El gobierno ha aplicado contra los mapuches en tres ocasiones la Ley de Seguridad Interior del Estado, durante los a¤os 1999, 2000 y 2001. Dos veces en la IX Regi¢n, y una en la VIII. El abogado Pablo Ortega lleva una cincuentena de casos en defensa de los mapuches, principalmente en la zona de Lleu-Lleu, Tir£a y Collipulli. Conversamos con ‚l sobre la situaci¢n que enfrentan los mapuches luego del baleo en Tirúa. El Siglo, 8 de junio de 2001

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Racismo, pruebas falsas, ley de seguridad interior...
Mapuches versus "legalidad" chilena

El gobierno ha aplicado contra los mapuches en tres ocasiones la Ley de Seguridad Interior del Estado, durante los a¤os 1999, 2000 y 2001. Dos veces en la IX Regi¢n, y una en la VIII. El abogado Pablo Ortega lleva una cincuentena de casos en defensa de los mapuches, principalmente en la zona de Lleu-Lleu, Tir£a y Collipulli. Conversamos con ‚l sobre la situaci¢n que enfrentan los mapuches luego del baleo en Tir£a.

-¨Qu‚ opina sobre el baleo contra mapuches en Tir£a?
"Es tal vez lo m s grave que ha acontecido. Me da una sensaci¢n de tristeza muy grande, porque autoridades que alguna vez fueron perseguidos pol¡ticos avalan estas acciones. Eso nos demuestra que la humanidad parece no tener memoria. El Intendente se reuni¢ cinco minutos con el Prefecto de Investigaciones, y luego aval¢ la acci¢n represiva, lo que ni siquiera el Prefecto hizo tan desenfadadamente ya que al menos dijo iba a realizar un sumario.
Al se¤or Toh  se le recordar  como quien en la VIII Regi¢n destruy¢ la cultura minera, y ahora avala la mayor represi¢n contra mapuches. Es muy lamentable y representa un peligros¡simo precedente, porque si hoy la autoridad pol¡tica avala un baleo por la espalda, ma¤ana pueden ser muertes. Hoy, Carabineros dispara balines a la cabeza de los comuneros a menos de dos metros, disparan contra ni¤os de 10 a¤os. Aqu¡, claramente, hay un respaldo pol¡tico detr s de esta represi¢n brutal".

-¨Se esperaba este aumento de la represi¢n? ¨Cu l es el ambiente que existe en la zona?
"Creo que nadie esperaba que el gobierno de Ricardo Lagos fuese tan brutal. Sus promesas electorales hicieron albergar alguna esperanza de que cambiara el sentido del gobierno de Frei, incluso sabiendo que la correlaci¢n de fuerzas del Congreso y el poder de los grupos econ¢micos no dan mucho margen de acci¢n. Pensamos que ser¡a al menos m s honesto, pero las mayores represiones han sido avaladas por su gobierno, lo que es escandaloso".

-En Radio B¡o-B¡o, usted solicit¢ que el Departamento V de La Polic¡a Civil investigue el proceder en Tir£a. ¨Qu‚ aspectos de esta operativo estar¡an fuera de la legalidad?
"Investigaciones cometi¢ errores operativos evidentes. Intentar 'detener' a un mapuche en medio de una multitud, sabiendo que para ellos los procesamientos por Ley de Seguridad Interior del Estado son una persecuci¢n pol¡tica injusta, no resiste ning£n an lisis. Debieron prever que al menos se producir¡an 'forcejeos'. ¨Por qu‚ lo hicieron con toda la gente? Adem s, no se identificaron. Que a un mapuche se le venga encima un 'vendedor ambulante', obviamente se va a defender. Los polic¡as andaban como vendedores ambulantes, otros en una camioneta del Servicio de Salud. Seg£n nuestros antecedentes, detuvieron a la persona equivocada... Disparar de esa manera a la multitud y frente a una escuela, fue brutal. A los mapuches se les dispar¢ por la espalda. Entonces, no existe una hip¢tesis de 'defensa propia'".

-La Coordinadora Arauco-Malleco ha denunciado que en los procesos, por ejemplo el de Julio Huentecura, hay adulteraci¢n de pruebas. ¨Ha detectado otras en las causas que defiende?
"Respecto de las desventajas de los mapuches en los tribunales chilenos distingo, primero, el racismo -consciente o inconsciente- de funcionarios del Estado, desde judiciales hasta pol¡ticos, que hace que al llegar un mapuche al tribunal no opere la 'presunci¢n de inocencia'. Inmediatamente se presume su culpabilidad, y el tema es saber de qu‚... Es muy frustrante presentar pruebas de su inocencia, alegar ante los jueces, y simplemente se desestima nuestra defensa. Por el contrario, de cierta manera se 'apoya' a los testigos que presentan las forestales, que siempre son los mismos. Incluso son funcionarios de esas empresas. Hay denuncias precisas, hasta con incautaci¢n del dinero que han pagado las forestales a 'testigos' para inculpar a mapuches, y paradojalmente no existe ning£n procesado por eso. Hay una desventaja ideol¢gica debido al racismo subyacente en la sociedad chilena. En segundo lugar, existen claras 'adulteraciones', desde que se le pague a testigos y que ‚stos digan 'me pagaron tanto y aqu¡ est  el dinero', personas pobres que dicen 'me pagaron 500 mil pesos', hasta otros a los que se ha amenazado".

-¨Qu‚ ocurre con la aplicaci¢n de la Ley de Seguridad Interior del Estado?
"S¢lo a mapuches les pasa que una persona est‚ 14 d¡as incomunicada, y sucedi¢ en una causa por Ley de Seguridad Interior. Obviamente, presentamos recursos de amparo, pero fueron desechados porque se estableci¢ el 'razonamiento' de que por un hecho se le siguen dos juicios, uno en el Juzgado de Collipulli y otro por infracci¢n a la Ley de Seguridad Interior. De esta forma, permaneci¢ unos d¡as incomunicado en uno, y otros d¡as en la otra causa, y dijeron que 'todo era legal'. Lo otro, son los procesamientos dos o tres veces por los mismos hechos que se investigan, lo que viola un principio b sico de la jurisprudencia. Ninguna persona puede ser juzgada m s de una vez por los mismos hechos, sin embargo mapuches son juzgados dos y hasta tres veces. Se les aplica la Ley de Seguridad Interior, procesamientos en Tribunales de Letras y, adem s, la Justicia Militar.
Se articula todo el Estado -Justicia Militar, Tribunales civiles, sistema pol¡tico-, en contra de los mapuches, lo que hace extremadamente dif¡cil su defensa. Tenemos que lidiar primero contra el racismo hist¢rico y la adulteraci¢n de pruebas. Por ejemplo, en un oficio de Carabineros se dice que 'encontraron el carn‚ de identidad de una persona en el lugar de los hechos', pero queda demostrado en el proceso que 'un funcionario de Forestal Mininco les pas¢ el carn‚'. Eso es muy grave. Hemos presentado querellas por 'adulteraci¢n ideol¢gica de instrumento p£blico' en la Justicia Militar. Adem s, la aplicaci¢n de la Ley de Seguridad Interior del Estado es un atentado al Estado de derecho. ¨C¢mo se explica que los mismos que en dictadura denunciaban esa ley como 'antidemocr tica', usada para 'perseguir por razones pol¡ticas', sean los que la aplican sin asco? Hay un doble est ndar evidente".

-En la IX Regi¢n se est  aplicando la Reforma Procesal Penal. ¨C¢mo afecta, para el procesamiento de los mapuches, esta reforma?
"Como abogado penalista, pienso que cualquier reforma al sistema penal chileno es buena. No obstante, en este caso he representado comuneros de  Perquenco, de Ercilla, y las Fiscal¡as est n muy influenciadas pol¡ticamente por el Fiscal Nacional para dar golpes a los mapuches. Algunos funcionarios han reconocido que se los insta a actuar de la forma 'm s dura'. Se los acusa de hurtos, de tres o cuatro robos, secuestros, asociaci¢n il¡cita, porte de armas, incendio, etc. Adem s, se los inculpa de 'asociaci¢n il¡cita' porque tienen lonkos y una forma de organizaci¢n propia. ¨Est n diciendo que la organizaci¢n inmemorial de los pueblos originarios es una asociaci¢n il¡cita? Eso es un juicio a la cultura mapuche.
El m‚rito m s grande del movimiento mapuche es cambiar la conciencia de los chilenos. Hoy existe un mayor respeto, logrado s¢lo por su lucha y movilizaci¢n social. Existe, sin embargo, el peligro de que el Estado siga reprimiendo para detener este movimiento. Los gobiernos concertacionistas, hasta los sucesos de Tir£a, hab¡an respetado la vida, pero esa situaci¢n se cambi¢ brutalmente.
La sociedad civil no puede permitir esto, si no ser¡amos c¢mplices de un nuevo genocidio. No olvidemos que el Estado chileno fue el que extermin¢ a la poblaci¢n mapuche entre 1891 y 1904. Hoy existen medios de comunicaci¢n, y la sociedad chilena no puede permanecer indiferente. No podemos avalar un etnocidio, es decir la desaparici¢n cultural. Se debe detener la represi¢n. No podemos ser c¢mplices".

"Error"

Unos 200 comuneros mapuches de las comunidades Domingo Trangol y Cano Antilao, exigieron la restituci¢n de predios usurpados. Fueron violentamente reprimidos por Carabineros, lo que se pudo observar incluso en im genes de TV, donde se ve¡a a los polic¡as simplemente disparando contra los manifestantes. Las protestas se extendieron por la noche del 30 de mayo, en la Ruta 5 Sur, cerca de Victoria. Las violentas im genes causaron la indignaci¢n de las comunidades mapuches. Los comuneros demandan la restituci¢n de predios del sector Puente Quino y Fundo El Hulmo. Luego que la actitud de Carabineros fuera ampliamente criticada por la comunidad, el propio ministro de Interior (s) Jorge Burgos, debi¢ reconocer que "existi¢ un error de procedimiento".
ANA MUGA-RODRIGO GUERRA

COIMAS en CONADI

El Ministerio P£blico est  investigando las irregularidades en la adquisici¢n de terrenos a trav‚s del Fondo de Tierras y Aguas (FTA) de CONADI. Hasta ahora se ha ordenado la incautaci¢n de documentos y archivos del FTA de la sede en Temuco. La denuncia, interpuesta por la fiscal de CONADI Andrea Reyes, ante los fiscales Alejandro Ivelic, Luis Torres y Jaime Pino, del Ministerio P£blico, se refiere a una red de gesti¢n il¡cita en la compra de tierras en la IX Regi¢n, integrada por funcionarios en ejercicio y ex empleados del organismo que "trabajaban" junto a corredores de propiedades y notarios, obteniendo comisiones millonarias con los dineros destinados a la adquisici¢n de tierras. Se inici¢ la revisi¢n de casos correspondientes a negociaciones de fines del a¤o pasado y comienzos de 2001, llevadas a cabo por la Unidad de Fondo de Tierras, dependiente de la subdirecci¢n sur del organismo.
El director de CONADI, Edgardo Lienlaf, define los problemas como "hechos aislados", acotados a 4 ¢ 5 situaciones espec¡ficas, sin embargo existen antecedentes de que este tipo de operaciones se inici¢ en 1997.
S¢lo hace dos a¤os, la C mara de Diputados recab¢ antecedentes de las irregularidades en su funcionamiento. Numerosas denuncias de comunidades mapuches y sus organizaciones hablan de la existencia de especuladores que intermedian en las ventas elevando los valores, sobreprecio pagado por CONADI a particulares por terrenos, existencia de coimas y transacci¢n de predios inexistentes.
La investigaci¢n se extiende al Departamento Jur¡dico del organismo. En "compras" efectuadas en los £ltimos meses, el FTA negoci¢ elevadas sumas por hect rea de terreno, que oscilaron entre los 114 mil y los 8 millones de pesos.
La Contralor¡a design¢ un fiscal para investigar las irregularidades. Sumarios anteriores determinaron la expulsi¢n del primer director de CONADI, Mauricio Huenchulaf, problemas en rendiciones de fondos, gastos sin respaldo, contrataciones y designaciones de personal irregulares. Durante la
administraci¢n de Huenchulaf, en 1997, se denunci¢ que CONADI pag¢ sobreprecios de hasta 120 millones por predios de la IX y X regiones. Sin embargo, dicho sumario no encontr¢ delitos, s¢lo problemas administrativos.
La comisi¢n de la C mara de Diputados que en 1998 investig¢ las denuncias reconoci¢ el "mal uso de recursos" por alrededor de 780 millones de pesos, de los cuales 277 millones correspond¡an a gastos sin respaldo.
Para Auc n Huilcam n, vocero del Consejo de Todas las Tierras, "este tipo de situaciones las hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, las autoridades nunca nos creyeron o hicieron o¡dos sordos". Agrega que "funcionarios nombrados por CONADI para coordinar sus pol¡ticas en los municipios se convirtieron en gestores de compras de terrenos".
Diversas comunidades ind¡genas han entregado antecedentes de estos "gestores". Se menciona a Nepomuceno Paillalef, que se desempe¤¢ como jefe del FTA, a un actual funcionario de CONADI, de apellido Llaupe, entre otros. La Asociaci¢n ¥ancucheo de Lumaco acusa al consejero Jos‚ Santos Millao, y al delegado de CONADI Salvador Ra¡n.
La extensa reuni¢n de CONADI convocada por Lienlaf, el lunes 4 de junio, no pudo alejar la pol‚mica. Los consejeros Hilario Huirilef y Jos‚ Santos Millao criticaron duramente las irregularidades y el manejo pol¡tico que se est  haciendo del tema. Huirilef se neg¢ a firmar la declaraci¢n p£blica preparada por Lienlaf, exigiendo que se entregaran todos los antecedentes del caso.
Los consejeros Jos‚ Llancap n y Miguel Liguempi se manifestaron por que se  investiguen las "compras" de 1998-1999, extendi‚ndola a todos los programas que tienen las subdirecciones de CONADI y se¤alando que las irregularidades se podr¡an haber evitado si tuvieran mayores atribuciones para fiscalizar.
RODRIGO GUERRA

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