umento fue firmado por los presidentes regionales de la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, Hernán Ascuí; de la Cámara Chilena de la Construcción, Erwin Lagies; de la Asociación de Industriales Pesqueros, Jan Stengel; de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Biobío, Alberto Romero; y de la Cámara Marítima y Portuaria de Talcahuano, Manuel Castro. Enfatiza el comunicado, que el llamado del Gobierno representa además un negativo mensaje para la industrial forestal, considerada (por los empresarios) uno de los principales soportes del desarrollo económico de la zona sur de Chile, y porque inhibe futuras iniciativas de inversión de largo plazo para dichas localidades. Diario el Sur, 14 de Marzo de 1999 

 Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
 
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Domingo 14 de Marzo de 1999

Conflicto mapuche-forestal
Empresarios rechazan llamado del Gobierno

Organizaciones penquistas señalaron que el plan de venta de predios y suspensión de faenas atenta contra la producción forestal regional.

Como una "inquietante señal para el sector productivo regional", calificaron dirigentes empresariales penquistas el llamado del Gobierno y de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a que las empresas forestales "propongan un plan de venta de algunos predios de su propiedad y a realizar gestos como la detención del proceso de cosecha de las plantaciones".

En un comunicado enviado por los presidentes de las organizaciones empresariales más importantes de la zona, señalaron su preocupación en torno a los "serios incidentes de violencia que han protagonizado comunidades mapuches en la zona de Traiguén, Novena Región".

El documento fue firmado por los presidentes regionales de la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, Hernán Ascuí; de la Cámara Chilena de la Construcción, Erwin Lagies; de la Asociación de Industriales Pesqueros, Jan Stengel; de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Biobío, Alberto Romero; y de la Cámara Marítima y Portuaria de Talcahuano, Manuel Castro.

A juicio de los empresarios, el emplazamiento hecho por el Ministerio de Planificación Nacional y la Conadi constituye una preocupación para la producción de la zona "por cuanto implica la validación tácita de procedimientos de violencia que desconocen derechos constitucionales, como lo son la propiedad privada y la libre iniciativa económica".

Enfatiza el comunicado, que el llamado del Gobierno representa además un negativo mensaje para la industrial forestal, considerada (por los empresarios) uno de los principales soportes del desarrollo económico de la zona sur de Chile, y porque inhibe futuras iniciativas de inversión de largo plazo para dichas localidades.

Aseguraron que el clima de "incertidumbre e inestabilidad" que se ha generado en el ámbito forestal "compromete las legítimas expectativas de la propia comunidad local (indígena)", toda vez que el sector productivo no es la causa de la pobreza rural, sino uno de los "principales caminos para derrotarla".


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