Encapuchados Intentaron Quemar un Campamento 

TRAIGUEN (María Angélica Venegas).- Un frustrado atentado incendiario contra un campamento de la empresa forestal Mininco, protagonizado por supuestos mapuches encapuchados, dejó a un obrero herido de gravedad, luego que carabineros se enfrentara a los violentistas al interior del fundo Chorrillos, a unos 18 km al surponiente de esta localidad de la IX Región.

El ataque habría sido la presunta respuesta de las comunidades indígenas de Pantano, Didaico y Temulemu, a la decisión de la empresa de iniciar anticipadamente la cosecha de unas 400 hectáreas de pinos en un predio reivindicado por estas familias. Este nuevo y violento incidente se registró aproximadamente a las 9 horas de ayer al término de un "nguillatún" a unos 25 kilómetros de distancia, en Lumaco, iniciado el viernes último para elaborar una estrategía que evite la tala en el citado fundo.

El corte de pinos se realiza con la finalidad de evitar nuevos atentados incendiarios a los bosques de las empresas que se ubican en el sector rural de esta comuna, que han ocurrido en el presente verano.

El fundo Chorrillos, de más de 400 hectáreas, al igual que Santa Rosa de Colpi, EE.UU. y el Litre, todos de Mininco, están cerca entre sí y colindantes con comunidades indígenas. Son reclamados por unas 400 familias que tienen la convicción -según sus propias estimaciones- que las tierras les pertenecen, aunque legalmente sean de un tercero.

De acuerdo con el relato de los brigadistas, casi un centenar de supuestos indígenas aparecieron sorpresivamente con sus rostros cubiertos desde la ladera de un cerro ubicado en la parte superior de un campamento donde trabajan poco más de 80 brigadistas forestales. Sin mediar provocación, los desconocidos destaparon tres tambores con combustible para los vehículos de la empresa y los hicieron rodar cerro abajo, derramando petróleo en su caída.

Las intensas precipitaciones caídas ayer en toda la zona contribuyeron a que las llamas no se propagaran por los pastizales ni alcanzaran los recipientes con combustibles. Con fósforos y encendedores, los antisociales intentaron encender el combustible a fin de que las llamas alcanzaran dos grandes estanques de 30 mil litros cada uno de petróleo que estaban apostados al final de la colina.

Mientras estos acontecía, otros lugareños, entre los que había niños y mujeres, lanzaban piedras con hondas y boleadoras a los brigadistas que salieron a evitar el incendio, según relataron testigos.

Una de las pedradas alcanzó en un ojo a Humberto Guevara Fernández, trabajador agrícola contratado por Mininco, quien sufrió heridas de gravedad. El trabajador permanece internado en el hospital de Traiguén.

Un piquete de carabineros que desde el jueves último se encontraba apostado en el campamento a petición de la empresa reaccionó prestamente al incidente, lanzando gases lacrimógenos y disparando al aire a fin de ahuyentar al grupo de exaltados. Temiendo que la violencia continuara se solicitaron refuerzos a Traiguén, los que permanecerán las próximas horas custodiando las faenas forestales, ante la advertencia de los indígenas de volver durante la noche.

Andrés Ovalle, gerente de la IX Región de Mininco, dijo en el lugar que la empresa, pase lo que pase, no claudicará en sus derechos de explotar los bosques que le pertenecen, pese a la acción de violentistas, terroristas o unos pocos indígenas.

Durante la tarde no fue ubicable ningún dirigente de las comunidades aludidas y lugareños se mostraron reticentes a dialogar con foráneos. Más de 200 carabineros, gran parte de ellos de Fuerzas Especiales, custodian los 18 km que existen entre Traiguén y el campamento forestal, a fin de evitar atentados contra vehículos y maquinarias de la empresa. Por la noche, la policía uniformada efectuó estrictos controles vehiculares en toda la periferia de los fundos Chorrillos y Santa Rosa de Colpi.

En este último predio forestal, Mininco denunció que continúa la explotación ilegal de madera, e incluso se ha instalado un segundo aserradero clandestino en el lugar, donde el viernes 19 de febrero carabineros desbarató un microcentro de procesamiento de madera, instalado ilegalmente por comuneros mapuches.

En las próximas horas, Forestal Mininco entablará nuevas acciones judiciales que le permitan restablecer la legalidad y normalidad en sus propiedades ubicadas en Traiguén, único foco de conflicto que se registra en la región de la Araucanía.

Juan Pichún, hijo de Pascual, lonko de la comunidad indígena de Temulemu, declaró anoche que tras el "nguillatún" se acordó efectivamente concurrir al campamento forestal, pero no con el objetivo de provocar incidentes sino que a dialogar con los ejecutivos y solicitarles que dejaran de talar los bosques.

Sin embargo, afirmó que los obreros comenzaron a insultarlos con descalificativos racistas, lo cual los molestó y los hizo reaccionar. Reconoció que utilizaron sus boleadoras y volcaron un tambor, pero negó que hayan pretendido causar un siniestro.

En tanto, el corresponsal Patricio Gómez informó ayer desde Concepción que el intendente de la Octava Región, Martín Zilic, advirtió que será expulsado cualquier extranjero que sea sorprendido incitando a la violencia o realizando acciones de agitación en la zona. Reiteró que la medida aplicada a la española Patricia Ballestero y al norteamericano Lee Pope se fundamentó en la gravedad de los antecedentes entregados por los organismos policiales.

La expulsión de Ballesteros y Pope -que permanecen desde el miércoles de la semana pasada en dependencias de Investigaciones de Santiago-, se encuentra paralizada después que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera una orden de no innovar contenida dentro del recurso de amparo interpuesto en favor de ambos que presentaron el abogado Roberto Celedón y el presidente del Grupo de Acción por el Biobío, Juan Pablo Orrego.

La sala de verano del tribunal de alzada penquista, tras conocer el viernes los informes pedidos a Zilic, a Carabineros y al Juzgado de Letras de Santa Bárbara, dejó en acuerdo el fallo sobre el fondo del recurso de amparo y será conocido hoy.

El intendente confirmó que los organismos policiales investigan la participación de otros extranjeros que estarían actuando en la zona del Alto del Biobío bajo una supuesta solidaridad con las ocho familias pehuenches que rechazan la construcción de la central Ralco y que se niegan a firmar las permutas de tierras.

Zilic anticipó que en el transcurso de la semana espera recibir dichos informes y si éstos ameritan nuevas expulsiones, se aplicará todo el peso de la ley tanto a chilenos como a extranjeros que sean sorprendidos en actos de violencia. Detalló que la mayoría de las 400 familias pehuenches que viven en el Alto del Biobío aceptan el proyecto Ralco y sólo ocho lo rechazan.

Reconoció también que la situación de estas familias debe resolverla Endesa mediante una negociación directa con ellas. Advirtió que, de no haber acuerdo se tendrá que dilucidar el tema en los tribunales de justicia, lo que puede prolongar excesivamente una solución y tener impacto en el desarrollo del proyecto de la central Ralco, en cuanto a sus plazos de operación. "Le hemos dicho a Endesa que debieron haber negociado en mejores condiciones con los pehuenches del Alto Biobío. La prueba de ello es que hoy están ofreciendo mayores beneficios que hace tres años. Además, hubo una actitud poco diligente de la empresa eléctrica respecto a este asunto", precisó.

El plan de relocalización de Endesa tiene un costo superior a los 20 millones de dólares y contempla la entrega de 21 mil hectáreas pertenecientes a tres predios, en compensación a las 700 hectáreas de tierras de 91 familias que se verían inundadas por la represa.