Diecisiete fundos que abarcan 79 mil hectáreas son demandados al Gobierno por tres comunidades pehuenches de Alto Biobío. En ellos se incluye el predio Aguas Blancas, del empresario Eliodoro Matte. Asimismo, los indígenas piden la erradicación de las familias de colonos del sector. Sostienen que un catastro sobre propiedades en Alto Biobío, encargado por la intendencia al centro Eula de la Universidad de Concepción, avala sus peticiones. El Mercurio, 26 de octubre de 2002
ALTO BIOBÍO:
Propietarios objetan estudio que favorece a pehuenches
CONCEPCIÓN- Diecisiete fundos que abarcan 79 mil hectáreas
son demandados al Gobierno por tres comunidades pehuenches de Alto Biobío. En
ellos se incluye el predio Aguas Blancas, del empresario Eliodoro Matte. Asimismo,
los indígenas piden la erradicación de las familias de colonos del sector.
Sostienen que un catastro sobre propiedades en Alto Biobío, encargado por la
intendencia al centro Eula de la Universidad de Concepción, avala sus peticiones.
Sin embargo, sus actuales propietarios aducen que no existe ningún tipo de reclamaciones
ni antecedentes que avalen la supuesta pertenencia de las tierras a las comunidades
pehuenches. Agregan que su calificación como terrenos en litigio carece de sustento
jurídico, porque no existe ninguna acción judicial.
Los comuneros pehuenches, al culminar una marcha el 12 de este mes en Concepción,
dieron al gobierno regional un plazo para responder a sus demandas que venció
el miércoles pasado.
Los predios reclamados son: Lengas de Trapa (6.951 há), de Raúl Pérez; Trapa
y Cochico (11.000 há), de Víctor Vásquez; Queuco-San Luis (19.346 há), de Renato
Poblete; Vega Larga, Curamallín y Quebrada Honda (10.000 há); Tronpelhueno y
Los Chenques (6.000 há), de la sociedad Pedro Esquerré y Fernando Saenger; El
Avellano (2.000 há), de Enrique Richard; Los Guindos (25.000 há), de la sucesión
Bunster; Aguas Blancas (2.000 há), de Eliodoro Matte.
Para los propietarios el estudio del Eula carece de validez jurídica debido
a que es una entidad científica especializada en el medio ambiente. Ni siquiera
contó con la asesoría de la Facultad de Derecho de la misma universidad, pese
a tratarse de una materia técnica legal.
Denuncian que "se hacen afirmaciones temerarias sobre numerosos predios y campos,
simplemente denominados como propiedades en conflicto".
Indican que con ello "se plantea un problema de credibilidad en favor del mundo
pehuenche y en contra de sus legítimos propietarios".
