Asonada Mapuche en Zona Forestal 

Gobierno proyecta establecer mesa de diálogo con comunidades y empresarios la próxima semana para controlar conflicto. 

Oficinas de Conadi en el centro de la capital fueron tomadas por un par de horas anoche por dirigentes de Federación Mapuche Urbana. 

TRAIGUEN (María Angélica Venegas).- Un violento enfrentamiento entre mapuches y carabineros dejó un saldo de 14 heridos -ocho de ellos policías- y once detenidos en la madrugada de ayer cerca de esta ciudad. 

La refriega promovida por los indígenas tuvo lugar en las inmediaciones del fundo Chorrillos, ubicado a 17 kilómetros al surponiente de Traiguén. 

En los últimos dos meses dicho sector se ha visto convulsionado por conflictos surgidos por reivindicaciones territoriales promovidos por grupos de esa etnia que reclaman derechos ancestrales sobre algunos predios. 

Esta vez, unos doscientos indígenas organizados en varios grupos de choque intentaron atacar el campamento forestal montado por la empresa Mininco, en el que se encontraba casi un centenar de trabajadores y una cincuentena de uniformados en permanente vigilancia, a petición de la propia forestal. 

Durante la tarde, el tema motivó una reunión especial en La Moneda, en la cual participaron los ministros del Interior, Raúl Troncoso, y de Planificación, Germán Quintana, como también el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, y el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González. 

En la ocasión, se ratificó lo acordado durante la mañana en el consejo de esta última entidad, en el sentido de propiciar las conversaciones entre los distintos actores -empresas forestales, mapuches y Gobierno- a través de una mesa de diálogo, que posiblemente se conformaría en los primeros días de la próxima semana. 

El incidente de ayer es el segundo que se registra en menos de una semana, pero el primero en el que toman parte en forma coordinada y muy bien organizada las cuatro principales comunidades mapuches que viven en las proximidades de fundos de empresas forestales en Traiguén. 

Los indígenas, pese a que en reiteradas ocasiones negaron su participación, ayer generaron más de una decena de incendios forestales menores, a su paso por las extensas superficies de pinos y eucaliptus. 

En Santiago, el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, afirmó que el Gobierno no permitirá que en la zona en conflicto se imponga la "ley de la selva". 

Por tal razón, indicó que se adoptarán todas las medidas tendientes a conseguir el sometimiento de brigadistas forestales y grupos indígenas a la Ley de Control de Armas. 

En el caso de los primeros, además se les sujetaría al régimen de guardias privados de seguridad. 

"No vamos a aceptar grupos de gente armada que persiga una especie de autotutela. Para eso está la fuerza pública, Carabineros, el Estado y no vamos a llegar aquí a la ley de la selva", enfatizó. 

Al hacer un análisis de lo que está ocurriendo en lugar y frente a las denuncias de que brigadistas forestales están controlando caminos en la zona de Traiguén, el personero manifestó que se han estado adoptando las medidas pertinentes desde que se tuvo conocimiento. 

Manifestó que estas brigadas forestales se fueron "desnaturalizando" desde su creación y hoy aparecen armadas. Asimismo, rechazó que grupos de personas vinculadas a los mapuches porten armamento también, por lo que fue enfático en indicar que a ambos se les aplicará la ley. 

Pickering indicó que "por el momento" el Gobierno no ha tomado la decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. 

FORESTAL NO DETENDRA SUS FAENAS 

Al evaluar este nuevo atentado contra la empresa, el gerente de Mininco IX Región, Andrés Ovalle, ratificó que la forestal no detendrá la explotación del fundo Chorrillos. Indicó que la empresa ya debió anticipar en 5 años la cosecha del predio por temor a nuevos atentados incendiarios, lo que ya es una grave alteración a su programa productivo. 

Pese a ello, autoridades de Gobierno señalaron en concreto que justamente uno de los gestos que se les pedirá a los privados es la suspensión al menos por ahora de dichas faenas. 

DISPONEN MEDIDAS ANTE CONFLICTO INDIGENA 

En el curso del encuentro en La Moneda, las autoridades reafirmaron el rol de la Conadi como el organismo destinado a canalizar el problema y focalizar las medidas, coordinando a su vez acciones con diversos ministerios y reparticiones. 

A la salida de la reunión, el ministro Quintana explicó que también se iniciará un proceso de evaluación de la legislación indígena, en la cual participarán tanto los parlamentarios como las etnias. 

Ello porque la ley actualmente vigente se considera como un instrumento perfectible, al tiempo que añadió que muchos de los programas del área no se pueden evaluar por ser nuevos. 

Esto se sumaría a un plan que haría público la próxima semana la Conadi, que contempla acciones concretas para aplicar en la zona en cuestión en aspectos tales como desempleo, sequía, compra de tierras y alimentación. 

Al mismo tiempo, Quintana manifestó que junto con los recursos presupuestarios que la Conadi tiene para la compra de tierras durante 1999, se estudiaría eventualmente la entrega de fondos adicionales. 

El secretario de Estado llamó a las empresas forestales a que no emprendan acciones que puedan eventualmente agudizar el conflicto existente. 

Puntualmente sobre lo ocurrido ayer en Traiguén, Quintana manifestó que ello responde a grupos focalizado que se deben aislar y que hacen pensar en la participación de agentes externos, pues la mayoría de las comunidades participan del proceso institucionalizado para la adquisición de tierras. 

CONADI PRETENDE REPOSICIONARSE 

Pese a la conflictiva situación vivida en el sur, ayer el consejo de la Conadi inició una de sus sesiones más normales en varios meses, ya que junto con no existir manifestaciones ni incidentes participaron en el encuentro tanto los representantes de las etnias como los gubernamentales. Este tranquilo panorama varió, eso sí, en la noche, cuando dirigentes indígenas efectuaron una toma pacífica de la Conadi. 

El único tema que abarcó la reunión -que se prolongó por casi cinco horas- fue los conflictos que se desarrollan en la zona sur, y la manera en que la Conadi se reposicionará en todo este tema. 

Ello porque la autocrítica a que se abocaron los 16 consejeros y el director de la entidad, Rodrigo González, apuntó justamente a la ausencia que ha tenido la Conadi en el clima de violencia de las últimas semanas. 

En esta línea, el subsecretario de Gobierno, Claudio Huepe -uno de los ocho representantes del Gobierno en el consejo- reconoció que la deslegitimación del organismo pasa en parte por los problemas internos que ha tenido y la excesiva dedicación a algunos tema (como Ralco). 

"Precisamente, gran parte del debate fue respecto a cómo relegitimamos la Conadi en el seno de las comunidades, y eso lo vamos a lograr en la medida que juguemos un rol activo en la renovación del diálogo entre las empresas forestales y los mapuches", añadió. 

El consejero mapuche José Queupuán indicó que la pérdida de credibilidad de la institución es generalizada y no es responsabilidad exclusiva de los representantes de las etnias, por lo que apuntaron la necesidad que la Conadi recupere la confianza que emanaba un tiempo atrás. 

Al respecto tanto los distintos consejeros como el propio González criticaron duramente el planteamiento realizado por algunos parlamentarios de la Concertación que propusieron crear nuevas instancias -como una comisión interministerial- para abordar la temática indígena, pues explicaron que justamente es la Conadi la que debe encargarse de dicha tarea. 

En esta línea, la idea es afrontar la problemática existente tanto con medidas coyunturales para frenar los episodios de violencia como con otras de más largo aliento. 

La principal acción que se implementaría en el corto plazo es la mencionada "mesa de diálogo" que reuniría tanto a los empresarios forestales como a los dirigentes mapuches y la Conadi. 

El diagnóstico de la situación que ayer consensuó el consejo señala que la mayor parte de la responsabilidad en el actual clima de beligerancia recae en las empresas forestales, que no han logrado establecer una sana convivencia con las familias mapuches. 

"Estas empresas en los últimos 25 años se han beneficiado de subsidios estatales que les han financiado un 75% de su inversión, pero no generan beneficios para las familias mapuches ni tienen un régimen de convivencia con las comunidades aledañas", apuntó el director de Conadi. 

Ante esta situación, González explicó que el Gobierno no tendrá un rol neutral ni de árbitro en este conflicto, pues quiere dar la señal que su preocupación es la protección y defensa de las comunidades frente a este actor empresarial al cual se le exigirá un rol social más activo. 

Por ello se les planteará a las forestales que sean capaces de hacer una oferta priorizada de predios forestales que eventualmente podrían vender. 

González minimizó la incidencia de la acción de ecologistas y extranjeros en los hechos de violencia, calificando al mismo tiempo de temerarias las afirmaciones en torno a supuestas infiltraciones que tendrían los mapuches y descartó que las comunidades tengan armas en su poder. 

Esto último hace que, a su juicio, no sea procedente aplicar la Ley de Seguridad, ya que en ningún momento este aspecto se ha visto amenazado por las acciones de los indígenas de la zona. 

Pese a los repetidos incidentes que en las últimas semanas protagonizaron algunas comunidades con las forestales y Carabineros, el director de la Conadi declinó calificar esto como un hecho masivo, e insistió en circunscribir todo a un solo predio. 

"Que ocurran todos los días enfrentamientos en un mismo fundo no involucra al conjunto de la zona forestal, sino que es una seguidilla de acciones que sólo afectan a un predio en particular", agregó. 

En la noche, los consejeros indígenas sostuvieron una reunión con el titular de Mideplan, Germán Quintana, en su oficina en la cual participaron también el subsecretario de la cartera, Antonio Lara, y Rodrigo González. 

Uno de los puntos que allí se abordó fue el cumplimiento de un protocolo que firmaron las autoridades gubernamentales con los representantes de las etnias en noviembre del año pasado, destinado a asegurar la gobernabilidad de la institución. 

TOMA EN CONADI DE SANTIAGO 

A partir de las 20 horas de ayer, dirigentes de la Federación Mapuche Urbana ocuparon durante dos horas la sede de la Conadi en Santiago, en protesta por la acción policial en los hechos ocurridos en Traiguén y en rechazo al director de la institución. Rodrigo González, a quien exigieron que deje el cargo por "no cumplir con la demanda de los indígenas". 

También emplazaron al Partido Socialista a que pida el alejamiento de González de su actual cargo. 

Tras emitir una declaración pública en la que manifiestan su apoyo a los indígenas detenidos, abandonaron pacíficamente la sede, sin necesidad de intervención policial. 

En tanto, los consejeros de Conadi, Beatriz Painequeo, José Santos Millao y José Queupuán afirmaron que esperan que la corporación sea respetada en su integridad, por lo que confían en que se cumpla el protocolo firmado en noviembre pasado con Mideplan, en el que se estipula según los consejeros que el organismo no volverá a ser intervenido, aludiendo a la salida de Domingo Namuncura.