Los dirigentes de Aralar Jon Abril y Iosu Murgia, junto con el miembro del partido mapuche, Hector Cumilaf Huentemil, han denunciado ante el consulado chileno en Bilbao la situación de los presos mapuches, y han exigido la derogación de la Ley Antiterrorista promulgada por la dictadura militar

Ante la preocupación por los 31 presos políticos mapuches en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio en 5 cárceles chilenas, Aralar, encabezado por su vicecoordinador Jon Abril y el Coordinador de Bizkaia Iosu Murgia, ha acudido esta mañana al Consulado de Chile en Bilbao, junto con el miembro de Wallmapuwen, Hector Cumilaf Huentemil.
La mayoría de estos ciudadanos están siendo juzgados por la Ley antiterrorista, promulgada bajo la dictadura militar. En declaraciones de Jon Abril, "consideramos desproporcionada la aplicación de esta ley para los delitos por los que se les acusa a los procesados. Esta ley permite al sistema judicial chileno encarcelar a la ciudadanía durante largos periodos de detención preventiva; y permite, a su vez, el recurso de acudir a testigos sin identificación. Las legítimas dudas sobre la autenticidad de las declaraciones de estos testigos, tratándose además de procesos políticos, se ven reforzadas cuando se sabe que quienes se prestan a testificar de esa manera, reciben dinero por parte de la fiscalía".
Cumilaf ha criticado la Ley Antiterrorista. "Consideramos que esta ley contradice los derechos humanos fundamentales, y no podemos más que mostrar nuestra preocupación ante su aplicación exclusivamente a militantes mapuches. Esta cuestión nos preocupa de sobremanera, pues no podemos sino constatar que la ley es aplicada por el Estado de manera discriminatoria. A ello hay que añadir el doble juicio a que están siendo sometidos algunos detenidos, procesados por la justicia civil y militar en un mismo caso. Esta sorprendente compatibilidad, propia al régimen jurídico chileno pero incompatible con los principios democráticos más elementales, nos parece un ensañamiento destinado a contener por la intimidación la protesta social mapuche", señaló.
Abril ha recordado la situación que vive el escritor vasco Asel Luzarraga, en arresto domiciliario en la actualidad, y que será juzgado a partir del próximo 25 de agosto, enfrentándose a una petición de 5 años de cárcel por supuesta vinculación con atentados explosivos en el País Mapuche. "La muestra de solidaridad nunca puede ser castigada, y denunciamos la actitud del gobierno chileno por acallar cualquier muestra de solidaridad con el pueblo mapuche". Aralar ha anunciado que con el comienzo del curso presentará iniciativas en distintas instituciones.
En la carta presentada en el Consulado, Aralar ha solicitado que el gobierno chileno "atienda la demanda de los presos políticos mapuche: que no se le aplique la Ley antiterrorista en sus juicios; que no se les juzgue por la justicia militar; y que se ponga término a la militarización de las zonas con conflictos territoriales en Wallmapu. Instamos al gobierno chileno a derogar o modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, la Ley antiterrorista, así como a limitar el campo de la justicia militar, excluyendo de su ámbito de competencia el juzgar a civiles, tal como corresponde en un Estado de derecho".