Abogados de derechos humanos que patrocinan causas donde están involucrados mapuches aseguraron que la Fiscalía de la Novena región los persigue con el fin de intimidarlos o inhabilitarlos como defensores. El Observatorio Ciudadano recurrió a la Relatora Especial de la ONU para solicitar que intervenga ante al Gobierno por esta situación.
Abogados de derechos humanos denunciaron hostigamiento y acoso por parte de la Fiscalía de la región de la Araucanía debido a que han patrocinado defensas y recursos de protección a favor de presos políticos mapuche.Tal es el caso Karina Riquelme Viveros, abogada de la ONG Liberar, a quien se le acusa de “ejercicio ilegal de la profesión” por lo que habría sido una irregularidad de la municipalidad donde trabajaba tiempo atrás, que la habría ingresado como “abogada” cuando sólo era practicante y cumplía labores de gestión.
Lo casual es que la abogada, al día siguiente de su notificación debía alegar en el Tribunal de Garantía de Temuco defendiendo un recurso de protección interpuesto contra Carabineros y la PDI, lo que para Fernando Lira, presidente de Liberar, es una muestra del hostigamiento en su labor profesional.
“Como agrupación estamos denunciando un permanente hostigamiento a nuestros profesionales con intervenciones telefónicas, están siendo llamados a actuar como testigos en algunas causas, están siendo víctimas de seguimientos por parte de funcionarios de la policía. En este caso con la investigación que surge sin ninguna denuncia, sino con la intencionalidad de buscar algún elemento que pueda ser usado en contra de alguno de nuestros profesionales, incluso algunas actuaciones muy desafortunadas de fiscales en que se ha incurrido en ciertas amenazas verbales”, precisó el directivo de la ONG.
Lira indicó que este sería un intento por inhabilitar a la abogada en los próximos juicios donde defiende a comuneros mapuche. Así mismo, hizo presente que hace algunos años atrás otro abogado de la agrupación, Pablo Ortega Manosalva, fue objeto de intervenciones telefónicas, a solicitud del fiscal Paredes de Temuco, el mismo que inicia la investigación contra Karina Riquelme.
Por esta razón, el Observatorio Ciudadano hizo un llamado urgente a la Relatora Especial de la ONU por la situación que están viviendo los defensores de derechos humanos y la vulneración de sus garantías.
“Forma parte del proceso de criminalización de los grupos de derechos humanos. Efectivamente hicimos una comunicación a la Relatora especial de Naciones Unidas sobre defensora de derechos humanos y esperamos un comunicado de ella hacia el Gobierno instando a que el Ministerio Público ponga fin a este tipo de hostigamientos”, señaló José Alywin, co-director del organismo.
Por otra parte, el Observatorio Ciudadano y la ONG Liberar, junto a distintas organizaciones de la sociedad civil, realizaron una marcha en la ciudad de Temuco para exigir que el Gobierno dialogue y busque una respuesta efectiva a las demandas de los comuneros.
Otro de los abogados que manifestó haber sufrido situaciones irregulares en el ejercicio de su profesión respecto a la defensa de los pueblos originarios fue Jaime Madariaga, cuyo camión fue quemado luego de pedir el procesamiento de dos carabineros por agresión a una menor mapuche en una intervención de fuerzas especiales.
En este sentido el abogado, también presente en la “marcha ciudadana por la vida y el diálogo intercultural”, solidarizó con la abogada de Liberar y será parte activa de su defensa.
“Lo que está pasando con Karina Riquelme es una situación vergonzosa. Ella es una abogada joven que se está despejando su participación en los derechos humanos del pueblo mapuche. La fiscalía sin que exista ninguna denuncia de nadie empieza a investigar y pretender formalizarla, lo que es un absurdo, y quisiera que el Ministerio Público tuviera la misma iniciativa y acción, cuando hemos denunciado, por ejemplo al comando Tizano que amenazó a gente mapuche, pero cuando ocurrió eso se declararon incompetentes”, explico Madariaga.
La abogada sería formalizada el martes a las 12:30 en Osorno y se espera la reacción de agrupaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos para impedir lo que califican como “un verdadero abuso por parte de las fiscalías”.
Paula Correa