El abogado Roberto Celedón, patrocinante de la causa, explicó que el ilícito de los detectives ''está en la forma en cómo dieron cumplimiento'' a la orden de detención de un mapuche requerido por ley de Seguridad Interior del Estado. Celedón explicó que los funcionarios, contraviniendo disposiciones del Código Penal, actuaron ''disfrazados de vendedores ambulantes en un operativo encubierto, en vehículos de particules y sin identificarse. No se intimó en forma legal la orden de detención''. Diario El Sur, 29 de mayo de 2001
Infracción al Código
Penal en Tirúa
Mapuches se querellan en
contra de cinco detectives
- Ilícito de los funcionarios ''está en la forma en cómo dieron cumplimiento'' a una orden de aprehensión dictada por el tribunal, dijo el abogado Roberto Celedón, patrocinante de la causa.
El abogado Roberto Celedón, patrocinante de la causa, explicó que el ilícito de los detectives ''está en la forma en cómo dieron cumplimiento'' a la orden de detención de un mapuche requerido por ley de Seguridad Interior del Estado, en el proceso que lleva el juez instructor Eliseo Araya Araya, situación que motivó una reacción colectiva de la comunidad ''ante la petición de auxilio de quien estaba siendo detenido por desconocidos''.
Celedón explicó que los funcionarios, contraviniendo disposiciones del Código Penal, actuaron ''disfrazados de vendedores ambulantes en un operativo encubierto, en vehículos de particules y sin identificarse. No se intimó en forma legal la orden de detención''.
Los hechos se sucedieron el martes 15, en las afueras de las oficinas del INP, en Tirúa, cuando los policías intentaron detener a Domingo Marihuen Marín, a quien confundieron con José Marihuen Marihuen, quien en definitiva estaba siendo requerido por el tribunal.
En el incidente, cuatro mapuches -uno de ellos sordomudo- resultaron gravemente heridos a bala y siete detectives golpeados con piedras y palos.
La querella contra los detectives Luis Reyes, Luis Sáez, Mauro Mercado, Jaime Monsalvez, Roberto Rey y, en contra de quienes resulten responsables, fue presentada por Juan Bautista Liempi Pailaya; Abel Alonso Marihuen Huenupil (sordomudo), Hernán Sebastián Albornoz Carilao y Rosaría Huenupil Antilao. La mujer, inválida, dijo que su esposo Juan Bautista Liempi había concurrido al centro de pagos del INP a retirar su pensión de invalidez, de 53 mil pesos, suma que, además está extraviada.
Aparte, el diputado Alejandro Navarro, el alcalde Adolfo Millabur y Miguel Liguempi, consejero nacional de la Conadi y otros dirigentes mapuches formalizaron una denuncia por los mismos delitos tipificados y sancionados por los artículos 255 y 397 del Código Penal, ante el tribunal de Cañete.
| ©2000 todos los derechos reservados para Diario del Sur S.A. |
