? La muerte del joven comunero mapuche, Edmundo Lemún, durante un enfrentamiento con carabineros en Ercilla, Novena Región, marcó una nueva fase en el conflicto indígena. Quedó claro con la presencia de una escolta de encapuchados quienes, al más puro estilo Chiapas, cargaban escopetas hechizas durante el funeral; con la seguidilla de manifestaciones de repudio en Temuco, Arauco y Santiago; con un nuevo ataque a la emblemática hacienda Lleu-Lleu y la reivindicación de todas las formas de lucha por parte de algunos dirigentes, como el lafkenche Luis Llanquilef. Diario El Sur 08 de diciembre de 2002

Coordinadora Arauco-Malleco ¿Indigenismo acéfalo?

Con la detención de 18 personas vinculadas al ala más radical del conflicto mapuche, el Poder Judicial cree haber puesto en jaque al movimiento autonomista. No obstante, que entre los sindicados haya un empresario ex miembro del grupo ultraderechista Patria y Libertad y que los líderes de la Coordinadora que permanecen tras las rejas llamen a sus comunidades a seguir luchando, sugiere que se está sólo ante la punta del iceberg y que la escalada de violencia tiene cuerda para rato.
 

Héctor Ruiz Arias

Ilustración: Sebastián Burgos V

La muerte del joven comunero mapuche, Edmundo Lemún, durante un enfrentamiento con carabineros en Ercilla, Novena Región, marcó una nueva fase en el conflicto indígena. Quedó claro con la presencia de una escolta de encapuchados quienes, al más puro estilo Chiapas, cargaban escopetas hechizas durante el funeral; con la seguidilla de manifestaciones de repudio en Temuco, Arauco y Santiago; con un nuevo ataque a la emblemática hacienda Lleu-Lleu y la reivindicación de todas las formas de lucha por parte de algunos dirigentes, como el lafkenche Luis Llanquilef.
En los últimos días el “putsch” vino del Poder Judicial y el blanco fue la Coordinadora Arauco-Malleco. Primero, el operativo en la Región del Biobío que, por orden del ministro en visita Eliseo Araya, acabó con la detención del comunero Jaime Cona la tarde del viernes 29 de noviembre en Cañete, y de José Huenchunao, cerca de las 2:00 AM del sábado 30 en Tirúa; ambos requeridos por la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de los incendios en el fundo Los Troncos y la hacienda Lleu-Lleu a comienzos de 2001. Y segundo, la aprehensión de 16 personas ligadas a la Coordinadora en Temuco, Ercilla, Collipulli y Traiguén la mañana del miércoles –entre lo cuales se encontraba el vocero José Llanquileo-, los que habrían participado en usurpaciones de tierras, acciones de violencia, quemas a predios y casas en la Araucanía.

10 por 10

Pero es preciso rebobinar. La quema de dos camiones de Forestal Arauco durante diciembre de 1997 en Lumaco –120 kilómetros al noroeste de Temuco-, hizo que el gobierno de Eduardo Frei aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado a miembros de las comunidades Pichiloncoyan y Pilinmapu. La respuesta de esos grupos fue abandonar las vías institucionales ofrecidas por el Ejecutivo, que vivía su luna de miel con la creación de la Conadi, e iniciar por su cuenta la recuperación de tierras.
Del encuentro ampliado de comunidades en conflicto, que se celebró en Tranaquepe –Provincia de Arauco- en febrero de 1998, nació la Coordinadora Arauco-Malleco, con un claro discurso antisistémico y autonomista, de la mano de José Huenchunao, Víctor Ancalaf y el abogado Aliwen Antileo, y con el apoyo de las agrupaciones Meli Witran Mapu, la Coordinadora Mapuche Metropolitana y hogares universitarios mapuches.
La estructura de la Coordinadora no es piramidal sino horizontal. El werkén es sólo un vocero, por lo que la toma de decisiones está anclada en los lonkos de cada comunidad. “No olviden: por diez mapuches que caen otros diez se levantan”, diría el dirigente Víctor Ancalaf al periódico “El Siglo” en abril de 2000, invocando la dirección colectiva y descentralizada del movimiento.
Este factor hace pensar que las detenciones de las últimas dos semanas no “descabezarían” la agrupación, como se publicitó con bombos y platillos el miércoles. Y testimonio de ello es el comunicado evacuado por la Coordinadora ese mismo día, en que se señaló que la lucha por la liberación nacional del pueblo mapuche estaba muy lejos de zozobrar. De hecho, a fines de agosto Ancalaf declaró desde El Manzano, en una entrevista al diario electrónico “El Mostrador”, que seguía siendo miembro activista de la organización –descartando un supuesto quiebre en el bloque comunitario-, y que sólo reemplazó la vocería por el trabajo político en las bases obedeciendo a “un cambio en las tácticas y maneras de luchar” definido por los lonkos.

Clandestino

Pablo Ortega, abogado de José Huenchunao, de la familia de Edmundo Lemún y antes de otros miembros de la Coordinadora, cree que el gobierno “se farreó” la oportunidad de dar una salida política al conflicto mapuche. Sostiene que la desconfianza de sus representados radica en las promesas electorales no cumplidas –o cumplidas a medias- por las tres administraciones concertacionistas, que además han aplicado a los indígenas la misma Ley Antiterrorista que los líderes de la coalición del arcoris padecieron y denunciaron durante el gobierno militar.
Respecto a la dilatada captura de Huenchunao y Cona, quienes eran requeridos por la justicia desde marzo de 2001, Ortega niega que éstos hayan permanecido en la clandestinidad.
-José Huenchunao estuvo en su casa todo este tiempo. Jaime Cona estuvo en su casa todo este tiempo. La policía lo sabía. Incluso Jaime Cona estuvo hospitalizado, y todo el mundo lo sabía. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Carabineros no los detuvo antes, sabiendo donde estaban? Y la primera vez que los van a buscar ahí están. ¿Por qué? Porque Carabineros sabía lo que iban a hacer los fiscales de la Novena Región. Entonces, tienen a Huenchunao preso, formalizan en la Novena Región, y tienen a Huenchunao también en la Novena Región (fue trasladado el viernes de Concepción a Temuco para comparecer ante el Tribunal de Garantía).
-¿Cree que se trató de una maniobra de imagen?
-Evidentemente. O la otra alternativa es que Carabineros es ineficiente.

La justicia tarda, tarda...

Según el senador RN Mario Ríos, la aprehensión de 16 mapuches y no mapuches en La Araucanía es “una advertencia para los tribunales de justicia de la Octava Región. Porque la verdad es que allí no se ha tenido resultados; hay una falta de celeridad. La fortaleza del Poder Judicial que se está demostrando en la Novena Región, al desbaratarse toda la acción en forma tan clara y tan nítida, hace pensar que no existe razón para que no ocurra lo mismo en la Octava.
-Senador, ¿y por qué no habría ocurrido?
-(Suspira)... No sé. Hemos planteado los problemas de abigeato en Cañete, se ha incendiado la hacienda Lleu-Lleu en más de veinte ocasiones y no se ha actuado. A mí eso me parece muy delicado y muy grave. No sé cuál es el motivo. Creo que la Corte de Apelaciones de Concepción sí tiene que ser más dura en este tema.
Respecto al financiamiento externo del conflicto, Ríos recuerda que en un viaje a Europa realizado hace tres años constató que líderes mapuches llamaban a conferencias de prensa en España para denunciar la opresión de los pueblos originarios a manos del Estado chileno. Y en Londres presenció que, bajo el mismo argumento y a través de pancartas, indígenas reivindicaban la lucha en el Alto Biobío y otros puntos del país recaudando libras en las cuatro esquinas de la concurrida Picadilly Street.

¿Pura filantropía?

Que entre los detenidos se encontrara el empresario molinero de ascendencia germano polaca Guillermo Hornung Chorobinski, como sospechoso de financiar actos violentistas indígenas, inyectó nueva sabia –y confusión- al debate. Su pasado como militante del grupo ultraderechista Patria y Libertad, sumado a un vuelco al ecologismo que lo habría llevado a apoyar la causa mapuche pagando fianzas de comuneros, entre otras ayudas, dejó perplejo al ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien reconoció que se abría una nueva línea de investigación, por cuanto siempre se había pensado que el ala radicalizada del movimiento contaba con aportes de grupos de extrema izquierda como el Fpmr o la ETA.
El subsecretario de la cartera, Jorge Correa Sutil, fue más allá y se atrevió a decir, invocando una venturosa distinción étnica según apellidos, que ya no se sabía si éste era un conflicto mapuche; mientras el general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, calificó como una “reconversión” el cambio experimentado por Hornung. También se rumoreó que el empresario sureño habría financiado la campaña senatorial de Alberto Espina, acusación que el parlamentario descartó de plano y que, de todas formas, sería ilógica teniendo en cuenta que en la Cámara Alta el RN ha sido uno de los líderes en la defensa de las víctimas de atentados en la Octava y Novena regiones.
Por otro lado, aunque se podría argüir prematuramente que Hornung es “la excepción a la regla”, vale la pena citar un comunicado enviado el martes –antes de las detenciones de La Araucanía- por los comuneros Juan Nancul Lemun y Pedro Llanca Castro, en que se señala que “las comunidades mapuches de Ercilla y Coillipulli sabemos muy bien que son varios los agricultores y personas de la extrema derecha que apoyan a la Coordinadora Arauco-Malleco. En esta oportunidad no vamos a dar nombres por posible represalias contra nosotros”. Finalmente, piden a los miembros de la Coordinadora que “dejen de presionar a las comunidades y familias mapuche, porque tenemos temor que la represión de carabineros caiga sobre las familias mapuche que quedamos en el lugar”.

Estado de derecho
¿El huevo o la gallina?

“Cada vez que ha existido un hecho donde se ha utilizado la fuerza en la Provincia de Arauco, principalmente en este último año, el gobierno ha estado a la hora siguiente, a la mañana siguiente, en los tribunales solicitando claridad, la verdad y, por supuesto, que se haga justicia frente a este tipo de hechos, porque ésa es la línea que corresponde en un país con estado de derecho, donde cada uno tiene su rol muy claro. En este caso la justicia lo tiene, y lo está cumpliendo a cabalidad a mi parecer”, declara enfático el gobernador de Arauco, Rodrigo Peñailillo, quien recalca que desde principios de año suman cinco las querellas criminales por infracción a la Ley Antiterrorista, y que para 2003 ya se ha solicitado una mayor dotación de carabineros para reforzar la seguridad en la zona.
Osvaldo Carvajal, dueño de la hacienda Lleu-Lleu está en completo desacuerdo con Peñailillo: “El gobernador de Arauco tiene un error profundo. No le corresponde al Poder Judicial la tutela del orden público ni la protección del estado de derecho. No es un problema jurisdiccional, tal como se lo recordó el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Cuando el gobierno cree que su labor para la protección del orden público, del estado de derecho, es presentar querellas ante los tribunales está renunciando al uso de todas las herramientas que le otorga el orden institucional”.
Tras casi un treintena de atentados incendiarios, Carvajal abandonó la idea de crear un centro turístico en la hacienda Lleu-Lleu, pues afirma que no están dadas las condiciones para tal emprendimiento. Agrega que las compañías aseguradoras han optado por no arriesgarse más y que, incluso, dejaron de cubrir a los empresarios que poseen cabañas en el Lago Lanalhue.
Carvajal afirma sin tapujos que los ataques son responsabilidad de una organización terrorista incendiaria: “Los terrenos que reivincaba la comunidad Pascual Coña no se encontraban dentro de la hacienda Lleu-Lleu. El Estado, para compensar los terrenos que perdió la comunidad Pascual Coña durante el proceso de reforma agraria, les compró un fundo de más de 300 hectáreas hace cerca de tres años. En todos los ataques posteriores a esa fecha no hay ningún reclamo de petición de un predio. El único objetivo que hay es cosechar el factor comunicacional detrás de los atentados”.

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