Una acuciosa investigación realiza el ministro Eliseo Araya en el Juzgado de Letras de Cañete, en el marco del requerimiento presentado por el intendente Jaime Tohá, que solicitó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por los incidentes protagonizados por un grupo mapuches el 26 de enero en la hacienda Lleu-Lleu.El magistrado sumariante continuará hoy con su trabajo, no descartándose que las indagaciones que complete puedan ser las últimas antes de pronunciarse sobre si los indígenas infringieron el orden público, destruyeron maquinaria agrícola y obstruyeron los caminos. De no allegar al expediente antecedentes para probar la infracción a la normativa invocada por el gobierno, el juez Araya tendría que resolver el sobreseimiento de la causa, pues no existirían méritos para procesar a algunos de los mapuches requeridos. Diario El Sur, 10 de febrero de 2001
sábado 10 de febrero de 2001
Mujeres de Comunidad Pascual Coña
Ministro Araya
interrogó a mapuches
- Diligencia se prolongó por siete horas. Indagaciones siguen hoy y no se descarta que puedan ser las últimas antes de pronunciarse sobre si los indígenas infringieron el orden público, destruyeron maquinaria agrícola y obstruyeron los caminos.
El magistrado sumariante continuará hoy con su trabajo, no descartándose que las indagaciones que complete puedan ser las últimas antes de pronunciarse sobre si los indígenas infringieron el orden público, destruyeron maquinaria agrícola y obstruyeron los caminos.
De no allegar al expediente antecedentes para probar la infracción a la normativa invocada por el gobierno, el juez Araya tendría que resolver el sobreseimiento de la causa, pues no existirían méritos para procesar a algunos de los mapuches requeridos.
Entre las diligencias efectuadas ayer por el alto magistrado estuvo el interrogatorio a cuatro mujeres miembros de la Comunidad Pascual Coña. Las declaraciones se tomaron en dependencias del tribunal cañetino entre las 9 y las 16 horas.
Las testigos fueron consultadas, tanto por el ministro Araya como por efectivos de Investigaciones que interrogaron paralelamente en otro despacho del juzgado, sobre los hechos acaecidos en Lleu-Lleu hace dos semanas, así como lo que sabían de las acciones que realizan los indígenas requeridos.
Los comuneros que han declarado en la causa en calidad de testigos, así como los que han sido interrogados en calidad de inculpados, insistirían en que la acción del 26 de enero, donde se quemó rastrojo de trigo, tenía como propósito llamar la atención del gobierno respecto del problema indígena. La Comunidad Pascual Coña reinició un plan para demandar la devolución de tierras que asegura les pertenecen desde hace siglos.
A raíz de los hechos denunciados por el gobierno, los tribunales ordinarios y militares abrieron tres procesos paralelos. En el que instruye la Primera Fiscalía Militar penquista por maltrato de obra a Carabineros se dictaron encausamientos contra tres líderes indígenas, los cuales apelaron ante la Corte Marcial.
En el sumario incoado en el Juzgado de Letras de Cañete para investigar el incendio, la magistrada (s) Verónica Herrera Ocares procesó a dos comuneros. Esa resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Por último está el requerimiento que instruye el ministro Araya, y en el cual no existen aún resoluciones importantes. El alto magistrado está abocado a establecer los hechos para determinar si prospera o no la acción del gobierno.
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