?n oficial de iniciar investigaciones judiciales y administrativas en el Fondo de Tierras de la Conadi, por presuntas coimas y otras irregularidades, impactó a la opinión pública. A continuación, revelamos una parte de los procedimientos empleados por el organismo para la adquisición de predios en el sur del país.  El Metropolitano, 1 de junio de 2001

Reportajes

Las raíces del escándalo en la Conadi
 
 

La decisión oficial de iniciar investigaciones judiciales y administrativas en el Fondo de Tierras de la Conadi, por presuntas coimas y otras irregularidades, impactó a la opinión pública. A continuación, revelamos una parte de los procedimientos empleados por el organismo para la adquisición de predios en el sur del país.

Por años, el Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) fue presentado por los gobiernos de la Concertación como el supremo paradigma para resolver el conflicto que mantienen las comunidades mapuches por el patrimonio de predios actualmente propiedad de empresas forestales y agricultores no indígenas. Ese era el camino institucional y pacífico, más eficiente que la confrontación.

De hecho, uno de los principales acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de la Corporación a lo largo de su historia, el 8 de enero de 1998, implicaba precisamente el desarrollo de una estrategia de compra de tierras, que permitiera resolver los casos más emblemáticos. Esa decisión ha sido una especie de ruta de navegación del organismo, aunque las metas allí trazadas están lejos de cumplirse.
Un porcentaje importante de las comunidades depositó su confianza en ese camino para resolver su demanda territorial.

Por eso, las decisiones adoptadas por Mideplan y la Dirección Nacional de la Conadi han hecho tambalear la estrategia oficialista para enfrentar el conflicto.
El peso de las denuncias sobre asociación con corredores de propiedades y cobro de coimas para la adquisición de terrenos, aplicación de sobreprecios e aumento artificial de la extensión de los predios dio origen a una investigación actualmente radicada en la Fiscalía de Novena Región, un sumario administrativo en la Contraloría General de la República, la realización de una auditoría extraordinaria al Fondo de Tierras y Aguas por parte de un auditor ministerial, y la contratación de una asesoría jurídica externa que apoye la investigación y la determinación de responsabilidades públicas y privadas comprometidas en el caso.

La ministra Alejandra Krauss ha indicado que los hechos que hasta ahora son investigados ocurrieron en el marco de la vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Novena Región. Sin embargo, las sospechas respecto de la existencia de irregularidades son de larga data.

A continuación, entregamos una parte de los antecedentes que El Metropolitano ha logrado obtener respecto del funcionamiento del Fondo de Tierras.

¿Cuál es el origen del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi?

Esta unidad de la Conadi fue dispuesta por la Ley Indígena (N° 19.253), promulgada en 1993, la cual dedica el párrafo 2° del Título II a la ampliación de las tierras indígenas, disponiendo la creación de un fondo especial para tales efectos: el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. La letra b) del artículo 20 indica, precisamente, que una de sus funciones es el financiamiento de “mecanismos que permitan la solución de los problemas de tierras”.
Su antecedente más remoto fue un documento técnico de organizaciones indígenas, fechado en septiembre de 1989, que postulaba la creación de un “Fondo Nacional de Recuperación de Tierras”. Posteriormente, el tema fue incorporado en la propuesta de ley que emergió del Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, realizado en 1991, y que fueron recogidas por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), para su posterior envío al Congreso Nacional.

¿Qué recursos maneja el Fondo de Tierras y Aguas?

Indudablemente, es la unidad de la Conadi que posee una mayor disponibilidad de recursos.
En 1994, primer año de su funcionamiento, el Fondo de Tierras y Aguas tuvo un presupuesto de 2.100 millones de los cuales destinó 1.818 millones a compras de tierras. Cuatro años después, ya ascendía a 7.726 millones, de los que asignó 5.592 millones a adquisiciones.

¿Cuántos predios adquirió la Conadi entre 1994 y el año 2000?

Un documento elaborado en el Fondo de Tierras y Aguas en enero de 2001, entre 1994 y 1999, la Conadi compró un total de 141 predios, ubicados en las Regiones Octava, Novena y Décima. En total, fueron compradas 26.274,80 hectáreas, con un gasto de $ 11.656.577.124.
Por otro lado, según otro informe, el año pasado se adquirieron 17 predios, que representan 3.386,27 hectáreas y un gasto de $ 4.844.106.280.

¿Cuál fue la actitud de la Conadi respecto a los requerimientos de información sobre la materia?

El 6 de marzo pasado, el diario “La Segunda” informaba: “Nadie sabe con exactitud cómo han sido estas compras, porque sorprendentemente (Edgardo) Lienlaf dice que el listado de las tierras adquiridas para los mapuches, y lo que se pagó por ellas, es reservado”. Más adelante, agrega: “Al pedir el catastro de las tierras compradas y el monto pagado por cada una de ellas, aparecen las complicaciones de Lienlaf. Tras un par de evasivas como que ‘esa información no está disponible’, explica que es de manejo reservado”.
Finalmente, los datos no fueron entregados.

¿La Conadi había detectado hechos anómalos en la compra de predios?

El ya citado documento elaborado en el Fondo de Tierras y Aguas, indicaba que los mecanismos de solución a los problemas de tierras “tuvieron una baja eficiencia en su etapa (de) implementación, debido a errores u omisiones en su aplicación”. Uno de ellos era el siguiente: “El mercado… ha aportado su cuota para debilitar la eficacia de los recursos del Fondo, con la existencia de especuladores en el proceso de compra de tierras en las regiones donde se aplica este mecanismo”.
Añadía: “En 1994 la Conadi compraba a $ 228.183,0 la hectárea de tierra, en 1998 pagó $ 706.545,0 en promedio”.
Asimismo, advertía: “Algunas alianzas entre comunidades indígenas, dueños de fundos y especuladores han conformado un círculo vicioso de especulación–encarecimiento de las tierras de lamentables consecuencias para el presupuesto de Conadi”.

El documento no aclara a quiénes se refiere cuando habla de “especuladores”.

¿Cuáles eran los precios que se pagaban por los predios en el año 2000?

Lo sorprendente del asunto es el alto valor de los precios pagados por hectárea. También llama la atención algunas diferencias en los montos pagados a uno y otro predio.
Cabe destacar la documentación que obra en poder de El Metropolitano consigna además el monto total cancelado, cantidad de hectáreas, vendedor y número de familias indígenas beneficiadas durante el momento mismo de la creación de la Corporación hasta diciembre pasado.

En valores aproximados, durante el año 2000, estos fueron los precios.

- El Durazno: $ 1.765.419 (247,25 hás.)

- San Ramón: $ 1.300.000 (167 hás.)

- California: $ 1.636.068 (646 hás.)

- Parcelas 5-8 Parcelación Chile Avanza: $ 1.412.786 (183 hás.)

- Chihuaihue: $ 507.977 (921,30 hás.)

- Santa Juliana: $ 1.861.471 (46,20 hás.)

- Nilhue: $ 2.052.023 (173 hás.)

- Santa Cecilia: $ 1.532.460 (358,90 hás.)

- Unión Chirre: $ 1.500.000 (10 hás.)

- Nivadur: $ 800.000 (295 hás.)

- Pelchue: $ 1.180.482 (38,12 hás.)

- Paullin: Un millón por hectárea (210 hás.)

- La Huacha: $ 1.166.666 (90 hás.)

¿Cuáles eran los precios que se pagaban por los predios en el año 1999?

Al revisar los datos de 1999, los hechos sorprendentes antes descritos se repiten, incluso de modo más evidente. Nótese que algunos predios se compraron en ocho millones por hectárea, mientras otros fueron adquiridos -el mismo año- en 114.795 por hectárea.

- Lloncao Lote A: $ 1.521.739 (115 hás.)

- Lloncao Lote B: $ 1.521.739 (115 hás.)

- Hijuela Caillin y Santa Luisa: $ 1.786.815 (133,03 hás.)

- Antiquina: $ 1.444.444 (9 hás.)

- Pilico: $ 600.000 (19,50 hás.)

- P. Chico: $ 1.200.000 (23,15 hás.)

- Alto Primer: $ 650.000 (20,25 hás.)

- Ranquilhue: $ 6.651.704 (3,52 hás.)

- Esperanza: $ 1.576.433 (62,80 hás.)

- Loncao: $ 1.518.565 (185,40 hás.)

- Hijuela Bellavista y La Peña: $ 1.448.481 (104,70 hás.)

- Hijuela Bellavista y La Peña: $ 1.440.579 (138 hás.)

- Rancahue Hijuela 7: $ 3.856.876 (8,55 hás.)

- Rancahue Hijuela 8: $ 5.711.775 (22,76 hás.)

- Los Aromos: $ 1.365.490 (303,92 hás.)

- Hijuela 1 R. Quintrel: $ 1.166.666 (3 hás.)

- Hijuela 4 Fundo Bellavista: $ 1.198.561 (250,30 hás.)

- Pidenco: $ 2.963.019 (30,60 hás.)

- Tranaquepe: $ 2.963.019 (176 hás.)

- Quilaco: $ 2.608.695 (46 hás.)

- Hijuela Boyeco: $ 897.435 (78 hás.)

- San Nicolás: $ 1.347.229 (196,70 hás.)

- Tumuntuco: $ 1.237.623 (303 hás.)

- Pensamiento: $ 2.336.544 (195,16 hás.)

- Lote A Fundo Santa Rosa: $ 1.883.561 (58,40 hás.)

- San Nicolás: $ 1.103.204 (343,30 hás.)

- La Unión y Los Tilos: $ 1.770.049 (770 hás.)

- Predio en Victoria: $ 3.600.000 (2,50 hás.)

- San Gabriel: Un millón de pesos (215,60 hás.)

- San J. Pincón: $ 1.706.951 (254,91 hás.)

- Predio en San Juan de la Costa: $ 114.795 (1.568 hás.)

- Cheuquemo: $ 1.032.258 (15,50 hás.)

- Predio en Panguipulli: $ 8.000.000 (2 hás.)

- Corral del Sur: $ 1.328.150 (30,87 hás.)

- Huerquehue: $ 1.569.858 (19,11 hás.)
 

La estrategia oficial

Luego de la sorprendente conferencia de prensa realizada el pasado lunes por la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, y el director de Conadi, Edgardo Lienlaf, ambos se han manejado con singular cautela, evitando hacer nuevas declaraciones que tengan alguna significación. Todas sus palabras apuntan a reiterar que la situación se encuentra en manos de la Justicia, respecto a las implicancias penales, y de la Contraloría, en cuanto a las responsabilidades administrativas.

Aparentemente, luego del impacto provocado, el cálculo es no intervenir públicamente en forma activa sobre el tema, mientras no concluya la elaboración de la propuesta de rediseño de la Conadi que actualmente se encuentran preparando febrilmente Lienlaf y el director de Inversiones de Mideplan, Juan Cavada.

En otro tema, parece evidente que el destape de las eventuales anomalías en la Conadi no ha colocado en cuestión la estabilidad de Lienlaf en el cargo. Al contrario, la ministra Krauss le reiteró su público respaldo en la citada conferencia. Hasta ahora, no hay señales en La Moneda que se pretenda removerlo de su puesto.

Por lo demás, no resulta verosímil que la conducción de Lienlaf pudiera aparecer comprometida en los hechos, en circunstancias que fue el propio director nacional quien resolvió interponer la semana pasada la denuncia ante la Fiscalía.

Que la ministra Krauss hubiera aparecido encabezando la conferencia de prensa, en la Conadi se ha interpretado como una reiteración de una recurrente práctica de la secretaria de Estado desde que fue nombrada por el Presidente Lagos: aparecer encabezando la resolución de los conflictos asociados a la problemática indígena. Aunque no siempre en forma afortunada.

Ayer señaló: “Es bueno que se reconozca que se toman medidas que hacen transparente la gestión pública, que un servicio denuncie públicamente que ha iniciado una investigación, obviamente garantizando que la opinión pública conocerá oportunamente los resultados”.

Enlace al artículo original.