Conadi en un "zapato chino"

Todo es una insensatez, dice. "Si querían recuperar tierras agrícolas -comenta Marcelo Martini, presidente regional de la Corma- entonces pidan que se compre tierras agrícolas. Ahora tienen el doble o el triple de problemas".

Tras violentas manifestaciones, las comunidades mapuches recibieron el Fundo Alaska, rompiendo toda la lógica legal en que éste se insertaba. Ahora, esa misma lógica se vuelve en su contra: o reforestan -con millonarios montos de los que carecen- o sus dirigentes arriesgan millonarias multas e incluso la cárcel por incumplir las normas del DL 701.

Los equipos jurídicos de la Conadi y Conaf trabajan aceleradamente para resolver este auténtico zapato chino. Se habla de una reinterpretación de la Ley Indígena, que evite el pago de multas u onerosas obligaciones sobre los nuevos propietarios del fundo; pero ello requiere tiempo, consultas a otras instancias y mucho trabajo. 

RECRIMINACIONES
 

El ambiente está cargado de recriminaciones. "Todo esto debió resolverlo la Conadi, que es la que organizó la compra del terreno", comenta una fuente de Conaf, institución que ahora está obligada por ley a hacer cumplir una ley que no calza con la situación de los mapuches.

El organismo no quiso pronunciarse ayer respecto de lo ocurrido. El director de la Conadi, Aroldo Cayún, permanece en Isla de Pascua y no respondió al recado en el buzón de voz de su celular y el director regional de Conaf, Alejandro Blamey viajó a Santiago.

En la Conadi se argumenta que existe un acuerdo con la Conaf para resolver este tema, acuerdo del cual nadie pudo entregar ningún detalle. "Lo invito a leer el artículo 13 de la Ley Indígena que asegura que las tierras mapuches no pueden ser enajenadas, ni sometidas al pago de contribuciones", nos dice una fuente de este organismo.

Pero en la Conaf y en el Servicio de Impuestos Internos advierten que la ley no incluiría las obligaciones emanadas del Decreto Ley 701, dado que éste es un beneficio que entrega el Estado a solicitud del propio solicitante. "La exención tributaria de la Ley Indígena se refiere al pago del Impuesto Territorial y el Impuesto a la Ley de Renta", afirma Arnoldo Bravo, jefe del Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, SII Novena Región. En el caso de las obligaciones del DL 701 "es algo que tiene que resolver Conaf", aunque expresa sus dudas al respecto.
 

RIGIDO
 

"Esto es como comprar un auto y no fijarse si está en prenda", comenta Andrés Duarte, jefe de Fiscalización de Conaf Novena Región, quien recuerda que todos los particulares siempre preguntan, antes de comprar un terreno, si está afecto al DL 701.

Las personas que compran un terreno afecto saben que deberán cumplir las obligaciones impuestas al terreno, sin importar quien sea su propietario. Es la condición del Estado por los beneficios que otorgó para su forestación -exención de impuestos y bonificación de las plantaciones-.

Entre otras cosas, se exige mantener la forestación -lo que las comunidades no desean, ni tampoco pueden hacer por la millonaria inversión que requiere-, so pena de multas de 400 mil pesos por hectárea -y que en el caso del fundo Alaska superan los 700 millones de pesos- y cárcel si no pagan. Todo esto pese a que los mapuches nunca recibieron un peso del Estado para la forestación, ni tienen los árboles, talados por Forestal Mininco antes de retirarse. 

Conaf tampoco puede entregar bonificaciones a los mapuches; la ley sólo le permite autorizar la forestación inicial. "No tenemos instrumentos legales para apoyar la reforestación, quizá la Conadi pueda hacer algo", comenta Andrés Duarte, quien hace ver el peligro que significa mantener el suelo sin cubierta vegetal tras la tala del bosque. "Basta un invierno con precipitaciones intensas para provocar, en esas condiciones, un daño importante a la capa vegetal", declara.
 

¿USO AGRICOLA?
 

Si las comunidades -como desean- quisieran abandonar la plantación forestal y dedicar el terreno a uso agrícola, debieran solicitar la desafectación del terreno y devolver al Estado el monto que éste entregó para su forestación, cifras millonarias e inalcanzables para los indígenas.

No deberían devolver los impuestos, ya que bastaría un certificado de la Conadi que acredite que el Fundo Alaska es propiedad indígena para eximirlos de este último gravamen, explican en el SII.

Técnicamente, el Fundo Alaska no es apropiado para la agricultura. Duarte comenta que sería posible combinar la actividad forestal con la agrícola, reservando esta última a los sectores más llanos -"allí no todo son quebradas", dice-, aunque admite que en terrenos así, casi no existe horizonte A, capa vegetal para uso agrícola, sólo suelos tipo B y C, más profundos y menos ricos en nutrientes.
 

CONTRALORIA
 

El contralor regional, Ives Zegers, afirmó que no se ha solicitado el dictamen de la Contraloría al respecto y esto se hará sólo si el organismo involucrado lo requiere. "Es algo que debe resolver Conaf", sentenció, aunque insiste que Contraloría no ha estudiado el caso.

Admite que ello podría ocurrir, si alguien considera que Conaf se ha excedido en sus atribuciones y recurre a dicha instancia para reclamar. "Si Conaf no les perdona los 700 millones de pesos a los mapuches, éstos podrían solicitar un dictamen de la Contraloría afirmando que éste organismo se excedió en sus atribuciones". Pero también un particular que haya pagado los montos correspondientes, podría culpar a Conaf de excederse en sus atribuciones y recurrir a la Contraloría.

En Conaf no consideran que cuenten con tales facultades, ya que este organismo sólo administra el DL 701. "El dinero no nuestro. Es la Tesorería General de la República la que gira los montos y nosotros sólo actuamos como organismo técnico y fiscalizador", declara Andrés Duarte.

El DL 701 choca, en este caso, con la Ley Indígena, cuerpo legal que ya exhibió graves problemas de interpretación en el Caso Ralco.