Los servicios de inteligencia de Carabineros están investigando para identificar la presunta existencia de infiltrados de grupos violentistas entre las comunidades indígenas. Rodrigo González, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, expresó que "el gobierno no da a este conflicto un enfoque policial, sino social y de desarrollo". Diario el Sur, 30 de Marzo de 1999

 Proyecto de Documentación Ñuke Mapu

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Martes 30 de Marzo de 1999

Investigan a infiltrados entre mapuches

Los servicios de inteligencia de Carabineros están investigando los incidentes ocurridos en las provincias de Arauco y Malleco, en las regiones Octava y Novena, para identificar la presunta existencia de infiltrados de grupos violentistas entre las comunidades indígenas.

Así lo informó ayer el intendente Martín Zilic, al ser consultado por denuncias de los propios mapuches, en los incendios intencionales que han afectado bienes de la hacienda Lleu-Lleu y de la Forestal Mininco.

Zilic afirmó que en el conflicto mapuche hay dos instancias reconocidas; las comunidades que reclaman tierras y un grupo violentista, que busca aprovecharse de la situación con fines políticos.

La autoridad regional descartó que un homicidio registrado ayer en Cañete, en que un agricultor fue ultimado de un disparo por dos hermanos mapuches, sea parte del conflicto indígena.

Carabineros informó que por la muerte de Rolando Chávez Jorquera, de 30 años, fueron detenidos los hermanos Javier y Héctor Millabur Antinao y puestos a disposición de la justicia. El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada en la localidad de San Ramón, 50 kilómetros al sur de Cañete, cerca de la hacienda Lleu-Lleu, luego de una riña en las cercanías de una cantina, donde los hombres habían estado bebiendo. El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, negó la existencia de alguna relación familiar con los inculpados.

En Concepción Rodrigo González, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, expresó que el gobierno insistirá en "crear todas las instancias de comunicación y diálogo que sean necesarias", para atender las necesidades sociales de las comunidades mapuches, incluyendo las peticiones de tierras.

"Una cosa distinta es que cuando ocurren hechos delictuales es que los tribunales tienen que intervenir para investigar esos hechos y determinar los culpables". González añadió que "el gobierno no da a este conflicto un enfoque policial, sino social y de desarrollo".
 


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