Más de algún periodista regional vaticinó los problemas que acarrearía el traspaso de terrenos forestales sujetos al Decreto Nº701 de la Ley de Bosques, el cual considera la entrega de bonificaciones a forestales y personas naturales propietarias de un terreno de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), para replantar antes de dos años y después de transcurrida la última cosecha, con el fin de cumplir con los planes de manejo. Austral, 26 de julio de 2002 

 

Año LXXXVII - Nro. 31.229Viernes 26 de julio de 2002

Mapuches obligados a reforestar

Fundo Alaska, nuevamente en la polémica.

La cosa se veía venir. Más de algún periodista regional vaticinó los problemas que acarrearía el traspaso de terrenos forestales sujetos al Decreto Nº701 de la Ley de Bosques, el cual considera la entrega de bonificaciones a forestales y personas naturales propietarias de un terreno de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), para replantar antes de dos años y después de transcurrida la última cosecha, con el fin de cumplir con los planes de manejo.

Según informó el miércoles diputado Eugenio Tuma y el consejero de la Conadi, Hilario Huirilef, lo sucedido en Fundo Alaska fue que su ex propietario, Forestal Mininco, taló parte de la propiedad y recibió las bonificaciones del Decreto antes mencionado; posteriormente vendió las mil 927 hectáreas que considera el fundo, de las cuales mil 734 están sujetas al Decreto Nº701.

Durante esta transacción se obvió desafectar el terreno y se traspasó a las comunidades sin considerar que éstas deberán pagar el costo de este gravamen, de lo contrario corresponde una multa que, en total, fluctúa entre los 300 y los 700 millones de pesos, monto inalcanzable para los nuevos dueños (la comunidad Ignacio Queipul), quienes de no cumplir con esta sanción arriesgan penas de cárcel para sus dirigentes.
 

 

RIESGOS
 

 

Según explicaron Tuma y Huirilef, los indígenas no cuentan con los recursos técnicos ni económicos para limpiar (destroncar) y replantar las tierras adjudicadas. Agregaron que, si las comunidades pretenden dar un uso distinto a las tierras, tienen que desafectarlas de su condición de APF, para lo cual deben cancelar todo el dinero que se haya dejado de pagar por el propietario anterior, por concepto de bonificaciones y franquicias tributarias.

Según la Ley de Bosques, en el caso de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) descubra en una fiscalización que un predio no ha sido reforestado ni tampoco está desafectado, está obligada a cursar una multa que, en el caso de los terrenos ya adjudicados por Conadi llega a los 400 mil pesos por hectárea; vale decir, fácilmente la cifra total se podría elevar a los 700 millones de pesos, según calculó Tuma.
 

 

CONADI
 

 

El director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) Aroldo Cayún, entidad encargada de la compra de este fundo, explicó que esta situación está en curso de solución.

Fuentes del organismo indígena precisaron que el tema ya habría sido analizado con anterioridad con la Conaf, donde se llegó a un acuerdo que solucionaría el problema. Se aseguró que tales conversaciones dejaron conformes a los mapuches que han recibido terrenos, por lo que consideran que Tuma y Huirilef pretenden politizar el asunto.
 

 

SUBSIDIOS
 

 

Esta punta de iceberg deja entrever bajo el agua otro problema que enfrentarían los mapuches, respecto a que no podrían optar a un nuevo subsidio por parte del Estado.

Según establece la ley, "el Estado, en el período de 15 años, contado desde el 1 de enero de 1996, bonificará por una sola vez por cada superficie un porcentaje de los costos netos de las actividades", monto que ya fue otorgado a los anteriores dueños.

Huirilef denunció, además, que las cifras podrían elevarse a miles de millones de pesos si Conadi entregara la información respecto de cuántas tierras forestales ha adjudicado, lo que aún no se ha podido establecer.

Similar situación a la del Fundo Alaska es la del predio Bellavista Lote 1 en Lumaco, que posee 101 hectáreas. Este fue entregado a la comunidad Coña Raimán. Frente a esta situación Tuma llamó al Estado a hacerse cargo de los dineros comprometidos para desafectar el predio.

Ambos denunciantes emplazaron a la Conadi a tomar los respectivos resguardos para las nuevas transacciones, entre las cuales se encuentran El Rincón, de Lumaco; Ginebra y Parcela 6 Lote C, ambas de Collipulli y San José.


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