Admitió que ha tenido contacto con mapuches que se niegan a concurrir ante ministra en visita por hechos de Lleu Lleu.
 

Mario Aravena M. Eduardo Rossel F.
 

Cañete.- El tenso ambiente que envuelve a Cañete, luego del incendio de la hacienda Lleu Lleu y de la detención de varios miembros de las comunidades mapuches, se enrarece aún más con el constante sobrevuelo de un helicóptero de Carabineros.

 Tampoco contribuye a pacificar los ánimos la información atribuida al diputado Alejandro Navarro de que los otros miembros de la comunidad Pascual Coña, que tienen orden de detención pendiente, se sumergieron en la clandestinidad y buscaron refugio en la cordillera de Nahuelbuta.

 En conversación con La Tercera, Navarro negó haber aconsejado a los requeridos ocultarse -"No impulso la clandestinidad, sólo la constato" dijo-, sin embargo reconoció haber tenido contacto telefónico con los requeridos: "No me dijeron dónde estaban ni se los pregunté. Ellos están muy confundidos, no saben de qué se les acusa, si el propio Osvaldo Carvajal (dueño del fundo) dijo que no fueron los miembros de la Pascual Coña los que actuaron y no hay antecedentes que los vinculen a los hechos".

 El diputado, quien visitó ayer en la cárcel de Cañete a Luis Llanquilef, asesor del edil de Tirúa, Adolfo Millabur, señaló que un pool de abogados asumirá la defensa de los 12 indígenas requeridos. "Esperamos que ellos establezcan el motivo de la orden de detención". Sobre el arresto de Llanquilef, el diputado dijo que "es un intento para involucrar al alcalde Millabur en los hechos, por eso un grupo de abogados estudia los antecedentes para presentar acciones legales contra los voceros de Gobierno que lo han calificado de instigador".

 El diputado agregó que él sólo pretende "evitar una crisis de proporciones, pero en estas condiciones es imposible lograr una mesa de diálogo para buscar un nuevo trato con el pueblo mapuche".

 En cuanto a la comisión de alto nivel que impulsa el Gobierno y que será encabezada por el ministro de Planificación Germán Quintana, Navarro dijo que "él puede ser un buen interlocutor sólo si le dan facultades especiales y tiempo completo y no como una tarea más de Mideplan, que es un ministerio en extinción".
 
 

EMBESTIDA DEL GOBIERNO

 Agregaron que pronto darán a conocer las resoluciones tomadas en un ampliado de las comunidades de Temulemu, El Pantano y Didaico efectuado ayer para enfrentar "la arremetida del Gobierno y el permanente acoso de la policía".

 La magistrada Sanhueza se constituyó en la hacienda Lleu Lleu -cuyas dependencias fueron incendiadas el domingo el 14 de marzo al término de una rogativa mapuche- donde recogió antecedentes ayudada por personal técnico de Carabineros.

 La ministra, que regresó a las 15 horas al juzgado, tiene plazo hasta hoy para resolver la situación procesal de los indígenas Juan Meñaco Lincopi,de su hijo Luis Meñaco Santi y de José Segundo Viluñir, detenidos por su presunta participación en los hechos. Los tres continúan incomunicados,mientras que Llanquilef quedó en libre plática.

 Por su parte el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Germán Uribe, dijo que cuando una persona trata de no cumplir con los requerimientos del tribunal, "es aventurado calificarlo de entrar en la clandestinidad".

 El oficial señaló que en la zona hay un clima de "absoluta tranquilidad y está bajo el control de Carabineros, que mantiene un patrullaje permanente por la zona". Añadió que tenía "ordenes de detención contra 12 personas", pero descartó que entre ellas estuviera al alcalde Millabur.

 El general Uribe calificó como "falsas" las versiones de que se han cometido excesos en los allanamientos. "Las órdenes emitidas por la ministra se cumplen en estricto derecho. La fuerza que usa Carabineros es racional y está respaldada por la ley y la constitución".