Abogado que los defiende solicitará ese beneficio para indígenas que están recluidos por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. La medida la pedirá para los indígenas que se encuentran recluidos en el recinto penal El Manzano, de Concepción. Se trata de Héctor Llaitul, Avelino Meñaco, Manuel Fren y Nancy Millanao. La defensa no insistirá en pedir la revocación de los autoprocesamientos, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara una petición que había solicitado en tal sentido para dos de los cuatro indígenas recluidos. El Mercurio, 16 de abril de 2001

Abogado que los defiende solicitará ese beneficio para indígenas que están recluidos por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
 

Patricio Gómez

CONCEPCION (Patricio Gómez).- La libertad provisional para cuatro de los nueve mapuches procesados por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, a raíz del ataque incendiario a la hacienda Lleu Lleu, ocurrido en enero en Tirúa, solicitará el abogado que los defiende, Pablo Ortega.

La medida la pedirá para los indígenas que se encuentran recluidos en el recinto penal El Manzano, de Concepción. Se trata de Héctor Llaitul, Avelino Meñaco, Manuel Fren y Nancy Millanao.

La defensa no insistirá en pedir la revocación de los autoprocesamientos, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara una petición que había solicitado en tal sentido para dos de los cuatro indígenas recluidos.

Respecto de los otros cinco mapuches procesados, Segundo Ancalao, José Marihuén, Jaime Cona, Juan Llanquileo y Juan Leuman, éstos no han podido ser ubicados, a pesar de las órdenes de detención en su contra emitidas por el ministro sumariante, Eliseo Araya, que sustancia el proceso por el requerimiento hecho por el gobierno.

La hacienda Lleu-Lleu, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal Rondanelli, ha sido objeto de seis atentados incendiarios desde 1998 a la fecha. El predio se ubica en las riberas del lago Lleu-Lleu y su dueño contempla desarrollar allí un proyecto turístico por US$ 45 millones, el que se encuentra paralizado a raíz de esas acciones.

En tanto los familiares de los mapuches procesados insistieron ayer en que la causa que sustancia el ministro Araya "está viciada y es injusta", dado que se les pretende inculpar en hechos que no participaron. Denunciaron que fueron objeto de procedimientos ilegales de parte de la policía civil con "amenazas y prolongados interrogatorios" para que se declaren culpables y acusen a otros mapuches.

Nancy Millanao, en una nota manuscrita que hizo llegar a la prensa, dijo que fue amenazada para firmar una declaración inculpatoria y que desmiente todo lo que señaló bajo esas condiciones.

Si bien la radicalizada Coordinadora Arauco Malleco ha desarrollado en la provincia de Arauco y Concepción una activa campaña para lograr la solidaridad con los procesados, no ha tenido mayor éxito. La única acción de cierta relevancia se produjo el jueves pasado, cuando unos 50 manifestantes, incluidos 20 encapuchados, obstaculizaron el tráfico frente a la Casa del Arte de la Universidad de Concepción y lanzaron algunos artefactos incendiarios hacia vehículos policiales y particulares. Los hechos culminaron sin detenidos.

En la provincia de Arauco, la gran mayoría de las 100 comunidades mapuches existentes responden a la conducción de la moderada Entidad Territorial Lafquenche, que lidera el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur. Si bien también ante la falta de respuesta a sus demandas de tierras realizan movilizaciones como las ocupaciones productivas de fundos, sus miembros no aparecen vinculados a hechos de violencia.

Una situación distinta ocurre con unas diez comunidades mapuches vinculadas a la Coordinadora, dado que una docena de indígenas que las integran han sido procesados por los tribunales de la provincia de Arauco, incluyendo su vocero José Huenchunao por su participación en acciones de violencia hacia predios forestales y de particulares.

Enlace al artículo original.