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(foto1) Un proceso judicial complejo. Matizado con protestas y disputas entre indígenas, el gobierno y Endesa. Así se puede describir el litigio por la central hidroeléctrica Ralco, que se construye en el sector de Alto Biobío, en nuestra Octava Región y que finalizó esta semana cuando las cuatro últimas familias pehuenches firmaron un acuerdo para permutar sus tierras.
De esta forma, cada grupo familiar recibirá de Endesa 200 millones de pesos a modo de compensación económica y 77 hectáreas de terreno. En tanto, el gobierno se comprometió adquirir, a través del Fisco, mil 200 hectáreas del Fundo El Porvenir que serán traspasadas a los pehuenches, en calidad de afectados indirectos del proyecto Ralco.
El mega acuerdo económico-político deja el camino sin obstáculos para la concreción de la segunda hidroeléctrica en esa área y pone fin a casi una década de controversias legales.
-Abogado, ¿cómo califica este largo proceso judicial?
-Desde el punto de vista judicial es frustrante, porque hoy se sabe que existen irregularidades, se obtuvieron fallos que así lo declaran y también resoluciones administrativas, pero esa obra sigue adelante. Esto significa que en Chile no se respeta el estado de derecho, pues pese a haber resoluciones que declaran que el proyecto es nulo en su aprobación, éste continúa construyéndose. En cualquier país normal, las obras se paralizarían a la espera de una nueva resolución que revocara la nulidad.
-Pese al acuerdo ¿siguen sosteniendo la tesis de que la central Ralco no es ambientalmente sustentable?
-Por supuesto. Ralco es una aberración ambiental. Las familias que llegaron a un acuerdo económico no lo hicieron porque “anhelaban” este arreglo, sino más bien porque fueron obligadas a sentarse a negociar.
-Pero abogado, supongo que nadie las obligó a firmar.
-En Chile los hechos se imponen sobre el derecho. En este sentido, no se le podía pedir más a esas familias. Estaban agotadas y cansadas, por lo que es injusto acusarlas de que siempre pensaron en negociar o que buscaron un arreglo. No se les puede exigir a ellas que se inmolen en función de una causa. Por lo demás, es increíble el tiempo que resistieron abandonadas. Tenían a una gran transnacional en su contra, al sistema económico e incluso al Estado, con todo su aparato en contra.
Endesa y
el conflicto
-¿Quién fue el gran ganador con este acuerdo?
-El que más ganó fue Endesa. Pero, también las familias tuvieron una salida digna, que no fue la que esa empresa deseaba en un principio. Endesa había ofrecido sólo los 200 millones y en la práctica los demandantes obtuvieron mucho más que eso. Lograron terrenos para sus hijos y viviendas.
-El gerente general de Endesa señaló que ellos pagaron lo mismo que a las otras dos familias que antes habían firmado.
-Eso hay que leerlo entre líneas. Sin embargo, es falso que pagaron lo mismo que habían ofrecido. Si se hace un cálculo, este proceso significó que a cada familia le corresponden 200 millones de pesos y 77 hectáreas de terreno. Esos predios le costaron a Endesa unos dos millones y medio; más 300 millones adicionales que deberá entregar a una institución para impulsar un programa de desarrollo para los afectados. A eso se debe sumar otras 1.200 hectáreas del Fundo El Porvenir, que equivalen a 500 mil pesos cada una. Además de 20 viviendas, con un costo de 30 millones de pesos y pensiones para 9 familias por 34 millones de pesos en forma individual. O sea, ya se habla de un monto superior a los 3.000 millones de pesos.
-Pero de todas maneras les salió más barato, porque Uds. querían 10.000 millones.
-Las familias solicitaban 8.000 millones para todo un conjunto de beneficios. Entonces no es un fracaso, ya que es difícil que cuatro familias logren en una negociación sobre los 5 millones de dólares, teniendo en cuenta la posición jurídica en la que estaban.
-Pero sí es un fracaso el no haber logrado que Ralco se paralice y que hoy siga adelante.
-Es un revés, en el sentido que se concreta algo que ellos nunca quisieron y que además hayan sido casi obligados a negociar. Más grave aún es pensar que después los querían obligar a aceptar sólo lo que Endesa ofrecía.
-¿Por qué en la solución final tuvo que mediar el Estado si se supone que era un conflicto entre Endesa y particulares?
-Porque para el Estado también era un problema grave. Estamos seguros que iba a perder la demanda internacional que presentamos ante la OEA, lo cual significaba que el Estado chileno habría caído en incumplimiento. Lo que hay que preguntarse es por qué no fue capaz de presionar a Endesa para que ella aportara la totalidad de los recursos. Eso ocurre, porque en este país las transnacionales tienen más poder que el propio gobierno. Además, a Endesa no le interesaba terminar con el conflicto, todo lo contrario, apostaba a que se extendiera en el tiempo con el fin de negociar mejor en el sistema tarifario.
-A futuro se proyectan otras cinco centrales en el Alto Biobío, ¿cuál cree que será el escenario que se va dar aquí?
-Endesa no tiene derechos de agua para hacer más centrales, porque lo solicitó y la comisión antimonopolio le negó nuevos derechos. Por lo tanto, veo difícil que esa empresa lo haga, sin embargo otra generadora puede materializarlo. Aunque gran parte de esas tierras ya no son habitadas por indígenas, igual se causará un daño ecológico importante. Entonces no sé lo que va a ocurrir... Pero si se concretan, habrá nuevamente un conflicto.
-¿Cuánto reciben los abogados por un proceso que finalizó luego de siete años, donde hay sumas tan altas involucradas?
-Eso no se lo puedo señalar.
-Se dice que es alrededor de un 10 por ciento de los montos...
-No...
Demanda contra el Estado
-¿Qué ocurre con las acciones legales que continúan en tribunales?
-Este acuerdo resuelve sólo uno de los puntos en conflicto. Se debe tener en cuenta que es la solución económica para las familias en litigio. Pero ellas también han pedido otros bienes para la comunidad y para el pueblo mapuche-pehuenche de esa zona. Esto involucra la creación de la comuna de Alto Biobío, que el gobierno impulse el tema del reconocimiento constitucional, lo que está haciendo y que se asegure el acceso a la reserva Ralco y en un futuro poder coadministrarla. Además, que una parte del Fundo El Barco se convierta en reserva forestal y que tengan acceso a las veranadas.
-O sea que los conflictos judiciales están lejos de terminar…
-Una vez que esté acordado el paquete completo de beneficios y peticiones, tanto con Endesa como con el gobierno, y también afinar los términos de las permutas, podemos desistirnos de las acciones legales. Eso va a depender de los avances que se tengan con el gobierno. Pero, lo que está claro son los términos que negociamos con Endesa.
-¿Qué va a ocurrir con la demanda que Uds. presentaron ante la Comisión Internacional de la OEA?
-Una vez que se llegue a un completo acuerdo, el Estado chileno y las familias demandantes deberán presentar este pacto como solución amistosa, de manera que esa instancia lo ratifique y que además sirva de garante para que lo acordado se cumpla.
Historia de un conflicto judicial
A principios de la década de los ´90, Endesa inició el desarrollo de la central hidroléctrica Pangue, en el sector de Alto Biobío. Como contraparte a este proyecto nació el Grupo de Acción por el Bío-Bío (Gabb) -liderado por Juan Pablo Orrego- con el objeto de proteger el patrimonio ambiental de esa zona y que, sostienen, se vería afectado por la construcción de esa represa.
Los ecologistas incorporan a su discurso la defensa de los derechos de los pueblos originarios que habitaban en el sector. En 1992 se inició una batalla legal contra Pangue. Los abogados Alex Quevedo y Fernando Dougnac en defensa de los pehuenches presentan un recurso de protección, que fue rechazado por la Corte Suprema. Pangue logró construirse.
En 1996, comienzó la lucha judicial por detener una nueva central: Ralco. Un año más tarde se interpuso una demanda por vicios de nulidad en los permisos ambientales otorgados por Conama, la que puso en entredicho la ejecución del proyecto.
Posteriormente, apoyados con asesores en Washington y expertos en derecho internacional, las familias pehuenches presentaron una demanda en contra del Estado chileno ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. La acción legal aún se encuentra radicada en esa instancia, sin embargo, producto del reciente acuerdo deberá dejarse sin efecto.
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