La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había declarado como ilegal y arbitraria la detención de los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao, a raíz de su responsabilidad en el incendio en el que resultó destruido un camión cargado con madera en Traiguén, Novena Región. Por este hecho, el tribunal de alzada de Temuco ratificó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Oral de Angol, que los había condenado a cinco años de presidio y a una multa de 11 UTM a beneficio fiscal, además de una indemnización de seis millones de pesos por daños a la propiedad privada. La Tercera 24 de junio de 2003

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La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había declarado como ilegal y arbitraria la detención de los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao, a raíz de su responsabilidad en el incendio en el que resultó destruido un camión cargado con madera en Traiguén, Novena Región.

Por este hecho, el tribunal de alzada de Temuco ratificó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Oral de Angol, que los había condenado a cinco años de presidio y a una multa de 11 UTM a beneficio fiscal, además de una indemnización de seis millones de pesos por daños a la propiedad privada.

Sin embargo, la detención decretada por el Juzgado Mixto de Traiguén fue considerada como ilegal, porque los hermanos Pichún no pudieron optar al beneficio de la libertad provisional al no cancelar el total de la indemnización y la multa a la que fueron condenados.

Con esta decisión queda definitivamente resuelta la controversia surgida en torno al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol en el sentido de que no puede exigírseles a los condenados el pago previo de la indemnización civil, para poder gozar del beneficio de la libertad vigilada que les había sido concedida por la misma sentencia.

Cabe recordar que frente a la detención de los hermanos Pichún Collonao, ambos de la comunidad indígena de Temulemu, la abogada jefa de la Defensoría Penal Mapuche, Sandra Jelves Mella, manifestó que consideraba irregular la medida.

Lo ocurrido, explicó, fue arbitrario y se aparta de los principios de la Reforma Procesal Penal, pues fueron ingresados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén sin que se realizara una audiencia.
 

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