Manifestaciones indígenas frente a cárcel de Cañete, mientras alcalde de Tirúa llama a buscar medidas integrales para resolver elmproblema étnico.

 
Mario Aravena 

María Leonor Sanhueza, ministro en visita para los incidentes mapuches.  VICTOR MACHUCA     Rechazan diálogo  El vocero de la Coordinadora Mapuche de la Región Metropolitana, José Paillán, reiteró que no entablarán una mesa de diálogo con el Gobierno, mientras no se detenga la tala de bosques, no se libere a los detenidos, no se retiren los efectivos policiales, tanto civiles como uniformados,de la zona y no se reconozca como territorio indígena del Biobío al sur.  "Debiera existir otro acuerdo donde se nos respete, donde podamos hablar nuestro idioma y practicar un nguillatún sin que nadie nos persiga. No queremos hacer un país aparte, sino simplemente que nos respeten como personas", sentenció Paillán.  Además, negó las acusaciones formuladas que señalaban que al interior de las comunidades indígenas existían infiltrados o terroristas que los incitaban a realizar desórdenes o desmanes.  En ese punto explicó que la comunidad mapuche no requiere de personas ajenas a ellos, porque "nosotros también pensamos y sabemos organizarnos.  En nuestro pueblo existen personas profesionales, profesores, médicos y abogados que nos ayudan".

CAÑETE.- Dos de los tres indígenas detenidos en relación con los actos de violencia en la hacienda Lleu Lleu, al sur de Cañete el domingo 14 de marzo, fueron sometidos a proceso por la ministra en visita, María Leonor Sanhueza, quien se constituyó ayer por tercer día, en el tribunal de esta ciudad.

 La magistrada notificó del auto de procesamiento al agricultor Juan Meñaco Lincopi y a su hijo Luis Meñaco Santi, por su presunta participación en los hechos. En libertad por falta de méritos quedó el mapuche José Segundo Viluñir.

 El abogado Matías Coll, quien asumió la defensa de los inculpados, señaló que presentaría un recurso de reposición para conseguir la libertad de los procesados.

 El profesional indicó que hasta ahora, los únicos testigos en los hechos que han declarado en la causa, son un funcionario de Carabineros y dos trabajadores de la hacienda afectada. El abogado anunció que presentará a lo menos diez testimonios que afirman que los Meñaco no participaron en los incidentes, por hallarse lejos de ese lugar.

 Mientras los detenidos se mantenían al interior del tribunal, en las afueras del edificio numerosos indígenas y familiares manifestaron su malestar y protesta por la detención. Un dispositivo especial de seguridad resguardó el área cuando los procesados fueron llevados a la cárcel. Los manifestantes, con letreros, pancartas y gritos, marcharon hasta el recinto penitenciario, exigiendo su libertad.

ALCALDE DE TIRUA

 "Si actuamos con la lógica tradicional, a través de los tribunales, es seguro que este problema no será resuelto. Es necesario que el Estado tenga un nivel distinto de diálogo con el pueblo mapuche y no con comunidades parciales. Debe haber concesiones de todos lados", explicó.

 Coincidió con el presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Jorge Serón, que el recurso tierra es limitado y las tierras que reclaman los mapuches están en poder de las empresas forestales. "Es lógico pensar que también deben sentarse a la mesa las empresas forestales, ceder espacios y darle una solución definitiva",agregó.

 Millabur recordó que no sólo se trata de un problema de tierras, aunque ésta es su fundamento y su espiritualidad, sino de situaciones de mejoramiento de la calidad de vida indígena. "Culpando y encarcelando a la gente no se resuelve, sino sólo con un espíritu positivo. Las autoridades no pueden seguir siendo ignorantes respecto al tema y la ciudadanía debe tener una conciencia mayor para buscar una salida",precisó.

 Afirmó que lo ocurrido es "un grito de auxilio", ante la pobreza dura y difícil. "Cuando se cierran las puertas y el diálogo, el ser humano busca distintas formas para clamar solución", enfatizó.

 Concluyó que en la zona del lago Lleu Lleu hay 14 comunidades mapuches y el 40 por ciento de las tierras que fueron indígenas, hoy están en poder de las empresas forestales. "Fueron traspasadas casi gratis por la Corporación Nacional Forestal a las empresas. Ahí es posible que éstas concedan territorio, porque las faenas forestales pueden llevarlas a otro lado", puntualizó.