Tras cuatro meses de diligencias policiales, el ministro en visita Julio César Grandón sometió a proceso a 11 mapuches de las comunas de Collipulli y Ercilla, como presuntos responsables de ataques incendiarios contra predios de forestal Mininco, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. La colaboración de testigos acogidos al beneficio de reserva de su identidad, que por primera vez se aplica en causas vinculadas con indígenas, resultó clave para avanzar en el proceso iniciado a partir del atentado incendiario que el 1 de agosto pasado afectó a la hacienda Rucañanco de Mininco, en Collipulli. Al abrirse un cuaderno separado del expediente, casi una decena de testigos han ofrecido su colaboración al juez instructor. Ello permitió que el viernes de la semana pasada se registrara una primera detención de mapuches, de los que sólo uno, identificado como Carlos Figueroa Cariqueo, fue enviado a prisión acusado de ser uno de los autores de los ataques incendiarios. Fuentes vinculadas a las investigaciones informaron que los antecedentes reunidos motivaron que se dispusiera un operativo conjunto de Carabineros e Investigaciones en la madrugada de ayer. En él tomaron parte cerca de medio centenar de policías, que con el apoyo de carros blindados procedieron a allanar las comunidades de Colihuica-Tori y Antonio Paillacoi, donde fueron detenidos diez lugareños. La identificación de los detenidos es la siguiente: Ariel Tori Linqueo, lonko o jefe de la comunidad, José Tori Prado, Juan Prado Catrileo, Emilio Levio Traipe, Octavio Milla Sepúlveda, Cristian Sandoval Paillacoi, Francisco Tori Prado, Joé Tori Ramírez, Juan Milla Lebu y Aucán Paillacoi.El Mercurio, 24 de diciembre de 1999
MIN. EN VISITA:
Juicio a 11 Mapuches Por Ley de Seguridad
Magistrado abrió cuaderno separado para recibir testimonios bajo beneficio de reserva de identidad.
TEMUCO (María Angélica Venegas).- Tras cuatro meses de diligencias policiales, el ministro en visita Julio César Grandón sometió a proceso a 11 mapuches de las comunas de Collipulli y Ercilla, como presuntos responsables de ataques incendiarios contra predios de forestal Mininco, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
La colaboración de testigos acogidos al beneficio de reserva de su identidad, que por primera vez se aplica en causas vinculadas con indígenas, resultó clave para avanzar en el proceso iniciado a partir del atentado incendiario que el 1 de agosto pasado afectó a la hacienda Rucañanco de Mininco, en Collipulli. En la oportunidad también fue quemada con bombas molotov maquinaria en otro fundo de la misma empresa ubicado en la comuna de Ercilla.
En el primero de estos hechos, Carabineros informó que un grupo de desconocidos, presuntamente vinculados al movimiento de reivindicación de tierras apoyado en la zona por la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, incendió dos casas patronales al interior del fundo Rucañanco, en la provincia de Malleco.
Se estima que en el incidente hubo premeditación, ya que el hecho ocurrió cuando indígenas y guardias forestales disputaban un partido de fútbol organizado por los primeros.
A diferencia de la treintena de causas que se tramita en tribunales de las regiones del Biobío y la Araucanía, que hasta la fecha no arrojan resultados, suscitando la molestia de los empresarios forestales locales, esta vez el ministro en visita abrió un cuaderno separado del expediente. En éste han sido recogidos los testimonios de vecinos que conocerían a los autores de los atentados contra los bienes de forestal Mininco.
Según reconocen los propios magistrados, uno de los mayores impedimentos para resolver los continuos actos de hostigamiento hacia las forestales radica en que quienes conocen datos acerca de sus autores temen ser víctimas de represalias, ya que conviven diariamente con los exaltados. Esto es aplicable tanto a los propios indígenas como a guardias de las empresas madereras.
A partir de la apertura del citado cuaderno casi una decena de testigos han ofrecido su colaboración al juez instructor. Ello permitió que el viernes de la semana pasada se registrara una primera detención de mapuches, de los que sólo uno, identificado como Carlos Figueroa Cariqueo, fue enviado a prisión acusado de ser uno de los autores de los ataques incendiarios. Los restantes fueron dejados en libertad bajo fianza.
Fuentes vinculadas a las investigaciones informaron que los antecedentes reunidos motivaron que se dispusiera un operativo conjunto de Carabineros e Investigaciones en la madrugada de ayer. En él tomaron parte cerca de medio centenar de policías, que con el apoyo de carros blindados procedieron a allanar las comunidades de Colihuica-Tori y Antonio Paillacoi, donde fueron detenidos diez lugareños.
La identificación de los detenidos es la siguiente: Ariel Tori Linqueo, lonko o jefe de la comunidad, José Tori Prado, Juan Prado Catrileo, Emilio Levio Traipe, Octavio Milla Sepúlveda, Cristian Sandoval Paillacoi, Francisco Tori Prado, Joé Tori Ramírez, Juan Milla Lebu y Aucán Paillacoi.
Fuentes de tribunales informaron que al menos dos de ellos podrían quedar en calidad de incomunicados, lo que hasta la tarde de ayer no había sido confirmado.
Rechazan Detenciones
El vocero de la organización Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf, manifestó su rechazo a la detención de los comuneros indígenas y advirtió que las reclamaciones de tierras son justas y forman parte de un proceso irreversible en el que los jóvenes tendrán un gran liderazgo."De alguna forma insistimos en hacernos un espacio para expresar el descontento que tenemos. Es una realidad que en el campo las familias mapuches tienen tan poca tierra que no les alcanza ni para criar un chancho", reclamó.
Ancalaf sostuvo que no es efectivo que la Coordinadora provoque acciones de violencia en contra de las forestales, sino que apoya a las comunidades que autónomamente han resuelto manifestarse por esa vía.
En fuentes del gobierno regional hubo satisfacción por el avance del proceso judicial. La asesora jurídica de la Intendencia, Vivian Brevis, afirmó que las autoridades siguen con atención las diligencias ordenadas por el magistrado antes de solicitar nuevas pesquisas.
