l 17 de mayo fue herido con balines el comunero mapuche de Curaco Ranquil, José Zurita Liempi (26) en Galvarino. Baleado cuando se dirigía a su domicilio, luego de recoger unos animales, manifestó: "Me atajaron unos carabineros. Preguntaron si participaba en cosas que están pasando. Les dije que no y cuando me iba, me dispararon". Según la policía, el comunero "participaba en una manifestación en la ruta Galvarino Cholchol". Esto es un  indicativo del clima que se vive en el sur luego de lo sucedido en Tirúa, y no es el único. Semanario El Siglo, 25 de mayo de 2001

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Recuperación de tierras versus terrorismo de Estado
Mapuches denuncian militarización de zona en conflicto

El 17 de mayo fue herido con balines el comunero mapuche de Curaco Ranquil, José Zurita Liempi (26) en Galvarino. Baleado cuando se dirigía a su domicilio, luego de recoger unos animales, manifestó: "Me atajaron unos carabineros. Preguntaron si participaba en cosas que están pasando. Les dije que no y cuando me iba, me dispararon". Según la policía, el comunero "participaba en una manifestación en la ruta Galvarino Cholchol". Esto es un  indicativo del clima que se vive en el sur luego de lo sucedido en Tirúa, y no es el único.
La IV Zona de la Policía Civil presentó una querella en el Juzgado de Cañete, argumentando que los detectives, tras "intentar detener a José Marihuén en Tirúa fueron atacados por más de 100 mapuches", lo que les causó lesiones y motivó que "usaran sus armas de fuego". Sin embargo, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, denunció que "los efectivos durante el operativo arrestaron a otro mapuche en forma equivocada. Eso generó la reacción indignada de los comuneros".
Mientras en Collipulli fueron liberados 8 comuneros de Cherquenco -en Ercilla- acusados inicialmente de "usurpación, asociación ilícita, secuestro, robo a empresas forestales y hurto". En Concepción, otros 6 comuneros procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado y detenidos en la cárcel El Manzano iniciaron una huelga de hambre, denunciando su situación y solidarizando con los mapuches de Tirúa. La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de un ministro en Visita que investigara lo sucedido.
Las semanas anteriores habían estado marcadas por movilizaciones de comunidades, y por detenciones. En Vilcún, manifestaciones culminaron con la detención de mapuches de la comunidad de Lleupeco, que ocuparon el Fundo Santa Margarita. La fiscalía dictó una orden de desalojo. En Chequenco, más de 100 efectivos de Carabineros e Investigaciones participaron en un operativo destinado a detener a Juan Millacheo Licán, Vicencio Ballotoro Cayún, Juan Necul Marín, Luis Marín Melinao, Juana Cayul, Luis Millacheo Nanco, Juan Millacheo Nanco, René Mario Levio, Carmelito Queipul, Alberto Marín Levío y Juan Marín Melinao. El lunes 14 de mayo se produjo una toma de la Ruta 5 Sur por mapuches, la que fue violentamente reprimida por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Eso es sólo parte del clima que se vive en la región, caracterizado por las organizaciones mapuches como "oleada represiva de los aparatos del Estado". Expresan que esto surge "a raíz de las movilizaciones que durante los tres últimos años han desarrollado las comunidades declaradas en conflicto. Se hostiga a través de la militarización de las regiones VIII y IX, en especial las zonas aledañas a las comunidades. Allanamientos sistemáticos, violencia física, detenciones, procesamientos, etc.".
En la misma línea, el diputado PS Alejandro Navarro expresó: "Estamos llegando a un nivel de alto riesgo en lo que se ha dado en llamar el conflicto mapuche. Ya no se producen incidentes menores. Nos arriesgamos a que los roces, conflictos o, derechamente, los enfrentamientos terminen en hechos graves en que tendremos que lamentar heridos graves, como en esta ocasión o, eventualmente, lo que es peor, muertos de uno y otro lado".
Mapuches caracterizan la represión como "terrorismo de Estado", señalando que con estas acciones, que incluyen la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, "el gobierno se está oponiendo a la recuperación de tierras que pertenecen a las comunidades indígenas. Al pueblo mapuche se le ha declarado la guerra, y ésta ya tiene rehenes, que son los Prisioneros Políticos Mapuches de la 'democracia'". Acusan que la mayoría de los detenidos han sido sometidos a juicios "llenos de arbitrariedades, con testigos falsos pagados, a través de montajes y con pruebas falsas. La acción de los tribunales está bajo presión del empresariado, la derecha y hoy del gobierno".
La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco expresó que: "No solamente habrá sangre mapuche derramada, también lo habrá del lado enemigo, ya que no estamos dispuestos a morir como ovejas. Nos defenderemos y si tenemos que matar, lo haremos".
El sábado pasado fue detenida en Contulmo, María Llanquileo. Puesta a disposición del juez Araya, que investiga los hechos de Lleu Lleu, éste ordenó además la detención de Juan Llanquileo, Jaime Cona Tranamil, José Marihuén, Bautista Ancalao Necul y José Huenchunao Marinán, que aún no han sido detenidos. Hace unos días se puso en libertad a pehuenches que participaron de una manifestación y corte de caminos entre Ralco y Trapa Trapa.
La Coordinadora informa que existen más de 200 mapuches procesados por la justicia en la Región de la Araucanía y de Bío Bío. Y esa cifra fácilmente puede aumentar. Algunos han sido sometidos por la justicia a "dobles procesamientos".

CASO TIRUA Y MANIFESTACIONES

Verónica Herrera, jueza de Cañete, dejó en libertad incondicional a los cuatro comuneros mapuches baleados en Tirúa por Investigaciones. En ese tribunal, el abogado Pablo Ortega interpuso, el 22 de mayo, una querella por homicidio frustrado contra los responsables de las lesiones ocasionadas a los mapuches. Según el abogado, los antecedentes confirman la versión de los mapuches: "Ellos reaccionaron ante la detención de un comunero de apellido Marihuén que fue confundido por los policías con Juan Marihuén, contra quien existe una orden de detención por Ley de Seguridad Interior del Estado".
La jueza Herrera tendrá que resolver si acoge a trámite esta presentación, ya que además investiga la querella que interpusiera contra los mapuches la Policía de Investigaciones.
Este miércoles, el abogado Roberto Celedón, en representación de familiares de los mapuches heridos a bala, del alcalde, el consejero de CONADI Miguel Liguempi y el diputado Navarro, también se querelló, luego que fuera negada la solicitud de un ministro en visita.
El viernes 18, en Santiago, unas 500 personas marcharon desde Plaza Italia por la Alameda convocadas por organizaciones mapuches. En todo momento fueron hostilizados por Carabineros, quienes patearon y empujaron a los manifestantes frente a la Biblioteca Nacional y en calle Estado. Dos mujeres mapuches fueron pateadas en el suelo por la policía, que detuvo a unos 10 manifestantes. Parte de la declaración pública de los mapuches expresa: "Ante la acción represiva que los aparatos del Estado chileno desarrollan en contra de las comunidades mapuche, nos movilizamos:
Apoyando las acciones de nuestras comunidades, que apuntan a la recuperación de las tierras usurpadas y la reconstrucción del Territorio ancestral. Tenemos la firme convicción de que la supervivencia del pueblo mapuche y su cultura sólo va a ser posible en la medida en que se recompongan nuestros espacios territoriales históricos.
Denunciando los terribles hechos ocurridos en la comuna de Tirúa, en que cuatro de nuestros hermanos: Juan Liempi Marihuén, Abel Matihuén Huenupil, Domingo Marihuén Marihuén y Hernán Albornoz Carilao, fueron violentamente agredidos con armas de fuego por Investigaciones.
Rechazando la política terrorista y criminal del gobierno, la que se expresa en la militarización de las zonas en conflicto, allanamientos, detenciones sistemáticas y violencia física que buscan amedrentar a las comunidades mapuches. Entendemos y justificamos la actitud de nuestros hermanos de no acoger las imposiciones del sistema judicial, pues la 'legalidad' que éste representa, a lo largo de la historia ha significado para nuestro pueblo la pérdida de territorio y opresión por parte del Estado chileno y sus intereses económicos. Ni la represión ni el abierto racismo detendrá a nuestras comunidades, que en distintos puntos del territorio se movilizan con la dignidad de todo un pueblo".

Dirigente mapuche en la clandestinidad

José Huenchunao, dirigente mapuche en la clandestinidad, requerido por Ley de Seguridad Interior del Estado, habló en exclusiva con el diario electrónico El Mostrador sobre lo ocurrido en Tirúa:
"Esas balas no vienen de parte de nuestra gente... por ahora. Nunca había pasado esto y es primera vez que a la gente mapuche se le balea, y a la vista de todos (...) se hirió a gente inocente". Agrega: "Esto ayuda a que nuestros vecinos, la gente no mapuche, entienda mejor nuestra lucha, que no es en contra de ellos y ni siquiera contra los chilenos, sino contra los ricos que nos usurpan nuestros derechos y contra las autoridades que se hacen cómplices".
Consultado por el requerimiento en su contra, rsponde que: "Es una decisión política de las comunidades proteger a quienes están siendo perseguidos. Nuestra gente se da cuenta que no es justo que nos encarcelen. En ese sentido, cuando el gobierno incrimina a los mapuche se está equivocando en su proceder, y tendrá que pagar costos políticos por lo que está haciendo. La política de gobierno hoy es de exterminio hacia el pueblo mapuche".
Destaca que después de años de movilizaciones ya existe experiencia de territorios autónomos: "Ya tenemos las primeras experiencias de autonomía en algunos sectores, un control embrionario de territorio, en Tirúa Sur, Traiguén, Contulmo y Rucañanco, lo que ha sido llevado a cabo por nuestras comunidades".

RODRIGO GUERRA 

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