Luis Llanquilef, vocero del movimiento mapuche Identidad Lafquenche de Arauco, Octava Región, denunció ayer que el jefe de la división de Patrimonio Cultural de la Conadi, Cristián Catricura, les ofreció a las comunidades que representa que se tomaran un fundo de Cañete, con el fin de presionar a la Conadi para su compra, y un porcentaje de la venta de las tierras. La Tercera en Internet, 2 de junio de 2001

Investigan compras irregulares y sobretasaciones
Nuevos casos de fraude en tierra mapuche

Al escándalo en el Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) se agregaron ayer cinco nuevas ventas cuestionadas. En una de ellas se pagó $1.350 millones por un fundo que valía casi la mitad.
 

Fredy Palomera/Temuco

Las tomas de terrenos están hoy bajo sospecha. Una de las figuras que se investiga es la relación entre los corredores de propiedades, las comunidades indígenas y los dueños de las tierras al momento de definir la oferta y precio de un terreno.  (Foto: COPESA) Denuncian que la Conadi instigó una toma en Cañete Luis Llanquilef, vocero del movimiento mapuche Identidad Lafquenche de Arauco, Octava Región, denunció ayer que el jefe de la división de Patrimonio Cultural de la Conadi, Cristián Catricura, les ofreció a las comunidades que representa que se tomaran un fundo de Cañete, con el fin de presionar a la Conadi para su compra, y un porcentaje de la venta de las tierras. Llanquilef afirmó a La Tercera que formalizará esta denuncia ante las autoridades nacionales de la Conadi y la justicia el próximo lunes.  El vocero explicó que la segunda semana de febrero se contactó con él un mensajero de Catricura para ofrecerle que se tomaran el fundo Butamalal, a 30 kilómetros de Cañete. El enviado le comunicó que después podrían solicitar "la presencia del director nacional de la Conadi y del responsable del conflicto, el consejero Santos Millao" para que ellos llegaran a un acuerdo con los dueños. Llanquilef sostuvo que el sujeto que lo contactó -a quien no pudo identificar- le prometió que del precio total de la venta "podrían hacernos llegar el 10%". Afirmó también que Catricura le envió una escritura del fundo, perteneciente a la Sociedad Maderera Nahuelbuta S.A. y con una extensión de 2 mil 502 hectáreas.  Llanquilef aclaró que no denunciaron el hecho antes, porque estaban esperando que alguien más se tomara el fundo, ya que el ofrecimiento había llegado a otras comunidades. "Eso no sucedió, pero ahora se destapó todo esto (la denuncia en la Novena Región), por lo que nos parece normal denunciarlo y aportar como una prueba de la corrupción que existe al interior de la Conadi", afirmó.  Catricura desmintió estas acusaciones, señalando que "yo no tengo nada que ver en ese asunto. Creo que están enlodando mi nombre y me guardo las acciones pertinentes para querellarme por injurias". Desde Temuco, expresó que "hay motivaciones políticas y deseos de salir en la prensa tras esta denuncia. No sé si este señor -Llanquilef, a quien afirma no conocer- será candidato a algo". Aclaró que su trabajo en la Conadi se orienta al cuidado y protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico de las comunidades indígenas y no con la compra de tierras.

 La información solicitada por los fiscales se refiere a negociaciones efectuadas el año pasado y a otras que están actualmente en proceso de adquisición (con valores por hectárea que van de uno a dos millones de pesos), y que se agregan a las cuatro transacciones denunciadas la semana pasada por la propia corporación ante la justicia.

 Los hechos -cuyas carpetas están en manos de los tres fiscales que estudian el caso- se refieren a algunas denuncias que ya se habían dado a conocer el año pasado y otras que han aparecido en medio de la investigación sobre el accionar de la Conadi.

 El ambiente en el organismo con sede en Temuco está hoy cruzado por las recriminaciones internas y la molestia de algunos funcionarios con la ministra de Mideplán, Alejandra Krauss, y el director de la Corporación, Edgardo Lienlaf, por lo que algunos califican como "injurias y calumnias".

 Respecto de la investigación el fiscal Alejandro Ivelic señaló que se han producido avances significativos en la recopilación de antecedentes que les permitirán determinar "si hay hechos constitutivos de delito en las diferentes etapas del proceso de compra de tierras, donde no se descarta la intervención de terceros". Para esto ya se ha tomado declaración a los tasadores que trabajan para la Conadi y a varios de los particulares que han vendido tierras.
 
 

Dudas

 A esto se suma la "especialización" en venta de tierras a la Conadi que hoy ostentan cerca de ocho corredores de propiedades de Temuco. La Conadi ha recibido cerca de mil ofertas de tierras de parte de sus propietarios y de algunos intermediarios.

 Así, se hace difícil discernir cuándo las ventas han sido motivadas por la comunidad que las solicita o por el privado que las ofrece.

 En el caso de los sobreprecios, es necesario determinar cuándo los pagos excedieron con creces la tasación, pues -según fuentes de Conadi- el Fondo de Tierras sólo podía pagar hasta 10 % más del precio tasado como estrategia de negociación.
 
 

Nuevos casos

 Esta decisión fue cuestionada hace un año por los consejeros de la Conadi, quienes denunciaron que la autoridad no había respetado los procedimientos.

 La compra de uno de los predios aprobada por este acuerdo es el que favorece a la comunidad Juan Canuleo Pinoleo con 650 hectáreas en 900 millones de pesos, que pertenece a los hermanos Alfonso y Andrés Arribé.

 La irregularidad investigada es que la comunidad sería injustamente favorecida por el artículo 20 letra B, pues el grupo en cuestión no cumple con los requisitos necesarios para postular a este beneficio.

 En Mideplán desvirtuaron esta acusación, indicando que la compra se realizó con el acuerdo del Consejo.

 2. También se estudia el trato del director del organismo, Edgardo Lienlaf, a favor de la comunidad Ignacio Cheuquemilla de Purén -que tampoco cumple los requisistos del artículo 20- donde se aprobó la compra de 400 hectáreas a Juan Widner, por un monto de dos millones 300 mil pesos cada hectárea, lo que dio un total de 920 millones de pesos.

 3. Otro de los antecedentes que analiza la fiscalía es la compra del fundo La Unión y Los Tiros, en la comuna de Traiguén, en mayo de 1999, donde se pagaron 1.350 millones de pesos por un total de 700 hectáreas que benefició a la comunidad de Temu Lemu Grande. Cada una de las hectáreas del fundo fue pagada en casi dos millones de pesos, cuando en realidad no se debió cancelar más de un millón.

 La información que se hizo llegar a la fiscalía indica que la tasación fue mal hecha, pues sobrevaloró el fundo. Además, su compra se decidió de forma extremadamente rápida, lo que en su oportunidad extrañó a los funcionarios de esa repartición.

 En esta transacción, el intermediario fue el ex consejero de Conadi, Francisco Chódiman.

 4. La otra compra en revisión se refiere a la adquisición de 390 hectáreas en 660 millones de pesos para la comunidad Catrío Ñancul, con el fundo Las Casas de Pemu Lemu, en Collipulli, realizada a comienzos de año. Se indica que se habría sobrevalorado el predio según la tasación original de diciembre del año pasado (lo que fue impugnado desde Mideplán) y que el precio final se acordó "a puertas cerradas" entre el el intermediario Julio Fuentes y Lienlaf.

 5. También se dio cuenta de la interferencia de autoridades ajenas a la Conadi -lo que no corresponde según los procedimientos- en el caso del fundo Tranaquepe, lotes A y B, en Purén, donde se compraron 350 hectáreas en 1.100 millones de pesos, al particular Ulises Venturelli.

 Consultados por estos hechos, el fiscal Ivelic señaló que su investigación es "muy amplia" y que aún no ha podido evaluar en detalle toda la documentación que les ha llegado. Aclaró que "hay muchas cosas que podrían ser constitutivas de irregularidades administrativas y no de delitos"
 

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