buscar en las empresas un "chivo expiatorio" no contribuirá en nada a mejorar su prestigio.

 Algunos grupos mapuches también han visto en las empresas forestales un blanco fácil para hacerlas responsables de sus problemas y eventualmente obligarlas a financiar su solución. Las empresas, tanto más grandes sean,son el candidato ideal para expiar las culpas sociales, pues pese a ser las principales generadoras de empleo y el motor de la economía moderna,son vistas con sospecha por tener fines de lucro.

 Las empresas forestales adquirieron las tierras hoy reclamadas, no mediante usurpación o engaño, sino pagando por ellas a propietarios legales y apegándose a todos los requisitos que la ley establece. Nadie osaría invertir a largo plazo plantando bosques en tierras cuyos títulos no estén debidamente saneados y la propiedad debidamente establecida. Si hay reclamaciones mapuches es porque se cuestionan resoluciones antiguas de la justicia y el Estado chileno. En todo caso, hay que reconocer que tanto el Gobierno como la mayoría de las comunidades mapuches están conscientes de ello.

 Las empresas forestales son acusadas de no beneficiar a los mapuches contratándalos en sus faenas y de no establecer un régimen de convivencia con ellos, a pesar, se dice, de haber recibido subsidios para establecer las plantaciones. Se pasa por alto el hecho de que las empresas forestales realizan sus faenas mediante empresas que les proveen servicios, y si éstas no han contratado una proporción significativa de mapuches es porque carecen de la capacitación adecuada.

 Consignemos también que las bonificaciones que durante veinte años entregó el Estado a quien plantara bosques estaban destinadas a cualquier persona o empresa, sin distinción de raza o tamaño, que tomara la decisión de invertir su esfuerzo, sabiendo que sólo sería retribuido veinte años más tarde, y sólo cubrían una pequeña parte de los costos involucrados en todo el ciclo forestal. Recordemos también que en ese período los privados invirtieron miles de millones de dólares en la actividad forestal, más de cincuenta veces el aporte estatal, el que fue recuperado luego a través de los impuestos a la actividad. La evaluación del subsidio a la plantación de bosques es económica y ambientalmente positiva, porque alentó la recuperación masiva de tierras erosionadas e impulsó una actividad económica que produce cientos de miles de puestos de trabajo y dinamiza la economía de varias regiones del sur de Chile.

 El aporte de las empresas con el país se expresa generado empleo,directamente o a través de las actividades asociadas, produciendo para cientos de miles de familias; generando divisas, y haciendo una millonaria contribución a las políticas sociales del Estado a través de los impuestos que paga su actividad productiva y exportadora. Además,muchas empresas contribuyen directamente apoyando escuelas y liceos en las zonas donde están sus bosques, para aumentar las oportunidades de futuro de sus habitantes.

 Pretender que sean algunos privados quienes financien la deuda que tiene el país con los chilenos mapuches no sólo es ilegítimo, sino que simplemente significa una buena excusa para continuar postergando por otros cien años la solución de sus problemas.

 * Antonio Grass es ingeniero civil industrial y consejero de la Corporación Chilena de la Madera.

 

 

La Tercera Internet 
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