El abogado Pablo Ortega, quien representa a la Coordinadora Arauco Malleco, presentó este lunes en el Colegio de Abogados de la Octava Región un recurso de amparo gremial en contra de la jueza de garantía de Temuco, María Isabel Uribe. El profesional, según consignó Radio Chilena, consideró que ha quedado demostrado que su teléfono celular con el que se contacta con sus clientes fue intervenido por orden de la magistrado. El Mostrador 23 de diciembre de 2002

 

 

 
El Mostrador
Centro de Documentacion Mapuche Documentation Center

23 de Diciembre del 2002
Y presenta recurso

 Abogado de mapuches denuncia intervención de su celular


El abogado Pablo Ortega aseguró que la intervención telefónica ordenada por la jueza de garantías podría dar pie para anular las detenciones de los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, detenidos por presunta Asociación Ilícita Terrorista.

El abogado Pablo Ortega, quien representa a la Coordinadora Arauco Malleco, presentó este lunes en el Colegio de Abogados de la Octava Región un recurso de amparo gremial en contra de la jueza de garantía de Temuco, María Isabel Uribe.

El profesional, según consignó Radio Chilena, consideró que ha quedado demostrado que su teléfono celular con el que se contacta con sus clientes fue intervenido por orden de la magistrado.

En la Novena Región se sigue una causa por Asociación Ilícita Terrorista en contra de 26 miembros o personas vinculadas con la Coordinadora Arauco Malleco, el organismo mapuche que ha sido sindicado como el más radicalizado.

Según aseguró Ortega esta situación contiene visos de irregularidad, por lo que no descartó en que se tradujera en la anulación de las detenciones.

El pasado viernes durante la revisión de la cautela de garantías del caso, la jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Sandra Jelvez, denunció que su teléfono había sido intervenido.

Por su parte, el fiscal Francisco Rojas confirmó que se mantenían intervenidos los teléfonos de Ortega, la Defensoría Penal Pública, Víctor Alonqueo, precisando que en ese momento no habían antecedentes que representaran a los detenidos. Ante esto, la jueza canceló la orden de intervención.
 
 
 
 
 

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