En desacuerdo partieron a Washington los representantes de los pehuenches y del Gobierno. Retornaron con más tiempo entre manos para tratar de limar asperezas y afinar un acuerdo que dé una solución satisfactoria. En la foto, Berta Quintremán y el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, coordinador de política indígena del Gobierno. A la derecha, la construcción de la central Ralco. Foto:Claudio Cánovas

Aunque los pehuenches aseguran que la solución no es de más o menos plata, sus

elevadas demandas económicas estarían impidiendo una solución integral. La incógnita es si servirá el compromiso de última hora, suscrito en Washington, que da otros 60 días de plazo para un acuerdo definitivo.

PILAR ESPINOSA

Hay que tratar de terminar bien algo que no partió bien y que no siempre se hizo de la mejor forma.

Lo dijo hace sólo veinte días el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, al iniciar una ronda de urgentes encuentros para alcanzar una solución amistosa con los pehuenches que aún rechazan la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en Alto Biobío.

El Gobierno, con las palabras de Andrade, Coordinador de Políticas Indígenas, admitía los errores cometidos durante el largo y agotador conflicto. Y en un escueto comunicado, suscrito por las partes, hubo un compromiso de buscar una fórmula para que no se repitan los errores de procedimiento asociados al proyecto Ralco.

Tales afirmaciones fueron interpretadas como un reconocimiento de los errores, reafirmando la postura de las cuatro familias que persisten en la búsqueda no sólo de una reparación material satisfactoria, sino también una salida digna para toda la causa mapuche-pehuenche.

Lo que se busca es una solución que compatibilice el impacto a las familias afectadas con un acuerdo que tenga una dimensión política, en el entendido de que es un caso emblemático de la causa indígena, aseguró Andrade, cuyos esfuerzos por alcanzar un acuerdo fueron reconocidos por los pehuenches, pese a no haber tenido éxito.

Ese mismo día, Berta Quintremán Calpán, Aurelia Marihuán Mora, Rosario y Mercedes Huenteao Beroíza, se pararon más firmes y seguras que nunca.

Tal vez porque ya habían logrado colocar al Estado en incómoda posición al llevarlo a un tribunal internacional para enfrentar cargos, sensibles como nunca ante la opinión pública mundial: denegación de justicia y atropello a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Fundamentos sólidos

Según el abogado Roberto Celedón, la denuncia interpuesta por los mapuches el 10 de diciembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tiene fundamentos sólidos: incapacidad de los poderes públicos para resolver el conflicto y una interminable sucesión de irregularidades, errores, atropellos y abusos contra los pehuenches.

Y no sólo eso, según el jurista. También hay resoluciones que olvidaron la Ley Indígena, 19.253, promulgada con bombos y platillos en 1993 por Patricio Aylwin, el primer presidente de la Concertación, al forzar la permuta de tierras protegidas por este cuerpo legal.

El reclamo fue acogido y se concedió al Gobierno un plazo de 60 días para entregar un informe de la situación, acordándose intentar una salida amistosa, que tras tres prolongadas reuniones en Concepción y Los Angeles, terminó en fracaso.

Ello pese a la reconocida buena disposición del Gobierno. Éste no rechazó ninguna de las demandas políticas planteadas aunque, varias de ellas, no dependa sólo de sus buenas intenciones resolver por cuanto son de índole legal o judicial y comprometen a otros poderes.

Eso, sin contar con el asunto que compete única y exclusivamente a Endesa: reparaciones materiales.

Ahora hemos visto seriedad para abordar todos los temas de parte de la autoridad, reconoció Celedón, asegurando que es la empresa la que impide llegar a un acuerdo.

El último recurso

El abogado de las familias, insistió siempre en el valor de estas mujeres al poner, en el centro de sus demandas, los intereses de todo el pueblo pehuenche antes que la reparación material que posibilite la permuta de las tierras que requiere Endesa para concretar el proyecto Ralco. Lo mismo que sostiene Hilda Riquelme, quien viajó a Washington en representación de su madre, Rosario Huenteao, al advertir que es todo o nada.

Por eso fueron dispuestos a jugarse ante la OEA, viaje en el cual lograron, en el aeropuerto, cuando todo parecía perdido, otros 60 días para persistir en la búsqueda de una solución consensuada.

Chile ratificó, en enero de 1991, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que le permite a cualquier persona que sienta que ha existido denegación de justicia en los derechos que establece esta Convención, demandar al Estado.

Es lo que hicieron los pehuenches tras perder la batalla en los tribunales chilenos para detener la construcción de la central Ralco, que les obliga a dejar sus tierras que quedarán bajo el agua del embalse que inundará 3.467 hectáreas. De ellas, 638 hectáreas son amparadas por la ley indígena y de las cuales quedan 48,35 hectáreas no permutadas.

El miércoles en la tarde ambas partes expusieron sus argumentos ante la comisión presidida por Marta Altolaguirre de Guatemala.

Fueron 20 minutos por lado. Según unos y otros, con resultados positivos, tanto que en las mismas dependencias de la OEA, se reunieron nuevamente para avanzar en un documento conjunto. La CIDH al acoger a tramitación la demanda y advertir al Gobierno que por la vía administrativa no podía modificar las cosas mientras no se abordara el tema de fondo, dio a los pehuenches su primer triunfo.

Algo así como una orden de no innovar que paralizó el proceso de tasación realizado por una Comisión de Hombres Buenos y que legalmente puede terminar con la fuerza pública sacando a Berta, Aurelia, Mercedes y a Rosario de sus tierras.

Ello porque si se da el vamos a ese mecanismo, la Ley Eléctrica es clara. Basta que la empresa deposite el valor de la tasación en el Juzgado de Santa Bárbara para tomar posesión material de los predios, con el auxilio de la fuerza pública si es necesario.

Los denunciantes no pidieron paralización de las obras, que llevan un 77 % de avance, pero sí que no se autorice iniciar el llenado del embalse.

Algo que por razones técnicas, según Endesa, fue aplazado para mayo del próximo año. 

La justificación es que el retraso de los trabajos impedirán cumplir con la puesta en marcha parcial de la generadora, entrando en operaciones con sus dos unidades, en junio del 2004.

El silencio de Endesa

Para la empresa es un valioso tiempo que le permite intentar un acuerdo por la vía del diálogo, que es el camino que silenciosamente han recorrido los funcionarios de Endesa a cargo del convencimiento, con paciencia, buenas razones y pesos.

Así, dicen, lograron doblegar a Nicolasa, una de las emblemáticas hermanas Quintremán que recorrieron el mundo en busca de apoyo para la defensa de las tierras pehuenches, su cultura y su modo de vida.

Y también a Juan Enrique Quintremán, el único hombre del grupo opositor, y el que en algún momento fue reconocido por las mismas mujeres como el escollo más duro que tendría que enfrentar Endesa.

Para cada uno, predios de 77 hectáreas y de tierras de buena calidad, 200 millones de pesos, una vivienda, infraestructura, asistencia técnica y otros beneficios.

El monto de las reparaciones materiales que pretenden las cuatro familias, se desconoce oficialmente.

Sin embargo, pese a ser un secreto muy bien guardado, trascendió que serían desmesuradas. Para muchos no es una sorpresa porque se había anticipado que tendría que ser mayor por cuanto la superficie de sus tierras es también muy superior a los predios de Nicolasa y Juan Enrique Quintremán. Y también, que sus pretensiones no tendrían por qué ser inferiores a lo que en tribunales, obtuvo la huinca María Elena Sola: $2.500 millones, claro que por 1.133 hectáreas.

Se anticipa que para la empresa, que ha visto elevarse los costos del proyecto en varios millones de dólares, por mucho que le signifique la luz verde definitiva, no será fácil acceder. Sólo en el tema ambiental, permutas y seguimiento de la asistencia comprometida a los pehuenches, se pasó de US$ 12 millones a US$ 34 millones.

No es el momento de hablar, es la única versión que se logra obtener de Endesa.

Sólo una tregua

Muy cerca de fracasar ha estado la búsqueda de una solución entre las familias pehuenches que se oponen a permutar sus tierras con Endesa y los representantes del Gobierno. Tanto, que el último acuerdo se logró literalmente en el aeropuerto, cuando todos se preparaban para el regreso.

Pero éste hecho significa una nueva tregua, reconocen las partes. Nada más.

Para decir la última palabra en este conflicto se necesita materializar los siguientes puntos. Y, por supuesto, también las reparaciones económicas que corren por cuenta de Endesa.

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas existentes en Chile.

Ratificación por Chile del Convenio 169 de la OIT.

Creación de una comuna pehuenche en el sector de Alto Biobío.

Solución a los problemas de tierras de las comunidades indígenas del sector.

Fortalecer su participación en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Biobío.

Asegurar la integración de las comunidades indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco.

En el control de obligaciones ambientales del proyecto Ralco, fijar mecanismos para que las comunidades sean informadas, escuchadas y consideradas.

Medidas que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Biobío en beneficio de las comunidades indígenas.

Mecanismos vinculantes para todos los organismos del Estado, que impidan el desarrollo de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío.

Respecto de las causas judiciales, en un plazo breve y urgente acordar medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas, procesados por acciones relacionadas con la construcción de la central Ralco.

Satisfacer las demandas particulares de las familias, relacionadas con tierras, compensación económica y demandas educacionales. El Estado actuará como garante entre familias y Endesa.

El acuerdo es un todo y cada uno de los puntos tiene el mismo valor.