Conflicto indígena:
Agricultores y mapuches buscan demandar al Estado
19 de Abril de 2003

Acciones jurídicas persiguen millonarias indemnizaciones por daños materiales y morales por atentados o encarcelaciones.

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IVÁN FREDES

TEMUCO.- En un hecho sin precedentes, agricultores e indígenas afectados de distinta manera por el llamado conflicto mapuche presentarán millonarias demandas contra el Estado chileno para exigir indemnizaciones por daños materiales y morales, según anticiparon representantes de ambos sectores.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco (Sofo), Manuel Riesco, sostuvo que esa entidad, que reúne a los productores agrícolas de la Novena Región de la Aracuanía, a la cual están asociados la mayoría de las víctimas de atentados armados e incendiarios, subrayó que presentará su requerimiento ante los tribunales por "no prestación de servicios" en cuanto a que no se ha podido garantizar la debida protección de los derechos constitucionales de los afectados.

Riesco, quien también preside el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), sostuvo que desde que comenzó el llamado conflicto indígena, con una escalada cada vez más creciente de acciones de carácter terrorista, además de las pérdidas directas de los afectados, los predios ubicados en la zona de mayor conflictividad no pueden acceder a créditos bancarios y a la contratación de seguros.

Ello sin contar los precios e intereses comerciales que decrecen notablemente.

El dirigente anticipó que el recurso legal puede quedar definido la próxima semana y se sumará a otro similar que presentó hace dos años el empresario de la Región del Biobío, Osvaldo Carvajal, debido a que su hacienda (Lleu Lleu) ha sido objeto de una total destrucción a raíz de una treintena de atentados incendiarios.

Análisis preliminares estiman en varias decenas de millones de dólares las pérdidas materiales de los agricultores por daños de sus instalaciones, maquinarias agrícolas y por dejar de percibir ingresos por la explotación agrícola.

Por contraste, los abogados de la Corporación NorAlínea, una entidad jurídica dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, estudia una demanda contra el Estado por la prisión preventiva que durante quince meses afectó a los loncos mapuches Pascual Pichún y Aniceto Norín, ambos absueltos de los delitos de amenazas e incendio terrorista.

La corporación, integrada por los abogados Hugo Gutiérrez, Jaime Madariaga y Sergio Lillo, sostiene que el Estado debe indemnizar por los daños materiales y morales sufridos por ambos dirigentes mapuches que fueron acusados injustamente y sin pruebas por el Ministerio Público, tal como concluyeron por unanimidad los tres jueces del Tribunal Oral de Angol.

MOTIVOS

DECISIÓN: La demanda de los agricultores fue estimulada por el último atentado incendiario contra los galpones del empresario Jorge Luchsinger, en Vilcún, cuyo fundo ha sido objeto de una veintena de asaltos, robos y atentados.