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Un proceso judicial complejo. Matizado con protestas y disputas entre
indígenas, el gobierno y Endesa. Así se puede describir el litigio por
la central hidroeléctrica Ralco, que se construye en el sector de Alto
Biobío, en nuestra Octava Región y que finalizó esta semana cuando las
cuatro últimas familias pehuenches firmaron un acuerdo para permutar
sus tierras.
De esta forma, cada grupo familiar recibirá
de Endesa 200 millones de pesos a modo de compensación económica y 77
hectáreas de terreno. En tanto, el gobierno se comprometió adquirir,
a través del Fisco, mil 200 hectáreas del Fundo El Porvenir que serán
traspasadas a los pehuenches, en calidad de afectados indirectos del
proyecto Ralco.
El mega acuerdo económico-político deja
el camino sin obstáculos para la concreción de la segunda hidroeléctrica
en esa área y pone fin a casi una década de controversias legales.
-Abogado, ¿cómo califica este largo proceso
judicial?
-Desde el punto de vista judicial es
frustrante, porque hoy se sabe que existen irregularidades, se obtuvieron
fallos que así lo declaran y también resoluciones administrativas, pero
esa obra sigue adelante. Esto significa que en Chile no se respeta el
estado de derecho, pues pese a haber resoluciones que declaran que el
proyecto es nulo en su aprobación, éste continúa construyéndose. En
cualquier país normal, las obras se paralizarían a la espera de una
nueva resolución que revocara la nulidad.
-Pese al acuerdo ¿siguen sosteniendo
la tesis de que la central Ralco no es ambientalmente sustentable?
-Por supuesto. Ralco es una aberración
ambiental. Las familias que llegaron a un acuerdo económico no lo hicieron
porque “anhelaban” este arreglo, sino más bien porque fueron obligadas
a sentarse a negociar.
-Pero abogado, supongo que nadie las
obligó a firmar.
-En Chile los hechos se imponen sobre
el derecho. En este sentido, no se le podía pedir más a esas familias.
Estaban agotadas y cansadas, por lo que es injusto acusarlas de que
siempre pensaron en negociar o que buscaron un arreglo. No se les puede
exigir a ellas que se inmolen en función de una causa. Por lo demás,
es increíble el tiempo que resistieron abandonadas. Tenían a una gran
transnacional en su contra, al sistema económico e incluso al Estado,
con todo su aparato en contra.
Endesa y
el conflicto
-¿Quién fue el gran ganador con este
acuerdo?
-El que más ganó fue Endesa. Pero, también
las familias tuvieron una salida digna, que no fue la que esa empresa
deseaba en un principio. Endesa había ofrecido sólo los 200 millones
y en la práctica los demandantes obtuvieron mucho más que eso. Lograron
terrenos para sus hijos y viviendas.
-El gerente general de Endesa señaló
que ellos pagaron lo mismo que a las otras dos familias que antes habían
firmado.
-Eso hay que leerlo entre líneas. Sin
embargo, es falso que pagaron lo mismo que habían ofrecido. Si se hace
un cálculo, este proceso significó que a cada familia le corresponden
200 millones de pesos y 77 hectáreas de terreno. Esos predios le costaron
a Endesa unos dos millones y medio; más 300 millones adicionales que
deberá entregar a una institución para impulsar un programa de desarrollo
para los afectados. A eso se debe sumar otras 1.200 hectáreas del Fundo
El Porvenir, que equivalen a 500 mil pesos cada una. Además de 20 viviendas,
con un costo de 30 millones de pesos y pensiones para 9 familias por
34 millones de pesos en forma individual. O sea, ya se habla de un monto
superior a los 3.000 millones de pesos.
-Pero de todas maneras les salió más
barato, porque Uds. querían 10.000 millones.
-Las familias solicitaban 8.000 millones
para todo un conjunto de beneficios. Entonces no es un fracaso, ya que
es difícil que cuatro familias logren en una negociación sobre los 5
millones de dólares, teniendo en cuenta la posición jurídica en la que
estaban.
-Pero sí es un fracaso el no haber logrado
que Ralco se paralice y que hoy siga adelante.
-Es un revés, en el sentido que se concreta
algo que ellos nunca quisieron y que además hayan sido casi obligados
a negociar. Más grave aún es pensar que después los querían obligar
a aceptar sólo lo que Endesa ofrecía.
-¿Por qué en la solución final tuvo que
mediar el Estado si se supone que era un conflicto entre Endesa y particulares?
-Porque para el Estado también era un
problema grave. Estamos seguros que iba a perder la demanda internacional
que presentamos ante la OEA, lo cual significaba que el Estado chileno
habría caído en incumplimiento. Lo que hay que preguntarse es por qué
no fue capaz de presionar a Endesa para que ella aportara la totalidad
de los recursos. Eso ocurre, porque en este país las transnacionales
tienen más poder que el propio gobierno. Además, a Endesa no le interesaba
terminar con el conflicto, todo lo contrario, apostaba a que se extendiera
en el tiempo con el fin de negociar mejor en el sistema tarifario.
-A futuro se proyectan otras cinco centrales
en el Alto Biobío, ¿cuál cree que será el escenario que se va dar aquí?
-Endesa no tiene derechos de agua para
hacer más centrales, porque lo solicitó y la comisión antimonopolio
le negó nuevos derechos. Por lo tanto, veo difícil que esa empresa lo
haga, sin embargo otra generadora puede materializarlo. Aunque gran
parte de esas tierras ya no son habitadas por indígenas, igual se causará
un daño ecológico importante. Entonces no sé lo que va a ocurrir...
Pero si se concretan, habrá nuevamente un conflicto.
-¿Cuánto reciben los abogados por un
proceso que finalizó luego de siete años, donde hay sumas tan altas
involucradas?
-Eso no se lo puedo señalar.
-Se dice que es alrededor de un 10 por
ciento de los montos...
-No...
Demanda contra el Estado
-¿Qué ocurre con las acciones legales
que continúan en tribunales?
-Este acuerdo resuelve sólo uno de los
puntos en conflicto. Se debe tener en cuenta que es la solución económica
para las familias en litigio. Pero ellas también han pedido otros bienes
para la comunidad y para el pueblo mapuche-pehuenche de esa zona. Esto
involucra la creación de la comuna de Alto Biobío, que el gobierno impulse
el tema del reconocimiento constitucional, lo que está haciendo y que
se asegure el acceso a la reserva Ralco y en un futuro poder coadministrarla.
Además, que una parte del Fundo El Barco se convierta en reserva forestal
y que tengan acceso a las veranadas.
-O sea que los conflictos judiciales
están lejos de terminar…
-Una vez que esté acordado el paquete
completo de beneficios y peticiones, tanto con Endesa como con el gobierno,
y también afinar los términos de las permutas, podemos desistirnos de
las acciones legales. Eso va a depender de los avances que se tengan
con el gobierno. Pero, lo que está claro son los términos que negociamos
con Endesa.
-¿Qué va a ocurrir con la demanda que
Uds. presentaron ante la Comisión Internacional de la OEA?
-Una vez que se llegue a un completo
acuerdo, el Estado chileno y las familias demandantes deberán presentar
este pacto como solución amistosa, de manera que esa instancia lo ratifique
y que además sirva de garante para que lo acordado se cumpla.
Historia de un conflicto judicial
A principios de la década de los ´90,
Endesa inició el desarrollo de la central hidroléctrica Pangue, en el
sector de Alto Biobío. Como contraparte a este proyecto nació el Grupo
de Acción por el Bío-Bío (Gabb) -liderado por Juan Pablo Orrego- con
el objeto de proteger el patrimonio ambiental de esa zona y que, sostienen,
se vería afectado por la construcción de esa represa.
Los ecologistas incorporan a su discurso
la defensa de los derechos de los pueblos originarios que habitaban
en el sector. En 1992 se inició una batalla legal contra Pangue. Los
abogados Alex Quevedo y Fernando Dougnac en defensa de los pehuenches
presentan un recurso de protección, que fue rechazado por la Corte Suprema.
Pangue logró construirse.
En 1996, comienzó la lucha judicial por
detener una nueva central: Ralco. Un año más tarde se interpuso una
demanda por vicios de nulidad en los permisos ambientales otorgados
por Conama, la que puso en entredicho la ejecución del proyecto.
Posteriormente, apoyados con asesores
en Washington y expertos en derecho internacional, las familias pehuenches
presentaron una demanda en contra del Estado chileno ante la Comisión
Internacional de Derechos Humanos de la OEA. La acción legal aún se
encuentra radicada en esa instancia, sin embargo, producto del reciente
acuerdo deberá dejarse sin efecto. |
