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Ley antiterrorista para investigar
atentados incendiarios
El atentado incendiario
que destruyó esta casa será uno de los casos que investigará
el Ministerio Público en el marco de la ley antiterrorista.
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En
los próximos días el intendente de la IX Región, Ramiro Pizarro,
presentará una querella contra quienes resulten responsables de
los tres atentados incendiarios que durante los últimos dos días
han sembrado la incertidumbre y la inseguridad en los habitantes
de esta región.
En
la acción judicial la máxima autoridad de La Araucanía solicitará
se aplique la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables
de los hechos que han impactado a la opinión pública y que serán
investigados por el Ministerio Público.
Uno
de los atentados incendiarios perpetrado durante la madrugada
del lunes destruyó una retroexcavadora en el sector de Boyeco,
camino a Chol Chol, y otros dos, ocurridos en la Provincia de
Malleco, redujeron a escombros dos inmuebles.
Ramiro
Pizarro sostuvo que una de las cosas que más daño le hace a la
región es mantener un clima de incertidumbre, por eso es que el
Gobierno solicitará a través de una querella la aplicación de
la ley antiterrorista en la investigación de los hechos de violencia,
al igual como lo hizo el intendente en la VIII Región.
DOS
CASOS
Antes
de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, la ley antiterrorista
se aplicaba a través de un requerimiento que una autoridad de
gobierno presentaba ante los tribunales, y que casi siempre resultaba
ser el intendente. Ahora en el nuevo sistema de justicia eso ha
cambiado.
Desde
el 16 de diciembre del 2000, fecha en que entró en vigencia la
Reforma Procesal Penal en La Araucanía, hay dos casos donde fiscales
han formalizado investigación contra los imputados por delitos
contemplados en la ley antiterrorista, y sus peticiones han sido
acogidas por los jueces de Garantía respectivos.
El
fiscal y los querellantes son los únicos facultados para solicitar
al juez de Garantía que los ilícitos sean considerados en el marco
de la citada ley, especialmente al momento de formalizar cargos.
Uno
de los casos es el que lleva el fiscal de Traiguén, Raúl Bustos,
quien formalizó investigación por incendio terrorista contra Pascual
Huentequeo Pichún Paillalao, lonco de la comunidad "Antonio Ñirripil"
y de Segundo Aniceto Norín Catrimán, de la comunidad "Lorenzo
Norín".
Una
vez terminada la investigación el fiscal presentó acusación contra
los imputados ante el Juzgado de Garantía de Traiguén por los
delitos de incendio terrorista en perjuicio de la casa del administrador
del fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de Agricultura,
Juan Agustín Figueroa, e incendio terrorista del bosque ubicado
al interior del fundo San Gregorio, propiedad de los hermanos
Juan y Julio Sagredo Marín, además de amenazas terroristas en
contra de ambos hermanos.
En
los próximos días se desarrollará la audiencia de preparación
del juicio oral, donde se fijará la sesión en que el Tribunal
Oral en lo Penal determinará el grado de responsabilidad que tiene
cada uno de los acusados.
Ambos
loncos se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Traiguén
desde diciembre del año pasado y podrían recibir penas que van
de 5 a 15 años de prisión.
VICTORIA
En
tanto, en Victoria se encuentra detenido Juan Luis Llanca Llanca,
20 años, sindicado como presunto autor del atentado incendiario
que destruyó una siembra de trigo en el fundo El Ulmo, propiedad
de Sergio de La Mazza.
El
fiscal de esa ciudad, Jorge Sandoval, formalizó investigación
contra el imputado por el delito de incendio en el marco de la
ley antiterrorista. En la sesión el juez de Garantía acogió la
petición de prisión preventiva para el inculpado, quien se encuentra
recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de esa ciudad.
En
tanto, de los 33 detenidos en los desórdenes ocurridos en el centro
de Temuco, sólo 8 de ellos pasaron ayer en la mañana a disposición
del Juzgado de Garantía como presuntos autores de los delitos
de desórdenes públicos. Tras la realización de la audiencia de
control de detención, los inculpados quedaron en libertad y citados
para la audiencia de un juicio simplificado que se desarrollará
en los próximos días, donde se determinará su responsabilidad
en lo sucedido. (Roberto Neira T.).
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