La noticia según la cual en virtud de la firma de un documento internacional el Estado de Chile se vería obligado no sólo a modificar un fallo ya agotado y en parte ejecutado de la Corte Suprema, sino además a indemnizar a los condenados, puede catalogarse de asombrosa. Como se recordará, el hecho obedeció a una usurpación de tierras y daños realizados por un grupo indígena. Como era de esperar, en su momento el caso llegó a tribunales, aplicando la lógica igualdad ante la ley y los principios propios de todo estado de derecho. Sin embargo, hace pocos días se ha firmado un documento internacional en el cual se califica este hecho como una ''aberración jurídica'', de tal forma que el Estado se ha comprometido a enmendar su ''error''. Diario El Sur, 23 de marzo de 2001

La noticia según la cual en virtud de la firma de un documento internacional el Estado de Chile se vería obligado no sólo a modificar un fallo ya agotado y en parte ejecutado de la Corte Suprema, sino además a indemnizar a los condenados, puede catalogarse de asombrosa. Como se recordará, el hecho obedeció a una usurpación de tierras y daños realizados por un grupo indígena. Como era de esperar, en su momento el caso llegó a tribunales, aplicando la lógica igualdad ante la ley y los principios propios de todo estado de derecho. Sin embargo, hace pocos días se ha firmado un documento internacional en el cual se califica este hecho como una ''aberración jurídica'', de tal forma que el Estado se ha comprometido a enmendar su ''error''.

Lo anterior resulta inaceptable. Es inaceptable que un debido proceso sea enmendado de una manera tan liviana por una firma de un documento internacional. Además de ir en contra de la soberanía nacional, implica una ilegítima injerencia del Poder Ejecutivo en actuaciones propias del Poder Judicial, cuya autonomía ha sido sistemáticamente sostenida a raíz de los últimos fallos en materias de derechos humanos. Se estaría creando un peligroso precedente, porque con semejante actitud, se abre la puerta para que cualquier grupo indígena invada predios ajenos diciendo reivindicar derechos ancestrales, sabiendo que al final no sólo podrían quedar libres de culpa, sino además indemnizados por una eventual condena.

En realidad el fenómeno no es del todo nuevo. Ya se ha producido más de una vez, aunque en diversos frentes. Se puede decir que se trata de un auténtico totalitarismo internacional. En efecto, en no pocas oportunidades el gobierno ha hecho gestiones para modificar diversos aspectos del ordenamiento jurídico, argumentando que por la firma de un documento internacional (muchas veces de segundo o tercer orden), nuestra legislación debe ''acomodarse'' al mismo. Sin embargo, esa transformación va muchas veces contra los principios más caros al sistema jurídico chileno. Pero lo realmente grave es que por este mecanismo se están introduciendo una serie de modificaciones -muchas de ellas de capital importancia- no sólo saltándose los cauces normales, sino que incluso sin que la ciudadanía tenga la menor idea a su respecto, lo cual resulta una actitud bastante poco democrática.

En efecto, pareciera que la ley chilena debiera doblegarse ante cualquier insinuación internacional que le sea adversa. Estas gestiones son llevadas por lo general a la sombra de la opinión pública, muchas veces entre cuatro paredes, presentándose al final los hechos consumados. En otras palabras, se trata de una maniobra auténticamente totalitaria, de un totalitarismo internacional. Además de hacerse a espaldas de la ciudadanía, ¿quién controla lo que ocurre en esas comisiones y lo que hacen nuestros supuestos representantes?

 Max Silva Abbott

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