Cuatro de los seis solicitantes ingresaron a la sede diplomática Mapuches piden asilo político en embajada de Suecia

Mapuches piden asilo político en embajada de Suecia
 

Un grupo compuesto por cuatro dirigentes mapuches solicitó al embajador sueco, Arne Rodin, el asilo en base "a la grave situación de violación a los derechos humanos que se ha convertido en un conjunto de actos reiterados de persecución en contra de los dirigentes mapuches". Tres de los solicitantes están con orden de arraigo.
 

El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que hoy harán una conferencia de prensa para pedir la intervención de las Naciones Unidas en el conflicto.

Seis mapuches habían pedido ayer asilo político al gobierno sueco. Mientras en Santiago otros cuatro ingresaron a la sede diplomática solicitando a las autoridades diplomáticas protección, ya que -según denunciaron- en Chile existe una persecución política y judicial en su contra.

Entre los personeros que reclaman el derecho a asilo se encuentran el segundo y tercer hombre del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander y José Nain, respectivamente. Además, Héctor Castillo Ñancucheo, de la comunidad Malalche Rincón; Pedro Paine Tranamil, de la comunidad Trapatrapa y Dionisio Queipul, de la comunidad de Temucuicui; y Adán Ayenao. De estos seis, sólo Nain y Allanao no ingresaron ayer a la embajada.

Sin embargo, tres de los solicitantes: Manuel Santander, José Nain y Adán Ayenao, se encuentran con orden de arraigo, acusados de “atentado y agresión a Carabineros”, durante el allanamiento a la sede del Consejo de Todas las Tierras.

Los fundamentos

A través de una carta dirigida al embajador sueco, Arne Rodin, los cuatro comuneros restantes denunciaron que solicitaban protección de ese país considerando "la grave situación de violación a los derechos humanos que se ha convertido en un conjunto de actos reiterados de persecución en contra de los dirigentes mapuches".

En la misiva, los dirigentes expusieron que durante los últimos meses las organizaciones mapuche y, en el especial, el Consejo de Todas las Tierras "son objeto de una abierta persecución, mediante medidas judiciales que constituyen una clara violación a los derechos humanos protegidos por los instrumentos internacionales".

Y añaden: "La persecución se ha manifestado a través de reiterados actos de represión policial, efectuando allanamientos ilegales a las instituciones y comunidades mapuches. Los dirigentes mapuches han sido acusados de presuntos delitos de asociación ilícita y usurpación de tierras. En otros casos se ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, la que tiene un propósito estrictamente político" y concluyen que por este mismo motivo algunos dirigentes han sido "procesados, acusados y condenados".

Los dirigentes invocan el “artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre Asilo Territorial y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XXVII” para pedir el asilo.

Según explicó el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, a este medio, se pidió el asilo a la embajada de Suecia, ya que “es conocida internacionalmente como un país que ha promovido y protegido los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas”. En tanto, en la sede diplomática sólo dijeron que, por el momento, “no hay comentarios”.

Irregularidades en procedimientos

Los comuneros mapuches hacen un detallado análisis de las razones por las que han sido atropellados sus derechos humanos, señalando que “en ningún caso nos hemos nos hemos organizado para cometer o perpetrar delitos en contra de nadie, por tanto, la tipifación de asociación ilícita (que se les ha aplicado), se contradice abiertamente con la propia legislación indígena y el derecho internacional sobre Pueblos Indígenas”.

Huilcamán, en tanto, señaló que uno de los principales problemas que los “obliga” a pedir asilo en Suecia es la aplicación de la Reforma Procesal Penal que se está llevando a cabo en la Novena Región. Según explicó los tribunales están aplicando el criterio de la “negación”; es decir, no asumir las variables étnicas o culturales del accionar mapuche.

El werken se reunió ayer por la mañana con el defensor público, Alex Carocca, a quien le planteó las aprensiones que tiene respecto a cómo se ha implementado la reforma.

En la carta, además, denuncian que la sede del Consejo de Todas las Tierras fue allanada “mediante un proceso ilegal. No se desconoce que existió una orden judicial, pero no se exhibió la orden judicial para comprender su alcance, además no se registró totalmente los materiales sustraídos”.

Denuncian también que “el allanamiento se realizó como consecuencia de la investigación que lleva el fiscal Alberto Chiffelle, en contra de la comunidad Domingo Trangol que reivindica los derechos territoriales de los familiares directos del señor Chiffelle. Por tanto, es ilegal su participación porque viola el artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público y viola el artículo 1 de la ley indígena”.

El factor reforma

Según explican al embajador sueco, en el actual sistema penal de la Novena Región, las comunidades mapuches “no disponen de los recursos institucionales adecuados ante los tribunales. La Reforma Procesal está guiada por criterios de la doctrina jurídica de la negación y en la gran mayoría de los casos las comunidades mapuches no han tenido un traductor idóneo. En la gran mayoría de los casos se han procesado a personas casi monolingüe y muy especialmente a las autoridades tradicionales , quienes no han tenido un traductor competente”.

En este sentido Huilcamán señaló a El Mostrador.cl que el anuncio del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, de instruir al defensor público para que cree una oficina que se encargue de los casos vinculados a las comunidades indígenas, es “sólo un asunto de forma, ya que el problema de fondo es que las autoridades no están contemplando la cultura mapuche”.

Explica, por ejemplo, que en el caso de algunas comunidades acusadas de asociación ilícita se le ha prohibido al lonko reunirse con su gente. Sin embargo, señaló, no tomaron en cuenta que las comunidades son familias y que viven todos en el mismo lugar.

Agregó que lo que piden en estos momentos es que se garantice el derecho a ser considerados como una cultura diferente e incluir en la reforma, por ejemplo, los mecanismos de resolución de conflictos que las mismas comunidades poseen.

Movilizaciones

El werken del Consejo de Todas las Tierras señaló también que las comunidades de la Novena Región siguen movilizándose.

Actualmente hay dos predios tomados; uno por la comunidad Cuyinco, en la comuna de Imperial y otro en Galvarino por la comunidad de Rucatraro. Ambos predios son propiedad de la Forestal Mininco.