El Fundo Alaska, entregado a la comunidad Ignacio Queipul posee 1.734 hectáreas que están en la categoría de Aptitud Preferentemente Forestal.  (Foto: COPESA)

Conadi asegura que el problema está en curso de solucionarse

Mapuches alertan que no pueden cumplir exigencias para conservar predios

El traspaso de predios forestales a comunidades indígenas conlleva obligaciones que los mapuches que han sido beneficiados no están en condiciones de cumplir, por lo que sus dirigentes, lonkos o representantes se exponen incluso a una condena de cárcel. 

La denuncia fue realizada en Temuco por el diputado PPD Eugenio Tuma y el consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Hilario Huirilef, quienes señalaron que la ley señala que antes de dos años de la última cosecha los mapuches deben reforestar sus tierras. De lo contrario, deberán pagar una multa que, en total, fluctúa entre los 300 millones y 700 millones de pesos, monto que no están en condiciones de pagar. 

Los denunciantes señalaron que los fundos entregados por la Conadi -los cuales estaban en conflicto entre particulares o empresas forestales y comunidades indígenas-, no fueron desafectados del Decreto ley Nº701 de la Ley de Bosques, lo que obliga a los propietarios de las tierras consideradas de Aptitud Preferentemente Forestal (APF) a replantar antes de dos años transcurridos desde la última cosecha y a cumplir con los planes de manejo. 

El problema, según explicaron Tuma y Huirilef, es que los indígenas no cuentan con los recursos técnicos ni económicos para limpiar y replantar las tierras adjudicadas. Agregaron que si las comunidades pretenden dar un uso distinto a las tierras tienen que desafectarlas de su condición de APF, para lo cual deben cancelar todo el dinero que se haya dejado de pagar por el propietario anterior por concepto de bonificaciones y franquicias tributarias. 

En el caso de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) descubra en una fiscalización que un predio no ha sido reforestado ni tampoco está desafectado, está obligada a cursar una multa que, en el caso de los terrenos ya adjudicados por Conadi, llega a los 400 mil pesos por hectárea; vale decir, fácilmente la cifra total se podría elevar a los 700 millones de pesos, según calculó Tuma. 

Si no paga, el representante de la comunidad favorecida se expone a cumplir una condena en la cárcel. 

Sin subsidio
Otro problema que enfrentarían los mapuches, es que no pueden optar a un nuevo subsidio por parte del Estado. Según establece la ley, "el Estado, en el período de 15 años, contado desde el uno de enero de 1996, bonificará por una sola vez por cada superficie un porcentaje de los costos netos de las actividades", monto que ya fue otorgado a los anteriores dueños. 

Huirilef denunció, además, que las cifras podrían elevarse a miles de millones de pesos si Conadi entregara la información respecto de cuántas tierras forestales ha adjudicado, lo que aún no se ha podido establecer. 

Uno de los casos emblemáticos es el del Fundo Alaska, comprado a Mininco en 1.360 millones de pesos y entregado a la comunidad Ignacio Queipul Allí, de las 1.927 hectáreas adquiridas, 1.734 están en la categoría de Aptitud Preferentemente Forestal. 

En igual situación se encuentra el predio Bellavista Lote 1 en Lumaco, que posee 101 hectáreas. Este fue entregado a la comunidad Coña Raimán. Tuma llamó al Estado a hacerse cargo de los dineros comprometidos para desafectar el predio. 

Los denunciantes emplazaron a la Conadi a tomar los respectivos resguardos para las nuevas transacciones, entre las cuales se encuentran El Rincón, en Lumaco, Ginebra y Parcela 6 Lote C, ambas de Collipulli y San José. 

Fuentes del organismo indígena señalaron que el tema ya había sido analizado con anterioridad con la Conaf, para lo cual ya se llegó a un acuerdo que soluciona el problema. Se aseguró que tales conversaciones dejaron conformes a los mapuches que han recibido terrenos, por lo que consideran que Tuma y Huirilef pretenden politizar el asunto. 

	Falta de asesoría La falta de capacitación y apoyo técnico directo del Estado ha generado la subutilización de algunas propiedades que fueron entregadas bajo la política de traspaso de tierras a mapuches.  De las 164 mil hectáreas entregadas a los mapuches entre los años 1994 y 2001, sólo un 7,4% de las tierras cedidas recibe asesoría técnica, lo que equivale a 12 mil hectáreas. Esta tarea se realiza a través del Programa de Apoyo Predial (PAP) impulsado por la Conadi en las regiones Octava, Novena y Décima.  El encargado del programa, Patricio Vidal, reconoció hace algunas semanas que "existen comunidades que trabajan individualmente y tierras que están abandonadas o subutilizadas".  Para dar solución a esta carencia, el gobierno implementó el año pasado el programa Orígenes, que implica fondos concursables por un monto de 133 millones de dólares aportados por el Estado chileno y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proyecto que hoy está colaborando con 406 comunidades mapuches de la Novena Región.  Según ha indicado el Intendente de la Región de La Araucanía, Ramiro Pizarro, ésta es una materia pendiente y que mientras no se realice "vamos a estar trasladando la pobreza de un lugar a otro".  Agricultores y empresarios forestales dicen que la situación está a la vista en algunos casos.