Cada día que pasa, los pueblos indígenas pierden territorios y esto tiene efectos devastadores. Los Defensores mapuche de la Tierra impulsan acciones para reclamar y ejercer sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales. En las zonas que rodean las actividades extractivas y los monocultivos se han elevado los niveles de violencia y la criminalización de quienes tratan de proteger sus territorios.
By Centro Ñuke Mapu Representaciones de organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, así como especialistas, han denunciado que los problemas en la implementación de la Ley Lafkenche se deben a fallas administrativas del Estado y no a su contenido. “El Estado debe solucionar sus deficiencias en lugar de intentar modificar una ley que protege nuestros territorios”
La reciente aprobación legislativa de la indicación del artículo 48, en el marco de las partidas presupuestarias, suspende el procedimiento de reconocimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) regulados por la Ley 20.249 o Ley Lafkenche, lo que ha generado un amplio rechazo nacional y preocupación de organismos internacionales.
Diversas comunidades indígenas y expertos han señalado que esta medida, impulsada por sectores de derecha, transgrede derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales, y pone en riesgo los compromisos de Chile en materia de derechos humanos.
La indicación, promovida en el Congreso por diputados de Renovación Nacional, fue declarada inicialmente inadmisible por la Mesa de la Cámara, pero posteriormente ratificada por la instancia y posteriormente en el Senado. Frente a esto, un grupo de 41 diputados y por otro de 14 senadores, presentaron requerimientos al Tribunal Constitucional argumentando que esta acción transgrede la Constitución Política y afecta “el uso consuetudinario de los espacios costeros por parte de las comunidades indígenas, vulnerando su reconocimiento histórico”.
La Ley Lafkenche, creada en 2008, surgió como una respuesta a las exclusiones de los pueblos originarios en la de la Ley de Pesca. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, esta normativa fue destacada internacionalmente. En su informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021, Chile la calificó como “un ejemplo de protección de los recursos y tradiciones indígenas”.
La actual indicación no es la única amenaza denunciada. Proyectos legislativos presentados por un grupo de senadores y diputados buscan modificar la normativa, existiendo cuatro iniciativas que se tramitan en ese sentido, lo que comunidades y expertos han calificado como intentos de debilitarla.
Representaciones de organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, así como especialistas, han denunciado que los problemas en la implementación de la Ley Lafkenche se deben a fallas administrativas del Estado y no a su contenido. “El Estado debe solucionar sus deficiencias en lugar de intentar modificar una ley que protege nuestros territorios”, reclamaron comunidades mapuche lafkenche en una reunión con el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, realizada en octubre de este 2024.
Frente a este escenario, comunidades y organizaciones han advertido que el Estado debe garantizar la progresividad de los derechos humanos y abstenerse de emitir actos legislativos que los restrinjan, retrocedan o eliminen, lo que podría poner a Chile en la vitrina internacional como violador de derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
En octubre de este 2024, el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con dirigentes Mapuche – Lafkenche de la comuna de Tirúa, litoral de la región del Biobío, quienes manifestaron su preocupación por la posible modificación de una ley que garantiza la preservación de la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y de las prácticas ancestrales respecto del espacio marino costero, citando como ejemplo la reciente aprobación del Espacio Costero Marino de Tirúa Centro y la elaboración por parte de la comunidad de un plan de manejo y administración, proceso presentado como una experiencia de relevancia para otros territorios donde coexisten Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, buzos mariscadores, trabajadores de caletas o pequeños puertos y otros actores, propiciando una visión de equilibrio ecológico, resguardo patrimonial y de uso sostenible de los recursos.
En respuesta a la inquietud de las comunidades y según comunicación oficial del organismo, el Representante de ONU Derechos Humanos reafirmó su compromiso con la promoción de un enfoque inclusivo y participativo en la toma de decisiones que afectan a los Pueblos Indígenas, al tiempo que valoró los acuerdos alcanzados con el Estado para la protección de sus territorios, incluidos los espacios costeros, el reconocimiento de su identidad y la garantía de sus derechos al desarrollo económico, social y cultural.
“Avances como la Ley Lafkenche representan un progreso significativo en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Convenio 169 de la OIT, entre otros tratados internacionales”, destacó Jarab.
También, el Representante expresó el compromiso de la Oficina para contribuir a que la legislación siga contribuyendo a alcanzar el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas en línea con los estándares internacionales y a prevenir posibles retrocesos.
Luego de recibir una serie de antecedentes el Comité de Derechos Humanos, en el marco de la evaluación al Estado chileno sobre el cumplimiento del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en abril de este 2024 dicha instancia emitió una serie de recomendaciones y aunque no especifica concretamente sobre la Ley Lafkenche, si sostuvo los peligros de no cumplir con los estándares internacionales, en especial con respecto a la consulta indígena.
En esta línea, comunidades y organizaciones han denunciado que los intentos por modificar la llamada Ley Lafkenche y la suspensión que se pretende de los Ecmpo con la indicación 48, no han cumplido con la obligación de consulta de conformidad al Convenio 169 y la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.
“El Comité lamenta que los pueblos indígenas, no estén siendo consultados en todas las medidas legislativas y administrativas que les afectan, ni de acuerdo con los estándares internacionales”, señala en uno de los puntos de las recomendaciones del Comité.
Invita asimismo al Estado chileno a: “Establecer un mecanismo efectivo de consulta y que éste se ajuste a los principios del Pacto, el Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros estándares internacionales, y garantice el consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas con respecto a todas las medidas que les afecten, en particular las decisiones relativas a proyectos de desarrollo”.
By Centro Ñuke Mapu El Gobierno nacional derogó la ley de emergencia territorial indígena. Comunidades y expertos advierten que podrían reactivarse 250 causas judiciales y que detrás se esconden los intereses de las mineras para aumentar la explotación.
By Centro Ñuke Mapu “Fuimos marginados del proceso de consulta, es una omisión inexplicable por parte del Estado, ilegal y arbitraria, pues excluye a una de las colectividades más afectadas, si no la que más, por la exploración, explotación y beneficio de litio en el salar de Coipasa”
Comunidad aymara de Ancovinto, que habita hace siglos Colchane, donde se ubica el salar de Coipasa –el quinto más grande del país–, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Iquique contra Minería y Bienes Nacionales, por “omisiones ilegales y arbitrarias” en consulta indígena.
La comunidad aymara de Ancovinto –que habita hace siglos Colchane, donde se halla el salar de Coipasa, el quinto más grande de Chile– presentó un recurso de protección en la Corte se Apelaciones de Iquique, contra los ministerios de Minería y de Desarrollo Social, por “graves errores” y “omisiones ilegales y arbitrarias” en el decreto que convoca la consulta indígena del Contrato Especial de Operación (CEOL) de litio en el salar. La acción judicial fue acogida el viernes pasado y en el mercado del litio aseguran que amenaza con detener faenas.
El recurso judicial de los aymaras de Colchane pone en jaque la consulta indígena por el Convenio 169 de la OIT, por la explotación de litio, y puede abrir un nuevo flanco político al Gobierno de Gabriel Boric, tal como le ocurrió a la administración del expresidente Piñera, en 2022, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió dos recursos de protección interpuestos por las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo en contra de los procesos de licitación de explotación de litio.
“Fuimos marginados del proceso de consulta, es una omisión inexplicable por parte del Estado, ilegal y arbitraria, pues excluye a una de las colectividades más afectadas, si no la que más, por la exploración, explotación y beneficio de litio en el salar de Coipasa”, advierten representantes aymaras de Colchane.
La denuncia de la comunidad aymara ya genera interés y debate en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados. La diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada, miembro de la instancia, afirma que “no haber considerado” a los aymaras del salar que recurrieron a la Corte “es una situación grave”, ya que excluye la opinión de pueblos originarios que habitan dicho salar.
“La exclusión es de la mayor gravedad, porque esto se ha hecho presente en todos los CEOL que se han levantado y analizado. Como ocurrió también en el salar de Atacama y donde se ha dicho, además, cómo es el impacto que se tiene en la intervención de los salares, y lo que afecta a las comunidades. Yo espero que se reponga, se regularice y no se tomen decisiones sin escucharlos, sin considerar su apreciación y lo que ellos consideran les impacta en las intervenciones para desarrollar extracción del litio”, señala la diputada.
Según repara, la población aymara se ve impactada no solo en su vida diaria, sino también en lo que afecta su entorno y el medio ambiente donde ellos viven y que es tan cercano a los salares donde se pretende desarrollar hoy la industria del litio.
El quinto salar más grande
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió a tramitación el recurso y otorgó 10 días de plazo a los demandados para informar sobre las situaciones denunciadas. Si bien el tribunal de alzada no ha aceptado la orden de no innovar, los demandantes pueden insistir en ella cuantas veces lo consideren necesario. Sin embargo, advierten que el proceso de consulta corre peligro, pues la sentencia definitiva puede invalidarlo completamente.
De acuerdo con los especialistas en el litio, el salar de Coipasa tiene una extensión de 2.218 km², 70 kilómetros de largo y formaría parte del triángulo de salares que concentra el 53% de los recursos de litio a nivel global. Situado a más de 3.850 metros de altitud, este ecosistema no solo alberga importantes reservas de litio y otros minerales, sino también una biodiversidad única, compuesta por flora y fauna adaptadas a sus extremas condiciones de salinidad y aridez.
Además, el salar de Coipasa desempeñaría un papel fundamental en la vida cultural y económica de las colectividades indígenas circundantes, incluida la comunidad de Ancovinto.
Un déjà vu del Gobierno de Piñera 2022
El recurso de protección de las comunidades aymaras de Colchane coloca un escollo complicado a la consulta indígena establecida por el Convenio 169 de la OIT. Ello, porque la acción legal puede interrumpir las operaciones mineras y alimentar una nueva controversia con La Moneda, mientras que el equipo de crisis de la Subsecretaría del Interior pasa por un incómodo momento.
Lo anterior parece ser un déjà vu de 2022. Es decir, un caso muy parecido a lo que ocurrió con la administración del expresidente Sebastián Piñera.
En ese año, la Tercera Sala de la Corte Suprema aceptó dos recursos de protección de las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo, que se oponían a los procesos de licitación para la explotación de litio, hasta que hubiera una consulta indígena a todos los pueblos afectados.
Tal como en su momento informó El Mostrador, la presentación indígena de 2022 generó un impacto internacional, donde se leyó un cuestionamiento a la legitimidad del proceso de licitación y explotación del litio. En ese caso en particular, saltarse en la consulta indígena a comunidades afectadas, implicó que el entonces Biministerio de Minería y Energía incumpliera el Convenio 169 de la OIT.
“Es un hecho histórico, inédito desde el punto de vista judicial y de la perspectiva de la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades atacameñas que la Corte Suprema acoja estos recursos, defienda a estas, les dé valor a sus derechos ancestrales y territoriales y en la defensa del salar de Atacama y, por lo tanto, suspenda los contratos, la licitación y la adjudicación”, expresó a El Mostrador el abogado patrocinador Gabriel Muñoz que aquel entonces.
La decisión de la Corte Suprema no solo fue un revés para el fallecido exmandatario. También fortaleció el movimiento por los derechos indígenas, debido a que la sentencia fue vista en sectores económicos y políticos como un reconocimiento a la importancia de la consulta y la participación activa en las comunidades en decisiones que tienen que ver con su territorio.
Asimismo, se puso en entredicho una estrategia de desarrollo de Piñera, donde la adjudicación de contratos de litio se alineaba con la estrategia del Gobierno para atraer inversión y desarrollar la economía. La sentencia de la Corte Suprema abrió el debate además sobre cómo equilibrar la inversión económica y el respeto a los derechos humanos de las comunidades autóctonas.
Copy-paste
El presidente de la comunidad de Ancovinto, Joel Gómez Mamani, agrega un dato curioso y de poca estética. Según sostienen en la comunidad, en el considerando 21 de la mencionada resolución, se señala, en su parte final, que uno de los fundamentos de la misma es el denominado estudio “Delimitación de territorios comunitarios y patrimoniales de la provincia de El Loa y patrones de ocupación” o estudio de Datadura, mandatado por Conadi en 1998, el cual identifica y caracteriza “la demanda territorial de las comunidades indígenas atacameñas y quechua de la provincia del Loa”.
El punto es que el salar de Coipasa está en la Región de Tarapacá y no en la de Antofagasta, por lo que resulta evidente para los denunciantes que se utilizó un estudio relativo a comunidades quechuas y atacameñas de la Región de Antofagasta. Por lo tanto, la inclusión de este estudio en el decreto, relativo a otros pueblos y a otro territorio que están absolutamente alejados de Coipasa, revela la reprochable conducta del copy-paste.
“La persona que redactó el decreto utilizó un formato anterior e incluyó este estudio, pues seguramente utilizó como base las resoluciones relativas a la consulta de los salares de la Región de Antofagasta, lo que revela una negligencia inexcusable, una culpa grave, una desidia y un descuido de marca mayor, a la hora de redactar el decreto”, sostiene un asesor de la comunidad.
Por: Carlos Saldivia
By Centro Ñuke Mapu Poseen varias generaciones de arraigo territorial en el Parque Nacional Los Alerces, sin embargo quieren sacarlos de allí. El principal objetivo es instalar proyectos lucrativos que tendrán un impacto negativo sobre el territorio, como la represa Futaleufú, que ya lograron instalar dentro del parque para el abastecimiento energético de la empresa privada Aluar, que inundó miles de hectáreas de bosque nativo y plantas medicinales.
Por Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir
Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu.
On Line desde 1994.
