Medida fue ratificada por la Corte de Apelaciones, por lo que la defensa accederá a esa información. Ministerio Público mostró preocupación por seguridad de testigos, pues ya otros han sufrido represalias.
Como una decisión que puede poner en riesgo la seguridad física y psíquica de los testigos protegidos, calificó ayer el Ministerio Público la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que ratificó una resolución del Tribunal de Garantía de Victoria. En ella, la jueza (s) Victoria Chacur, ordenó al fiscal Miguel Velásquez que revele a la defensa los nombres de las 16 personas que declararán "sin rostro" en el juicio contra nueve mapuches acusados por delitos terroristas y que aún se encuentra en etapa de preparación.Los mapuches están acusados de los delitos de asociación ilícita y homicidio frustrado, ambos terroristas, además de robo con intimidación, por el asalto a un peaje, quema de un camión y disparos a tres vehículos, registrados la noche del 10 al 11 de octubre de 2009 cerca de Victoria. Por ello, el fiscal Velásquez pidió penas que van desde 61 días a 26 años de cárcel.
Luego de la decisión del tribunal, el Ministerio Público puso un recurso de protección ante la Corte. Sin embargo, en un fallo dividido, ésta argumentó que "el desconocimiento de la identidad de los testigos puede afectar el legítimo derecho de defensa de los acusados, en cuanto impediría a los defensores interrogar acerca de la imparcialidad, credibilidad o idoneidad de aquéllos" en un procedimiento en que no hay contrainterrogación.
Al respecto, el ministro Julio César Grandón, quien votó porque no se revelaran los nombres, dijo que "es deber que tienen los jueces y organismos persecutores garantizar la debida protección o seguridad de víctimas y testigos, adoptando las medidas pertinentes para evitar atentados o amenazas a la integridad física, familiar o psíquica de aquéllos, en especial de los que tienen la calidad de testigos presenciales".
Tras el fallo de la Corte, la fiscalía no apeló y finalmente el tribunal entregó los nombres de los testigos a la defensa de los mapuches.
Ataques previos
El fiscal Velásquez declinó referirse a la decisión, pero desde el Ministerio Público se informó que se adoptaron medidas especiales de protección y seguridad de los testigos, ante el temor de que puedan sufrir algún tipo de represalias.
En el organismo se recordó que dos testigos protegidos por otro juicio similar -contra los autores del incendio del fundo Poluco-Pidenco en diciembre de 2001- fueron víctimas de atentados.
Ellos fueron Luis Lican Montoya, baleado en una de sus piernas, y Luis Queipo, víctima de un atentado incendiario en su casa el 23 de marzo pasado.
Ahora, el grupo deberá declarar sólo resguardado por un biombo, con distorsionadores de voz o caracterizaciones (peluca, bigote y lentes, entre otros). Pese a ello, sus nombres pueden ser dichos en la audiencia, por lo que se corre el riesgo que desistan de declarar por temor, explicaron en la fiscalía.
Mientras, Jaime Madariaga, uno de los siete abogados que defienden a los mapuches, dijo que la información permitirá "saber si (los testigos) tienen intereses personales o patrimoniales, incluso, para declarar en contra de nuestros representados (...) Ya no declaran con impunidad, puesto que si mienten, nosotros vamos a perseguirlos por el delito de falso testimonio. Esto no podíamos hacerlo porque su identidad era secreta".
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Cinco
causas por infracción a la Ley Antiterrorista deben llegar a juicio oral en la IX Región.
34
son los imputados por el Ministerio Público en estas cinco causas por delitos violentos.
20
son las ocasiones en que han sido suspendidas las audiencias de preparación de juicio oral en las cinco causas, por diversas peticiones de los abogados defensores de los imputados.
Ex guerrillera
A raíz de la decisión de levantar la reserva de identidad, el fiscal Miguel Velásquez comunicó este martes al tribunal que no presentará como testigo de contexto a la ex guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), individualizada sólo con las iniciales G.R.S. En principio debía declarar sobre el entrenamiento de mapuches en campamentos de esa organización subversiva.
La mujer, acogida al programa del gobierno colombiano de protección a guerrilleros desmovilizados, figura en el dossier enviado por la Fiscalía Nacional de ese país a su par chilena.
En esos documentos declara que le correspondió trasladar a Daniel Canío Trancal desde un poblado limítrofe de Ecuador al Frente "48", base de operaciones del abatido segundo hombre de las FARC, "Raúl Reyes".
De acuerdo a esas declaraciones, G.R.S. habría reconocido en un set de fotografías a Canío Trancal. Su testimonio, según el Ministerio Público, contextualizaba "la organización y adiestramiento paramilitar" que un grupo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) habría recibido en campamentos de guerrilleros colombianos en los años 2006 y 2008.
La decisión de no incorporar a la ex guerrillera en la lista de testigos -se informó- obedece a que su nombre quedaría expuesto a la misma resolución del tribunal y no se cumpliría el protocolo de protección a la que está acogida.
Iván Fredes