El Estado No Tiene Tierras Para Mapuches de IX Región 

El Estado no dispone absolutamente de ninguna hectárea de terreno que pueda transferir a las comunidades indígenas de la IX Región para descomprimir el clima de tensión que se vive en la zona, precisó ayer la Ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, quien aseveró que la única vía de solución real es el Fondo de Tierras y Aguas creado en la Ley Indígena, la cual data de 1993. 

Sin embargo, los antecedentes oficiales entregados hace algunos días por la Corporación Nacional Indígena (Conadi), entidad que maneja el mencionado fondo, indican que el presupuesto con que cuenta esta instancia no es suficiente, por cuanto las reclamaciones de los pueblos autóctonos ascienden a 20.000 hectáreas en tanto que los recursos permitirán adquirir unas 7.000 durante el presente año. 

Tras la dictación de la Ley Indígena, Bienes Nacionales firmó en 1994 un convenio con la Conadi que precisa el mecanismo mediante el cual podrían ser traspasados terrenos fiscales a las familias mapuches. 

En la Región de La Araucanía, no obstante, esto es hoy una utopía porque prácticamente todos los predios de magnitud están en manos de particulares, en especial de empresas forestales, según explicó ayer la ministra Adriana Delpiano. 

En este escenario de litigios entre particulares, como es lo que sucede en Traiguén, Bienes Nacionales sencillamente no está facultada legalmente para intervenir, sólo la Conadi. 

El único instrumento jurídico que tiene el señalado ministerio cuando se trata de terrenos particulares es el Decreto Ley 2.695 que busca regularizar las ocupaciones de predios pequeños, es decir hijuelas, y favorecer a quienes han vivido en dichas propiedades por un mínimo de cinco años, siempre y cuando no existan reclamos de parte de sus dueños legítimos. 

No obstante el uso que se le ha dado en algunas situaciones vinculadas a las comunidades indígenas, en concreto se trata de una iniciativa de carácter general. 

"El saneamiento de títulos es lo único que hemos podido hacer en materia de terrenos particulares en relación al mundo indígena", señaló la secretaria de Estado. 

Hay, empero, condiciones bastante claras para este proceso, ya que aquellos ocupantes de predios menores que hayan utilizado la violencia quedan excluidos de toda posible solución, según las disposiciones vigentes. 

Más allá de sus limitaciones, a nivel de Bienes Nacionales evalúan positivamente la tarea que han desarrollado en materia de regularización de propiedades indígenas. En el período 1994-1998, las estadísticas revelan que hubo 1.700 familias beneficiadas, con un total de 48.000 hectáreas. 

De aquí al año 2000 el desafío no es menor: se trata de 400 familias, con un total de 12.000 hectáreas que serán traspasadas. 

TRANSFERENCIAS FISCALES 

Las transferencias hechas en virtud del convenio vigente, y que han sido factibles por existir disponibilidad de terrenos, se realizan a la Conadi, a fin de que sea esa repartición la que resuelva los habituales problemas que se producen, por ejemplo, cuando algunos habitantes de predios quieren títulos comunitarios, mientras otros aspiran a recibir títulos individuales. 

Específicamente en la IX Región, los datos oficiales consignan tres traspasos. El primero, del predio Romulhue, de 10,4 hectáreas, a la comunidad de Mulato Huenulef, en 1995. 

El segundo abarcó lotes del fundo Quinquén, en Lonquimay, que representaron 14.500 hectáreas y favorecieron a más de 120 familias pehuenches. Esto fue posible por la compra que el fisco hizo a la comunidad Galletué durante el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin. 

La tercera transferencia consignada está referida a 487 inmuebles fiscales por un total de 327 hectáreas en las comunas de Malleco y Cautín, y que correspondieron a cementerios indígenas y canchas de Guillatún. 

Más allá de las positivas evaluaciones oficiales, hay voces discrepantes. 

Ayer, por ejemplo, el Instituto Libertad y Desarrollo divulgó un estudio donde plantea que las medidas adoptadas por la autoridad no han sido suficientes para resolver la pobreza de las poblaciones indígenas, puesto que las políticas se basan en otorgar derechos de agua y tierras. 

Se concluye que la principal causa de los problemas que enfrenta dicha población en la actualidad radica en la Ley Indígena, porque limitaría el desarrollo de estos pueblos, impidiéndoles hacer uso de su derecho de propiedad. 

Para el sector privado, en tanto, la idea implementada en la última década de "forzar la existencia de una especie de propiedad comunitaria parecida a los antiguos asentamientos promovidos durante la Reforma Agraria también han fracasado", ya que desconoce el legítimo derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de la tierra en iguales condiciones que el resto de los chilenos, según sostuvo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Walter Riesco. 

En los últimos días, en tanto, han proliferado las declaraciones de parte de representantes de la Concertación que coinciden en atribuir al gobierno militar la responsabilidad de despojar de sus tierras a los mapuches, planteamiento que hace algunos días el candidato presidencial del bloque PS-PPD, Ricardo Lagos, hizo suyo durante un acto en el sur. 

La apreciación de que las 500.000 hectáreas pertenecientes a las comunidades a comienzos del régimen militar se habrían reducido a 300.000 al final de dicho mandato, fue ayer tajantemente refutada por el ex senador Sergio Onofre Jarpa, quien sostuvo que la situación fue al revés, ya que por la aplicación del decreto ley 2.588 de 1978 se dispuso la ampliación de las propiedades indígenas y se traspasaron extensos predios agrícolas y ganaderos que eran de propiedad fiscal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la ex Cora, Corfo y Conaf, incluyendo el fundo Ralco.