un rápido operativo, Carabineros detuvo a 24 integrantes de la "Coordinadora Arauco-Malleco", que dice representar intereses mapuches. Se incautaron algunas armas de fuego, si bien ellas estaban inscritas a nombre de un empresario chileno de origen polaco-alemán, Guillermo Hornung Chorobonsky. Éste, presuntamente, habría sido militante de "Patria y Libertad" y actualmente estaría financiando a la "Coordinadora", lo que abriría una perspectiva inesperada sobre el conflicto en la zona mapuche. El Mercurio, 10 de diciembre de 2002

Martes 10 de diciembre de 2002

Acción contra "Coordinadora"

En  un rápido operativo, Carabineros detuvo a 24 integrantes de la "Coordinadora Arauco-Malleco", que dice representar intereses mapuches. Se incautaron algunas armas de fuego, si bien ellas estaban inscritas a nombre de un empresario chileno de origen polaco-alemán, Guillermo Hornung Chorobonsky. Éste, presuntamente, habría sido militante de "Patria y Libertad" y actualmente estaría financiando a la "Coordinadora", lo que abriría una perspectiva inesperada sobre el conflicto en la zona mapuche.

Hace cinco años, cuando menos, que la "Coordinadora" ha desempeñado un papel protagónico en ese conflicto, como el grupo más organizado y radicalizado, que aparece como presunto responsable de reiterados actos de quema de camiones, máquinas e inmuebles. Algunos de sus dirigentes han cursado estudios universitarios, principalmente en Concepción. Se enfrentan con frecuencia a Carabineros. No se trata aún de enfrentamientos con armas blancas o de fuego - si bien se registran casos de disparos- , pero sí con piedras, palos y mediante incendios. Hace poco, sus miembros se mostraron en el funeral de un comunero mapuche muerto por un balín policial. Estaban encapuchados y parecían portar armas. Fueron detenidos y el Gobierno se querelló, esgrimiendo la severa legislación antiterrorista; el Ministerio Público pudo formalizar cargos contra 15 de ellos por asociación ilícita terrorista.

Era ya tiempo de que se actuara judicialmente contra la "Coordinadora". Se ha iniciado, con esto, un proceso importante en lo sociopolítico y, además, jurídicamente muy interesante, en cuanto permitirá ver en funcionamiento al nuevo sistema procesal penal en la IX Región, una de las dos primeras en incorporarlo, requerido para resolver un caso cuyas proyecciones son de enorme complejidad y muy vasto alcance potencial.

Desde luego, la contundencia de las recientes detenciones puede verse como muestra de la mayor eficacia que se espera de una investigación impulsada por el Ministerio Público y no por el propio tribunal. Es importante que los fiscales sigan actuando con energía, pues la sociedad resguarda, por su intermedio, los derechos constitucionalmente asegurados de las víctimas del extremismo violentista. No menos importante es que los tribunales velen por que esa energía no viole los derechos de los procesados. La abogada de éstos se quejó de que algunos de ellos habrían sido afectados a este respecto. Todo parece indicar, sin embargo, que esa acusación no ha sido más que estrategia forense, pero interesa por igual a toda la sociedad, al Estado de Derecho y a quienes respaldan esta modernizaciónjudicial que el nuevo sistema procesal penal trabaje con el más estricto apego a la ley. Para que el rigor de las resoluciones sea socialmente eficaz, no debe haber sombra alguna de duda sobre la corrección de los procedimientos.

Durante los últimos años ha habido episodios en la zona mapuche que sugieren, sin más, una suspensión en ella del régimen de legalidad. Esto, que jamás debió ocurrir, debe terminar cuanto antes. Es una evidencia histórica el que todo sistema jurídico tolera, en la práctica, cierto nivel de desobediencia. Pero la violencia que se imputa a los recientes detenidos parece haber rebasado ese nivel hace mucho, enturbiando, además, la discusión pública sobre la cuestión mapuche. Ésta, como cualquier otro asunto público, admite debate y discrepancias en una sociedad democrática. La apelación a la violencia, en cambio, es la antítesis del debate democrático. Por eso, la acción del Gobierno contra la "Coordinadora", enmarcada en el derecho, es un paso a estas alturas necesario e impostergable para asegurar la legalidad dentro de la cual este problema debe discutirse.

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