Reportajes.En La Araucanía los agricultores, contrariamente a lo que se cree, ya han disparado en contra de los mapuches. Ante la pasividad de la autoridad advierten: "sólo de milagro no ha muerto un indígena". Los sistemas de autodefensa de los propietarios se intensifican, mientras los mapuches solicitan el pago de "impuestos" para librar a agricultores y forestales de ataques al tiempo que ex frentista confirma que los indígenas han solicitado "asesoría" para perfeccionar sus técnicas de combate. El Mercurio, 4 de febrero de 2001
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En La Araucanía los agricultores,
contrariamente a lo que se cree, ya han disparado en contra de los mapuches.
Ante la pasividad de la autoridad advierten: "sólo de milagro no
ha muerto un indígena". Los sistemas de autodefensa de los propietarios
se intensifican, mientras los mapuches solicitan el pago de "impuestos"
para librar a agricultores y forestales de ataques al tiempo que ex frentista
confirma que los indígenas han solicitado "asesoría" para
perfeccionar sus técnicas de combate.
Rodrigo Barria Reyes
Por Rodrigo Barria Reyes, desde Temuco
HAY algo que reconocer al gobierno: está enfrentado a una realidad social explosiva, con una comunidad mapuche cada vez más decidida y osada en sus acciones, con un conjunto de agricultores enfrentados al temor de ser atacados y que ahora ya parecen decididos a la autodefensa y, en vez de reconocer que la situación está a punto de arder por los cuatro costados, prefiere apostar una y otra vez por resaltar que la zona sur del país "apenas" enfrenta la violencia aislada de unos cuantos indígenas "alocados".
El hecho es que el accionar mapuche cada vez ha adquirido un rostro más violento y peligrosamente seudoguerrillero y los propietarios, cansados del hostigamiento, avisan fuera de cámaras y grabadoras que ya no dudarán en defender sus predios por todos los medios. Pero la autoridad está inyectada de una buena dosis de anestésicos.
La leña seca está ahí y los fósforos dispuestos para que el incendio del conflicto indígena termine por convertirse en un pequeño Chiapas.
Ya las primeras y preocupantes señales se dejan sentir en la zona: grupos de propietarios que empiezan a apostar por rondas de autodefensa, disparos que ya se han efectuado en contra de los indígenas, seudoimpuestos rurales cobrados por los mapuches a agricultores y empresas forestales para "librarlos" de ataques y ayuda especializada que los sectores más radicalizados de los indígenas han solicitado a ex integrantes de grupos subversivos para "perfeccionar" su capacidad de acción político-militar.
Los primeros disparos
Si hasta hace un tiempo los mapuches habían concentrado su capacidad de combate en contra de las empresas forestales, ha sorprendido en las últimas semanas el nivel de violencia y decisión que los indígenas han dejado a la vista con el asalto a predios particulares.
De hecho, algunas de esas acciones indígenas perfectamente pudieron haber cobrado la primera víctima de un levantamiento que ya va para una década de duración.
Es cierto que en el comienzo del proceso de "recuperación de tierras" - a comienzos de los '90- fueron terrenos particulares los afectados, pero el sentido nostálgico de la batalla indígena se había logrado cuando los hombres de la tierra asumieron el papel de pequeño David enfrentados al poder maligno de las forestales Goliat.
Desde hace décadas que la convivencia de los agricultores con sus vecinos indígenas había estado marcada por altos niveles de confianza y hasta de cercanía. Apenas pequeños incidentes - como el traspaso de cercas o el robo de uno que otro animal- eran la tónica de un ambiente de generalizada buena vecindad.
Los mismos campesinos aseguran que buena parte de esa relación se mantiene hasta hoy, pero que la irrupción de grupos ajenos a los tradicionales vecinos ha terminado por enturbiar el vínculo existente.
Hoy, los propietarios viven cabalgando un temor que se ha extendido rápidamente por amplias zonas de la IX Región. Los hombres de campo están conscientes de que los dueños de la violencia son apenas algunos mapuches envalentonados por la miseria en que viven y por el discurso subversivo de algunos "hermanos" que ven en el enfrentamiento y la pasividad del gobierno el camino más corto para salir de la miseria con la que han convivido desde siempre.
Pero los agricultores de La Araucanía no están dispuestos a aguantar así como así el hostigamiento indígena.
Frente a los ataques y al temor de pérdidas en las cosechas, muchos propietarios han optado por la coordinación en pos de una defensa mutua.
Así, las rondas de vigilancia se han hecho cada vez más habituales entre predios vecinos. Los mismos dueños han establecido ajustados sistemas de ayuda para protegerse al momento de proceder con las cosechas. Ya pocos actúan de manera independiente. La protección conjunta se ha convertido en una nueva forma de actuar en los predios rurales. Las radios, celulares y distintos equipos de ayuda sorprendentemente tecnologizados - como lentes de visión nocturna- conforman parte de la nueva estrategia de enfrentamiento a la posible ocupación de los predios.
Los agricultores más viejos reconocen que la situación se parece mucho a los años de la Reforma Agraria y que el gobierno, por más que intente minimizar el asunto, enfrenta una realidad extremadamente explosiva que puede detonar en cualquier momento.
Precisamente esta decisión de autoprotección de los agricultores es algo que preocupa a la autoridad. De hecho, desde La Moneda las advertencias han sido precisas a los líderes de los agricultores en el sentido de que las normativas que solicitan para los mapuches también serán aplicadas contra ellos si es que llegan a sobrepasarse.
Por eso también que las más altas autoridades de Carabineros se han esforzado para anunciar privadamente a los representantes de los dueños de fundos que harán todo lo posible con tal de resguardar sus predios, pero deben controlar a su gente y evitar al máximo los sistemas de autodefensa.
"Es muy difícil lo que nos piden. ¿O quieren que mientras me atacan mi propiedad deje a mi familia para ir a avisar a las autoridades? ¡No señor: si entran me defenderé con todo! Eso es definitivo", dice con determinación un destacado agricultor de la IX Región que prefiere guardar reserva de su nombre.
Claramente las cosas no andan bien en el sur del país. Es más: están peligrosamente al borde de convertirse en un espiral de violencia difícil de detener.
Lo de las armas en casas de agricultores no es nuevo. Las escopetas en las casonas son tan habituales como el pan amasado. Lo distinto ahora es que esas escopetas no son potencialmente utilizables, sino que ya se han disparado.
"Sí, ya hemos disparado contra los mapuches. Lo que pasa es que hemos sabido usar las armas lo suficientemente bien como para no matarlos ni herirlos seriamente", dice un agricultor.
Por eso es que las cosas cada vez se ponen más difíciles de controlar para los dirigentes de los campesinos.
"Hemos estado en situaciones extremadamente delicadas, con grupos de mapuches y agricultores enfrentados a no más de cien metros de distancia. Hasta ahora hemos podido frenar la rabia por la pasividad de las autoridades, pero la verdad es que se hace muy complicado apaciguar a las bases", reconoce Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
En los campos de la IX Región
recuerdan que en el proceso
de Reforma Agraria los propietarios
de la Araucanía defendieron con especial fuerza los predios, por
lo que existe una tradición de fiereza que no será fácil
de doblegar para los mapuches.
"Ellos saben bien que nosotros nos defendemos bien. Y si lo quieren averiguar, lo van a saber", comenta un propietario.
Pero el temor también habría terminado por doblegar a varios que han optado por el camino de aceptar el chantaje que les habrían impuesto los indígenas.
Las dirigencias de los agricultores lo niegan, pero el hecho es que, como suele suceder en zonas de conflicto guerrillero, varios propietarios de la IX Región habrían preferido el pago de "peajes" con tal de que sus propiedades y cosechas no sean atacadas. Es lo que algunos ya comienzan a denominar como "impuesto revolucionario mapuche".
Y no sólo los agricultores, sino que principalmente las forestales - que prefieren mantener un silencio sepulcral respecto del conflicto- estarían entregando dinero y predios a distintos grupos de mapuches con tal de salvar inversiones millonarias.
Pero tampoco hay que ser tan ingenuos. Frente a la situación de apremio económico que enfrentan varios agricultores de la IX Región, por acá se reconoce que son varios los propietarios que se encargan de fomentar y hasta de presionar a los mapuches vecinos a sus tierras con tal de que procedan con acciones violentas.
¿La razón? Simple.
Como desean vender y la Conadi está dispuesta a pagar, algunos privados llegan hasta las oficinas del organismo indígena con una oferta bajo el brazo. En la práctica, hoy no hay mejor procedimiento de venta de un predio que ofrecerlo a la Conadi a causa de una toma mapuche.
El hecho es que el ambiente cada vez se enrarece más en la zona de conflicto. Y las advertencias de lado y lado no dejan duda respecto de lo delicado del asunto.
"Bueno, si tanto les molesta nuestra presencia, entonces que se vayan. Nosotros hemos estado acá desde siempre y no nos van a sacar. ¿Las forestales? Como parece que no podemos convivir, ellos o nosotros tendremos que irnos. Pero no creo que seamos nosotros. Al final tendrán que irse ellas", es la clara advertencia de Aucán Huilcamán, el líder del Consejo de Todas las Tierras.
Una idea reforzada por José Santos Millao, consejero de la Conadi: "Si tuvieran algo de sensibilidad se sentarían a conversar. Deben reconocer que esas tierras nos pertenecían".
Muchos afirman que de milagro aún no hay muertos en la Araucanía.
"En realidad, el milagro es que no haya un mapuche muerto. Ese sí que es el milagro", corrige un propietario conocedor de que el nivel de tolerancia de los privados ha terminado por colmarse.
La nación mapuche
Una cuestión que ha rondado con fuerza - en realidad desde el inicio mismo del conflicto- es la supuesta participación de extranjeros en el levantamiento. Es como si existiera una necesidad desmesurada por comprobar que nuestros indígenas son inacapaces de maldades y, que si las han cometido, ello responde a una malintencionada mano internacional que ha corrompido sus cabezas angelicales.
Los mismos mapuches seríen de esa supuesta subordinación foránea y lanzan - medio en broma, medio en serio- una metáfora para enfrentar la sospecha: "más peligroso que mapuche con fósforos...".
"No necesitamos que unos foráneos nos digan cómo pelear. Nunca nos pudieron dominar los españoles. Somos un pueblo de guerreros que conocen mejor que nadie sus tierras y la forma de luchar contra el usurpador", dice Huilcamán.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras tiene razón. Es posible que exista cierta ayuda o participación de extranjeros - en México cientos de foráneos han sido expulsados de Chiapas por su simpatía y colaboración a la gente del subcomandante Marcos- , pero parece ser que el grueso del aprendizaje violentista mapuche es resultado de "profesores" nacionales.
En este sentido, decidor son los datos de un ex integrante del Frente Manuel Rodríguez (FPMR), quien señala los niveles de contacto que algunos de los grupos indígenas más radicalizados han intentado mantener desde hace tiempo con ex participantes de grupos paramilitares.
"Efectivamente nos contactaron hace un tiempo. Hubo una serie de consultas para que los perfeccionaramos en su lucha", señala el ex rodriguista.
En la práctica, los indígenas solicitaron que les dieran algunos cursos de guerrilla básica y evaluación político-militar para después desarrollar un período de "práctica en terreno" de algunas semanas en la IX Región.
"Por lo demás, no hay que olvidar que dentro del FPMR también teníamos algunos integrantes que pertenecían a la etnia mapuche. Es lógico pensar que ellos puedan haber instruido a sus hermanos", aclara la fuente.
Bajo la mirada conocedora de estos ex frentistas es evidente que los mapuches han ido perfeccionando sus métodos.
"Se aprecian distintos detalles que dejan en evidencia que los tipos han aprendido algunas técnicas de combate y enfrentamiento. Por ejemplo, esa capacidad de movilidad que tienen de aparecer y desaparecer rápidamente del lugar de enfrentamiento es apenas una muestra", plantea el ex rodriguista.
Los mapuches nunca taparon sus rostros y lo que se ha visto en las últimas semanas en la zona de conflicto - con caras encapuchadas y bombas molotov- se asemeja más a lo que sucede habitualmente cerca del Pedagógico de lo que supondría para una lucha rural a lo vietnamita.
Pero no sólo la ayuda externa estaría expandiendo el conflicto.
Varios sectores de la IX Región alegan que algunas decisiones de la Conadi al momento de comprar tierras a los indígenas estarían favoreciendo el levantamiento.
Por ejemplo, algunas fuentes de la Araucanía alegan que, pese a que el discurso público del gobierno se refiere pomposamente a que no se favorecerá a los grupos más radicalizados, en la práctica - y con tal de sacarse los problemas más agudos de encima- la autoridad sí ha terminado por subir a los primeros lugares de la lista de favorecidos con terrenos a grupos reconocidamente beligerantes.
Y no sólo eso. La Conadi estaría cometiendo el error de estar llevando a esos mapuches hacia zonas "pacificadas" que, se supone, ya no lo serán más al momento que se instalen los activos y belicosos nuevos vecinos.
El hecho es que difícilmente los indígenas se conformarán con predios y más predios. De hecho, muchos mapuches a los que se le han entregado tierras tienen esos terrenos arrendados.
En realidad, la estrategia final de los "generales" mapuches va ligada a que el Estado chileno los reconozca como pueblo.
Y ello no es un asunto menor: con ese reconocimiento - más la aprobación de algunas normativas, como el afamado convenio 169 de la OIT- los mapuches estarían en condiciones de proceder con el control de sus tierras, de los recursos naturales que en ellas se encuentren, el derecho a participar en las decisiones que los afectan y, finalmente, a gobernarse a sí mismos manteniendo instituciones propias que los ayuden a acrecentar su proceso de autonomía.
Es lo que se denomina a nivel internacional como "territorios indígenas", los cuales quedan cubiertos por un manto de autodeterminación.
No hay que olvidar que varios dirigentes mapuches son asiduos participantes en conferencias internacionales - Huilcamán ya va en el cuarto pasaporte- y sorprende ver cómo conocen de artículos y legislación de organismos internacionales ligados con el tema indígena.
Parece claro que ni las 150 mil hectáreas que el gobierno se ha comprometido a comprar a los mapuches ni la recientemente creada "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" - una suerte de Comisión Rettig para descubrir y pedir perdón por las injusticias cometidas contra los indígenas- servirán para apaciguar un problema que se basa en la aguda pobreza que desde siempre han conocido los mapuches y en el creciente ánimo de independentismo indígena que algunos "hermanos" se han encargado de fomentar.
Estampida privada
En la IX Región las cosas están tan complicadas que el sector productivo ha decidido reunirse y poner en alerta a las autoridades respecto de que el tema de la violencia mapuche está contribuyendo peligrosamente a una situación de depresión económica que, si continúa de igual forma, terminará por hundir las dos grandes actividades en que la Araucanía ha sustentado su desarrollo: el sector agrícola y el forestal.
Desde ya, las empresas madereras dejan ver una política de asombroso temor reverencial hacia los mapuches violentos.
"Hace unos meses que no tenemos problemas y cualquier cosa que digamos puede ser malinterpretada. Por eso preferimos no decir nada", comenta un ejecutivo de una de las compañías forestales más afectadas por el conflicto.
Y si las madereras fueron las grandes causantes de haber elevado a la IX Región y a su capital Temuco a la categoría de ser una de las zonas más dinámicas y pujantes del país, precisamente esas mismas empresas ahora parecen llamadas a encabezar no la mantención de esa dinámica de desarrollo, sino que una etapa cuesta abajo.
"¿Usted cree que un privado quiere ejecutar algún proyecto importante en un área en permanente conflicto? Las empresas madereras están empezando a invertir en Uruguay y en Brasil, donde sí son bienvenidas. Es un hecho que la replantación de la zona afectada por el conflicto mapuche será prácticamente nula", advierte en tono de pesimismo ya asumido Marcelo Martín, director de la Corporación de la Madera de la Araucanía.
La situación de volatilidad social en la zona ha llevado a que varias empresas madereras hayan decidido cosechar con varios años de anticipación y asumiendo las pérdidas que implica una medida tan drástica como esa. La situación es clara y muy simple para las forestales: sacar lo que se pueda mientras se pueda y no regresar.
Lo grave es que las actividades de las empresas madereras es el pilar central de una economía que se mueve según cómo les vaya a ellas.
"Imagínese, si ahora ninguna entidad está dispuesta ni siquiera a asegurar nuestrosvehículos. Hemos hecho una gran inversión en la compra de los camiones y es un hecho que con la partida de la inversión forestal a otros países nos veremos seriamente afectados. Claramente la autoridad no dimensiona las implicancias que puede tener la debilidad con que han enfrentado el asunto mapuche", alegan Francisco Alanis y José Villagrán, directivos de la Asociación de Dueños de Camiones de Cautín.
Lo más grave para el sector privado es que la situación de daño a la IX Región es un hecho ya casi consumado a estas alturas del conflicto.
"La Araucanía es una zona que ya está estigmatizada. Ahora pueden ser las forestales y los agricultores, pero invariablemente ello va a repercutir, y así lo está haciendo, en distintos sectores de inversionistas", señala Alejandro Bergenfreid, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Temuco.
"Incluso, áreas como la turística, el sector que está llamado a transformarse en el tercer gran sustento de la IX Región - junto a las madereras y la agricultura- ya estaría evidenciando algunas muestras de debilitamiento", plantea Max Hansi, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la capital de la Araucanía.
En este sentido, aunque buena parte de los enfrentamientos han estado limitados a zonas rurales y alejadas de los centros más poblados, muchos no quieren siquiera imaginarse lo que sucederá cuando a un grupo indígena se les ocurra reclamar áreas tan VIP como Villarrica o Pucón.
La preocupación del sector productivo de la región pasa por el escaso nivel de resolución que observan en las autoridades. Para ellos es evidente que se está actuando bajo una evaluación política de la situación y por ello es que no se pone mano firme para detener una escalada de violencia.
"¿Qué pasaría si un grupo de personas decide atacar y quemar un supermercado en Temuco? Algo similar sucede en el campo y no se ve que las autoridades estén decididas a frenar los actos de violencia. Se actúa con una debilidad asombrosa", plantea Jorge Lagos, presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín.
El asunto es que la postura adoptada por Santiago y la autoridad regional respecto de las soluciones privilegiadas para poner atajo al conflicto son duramente atacadas por distintos actores de la IX Región.
En ese sentido, la determinación de privilegiar la compra de tierras para los mapuches es algo que crea un alto nivel de desconfianza como supuesta respuesta efectiva a las demandas indígenas.
"La tierra no solucionará en nada la pobreza de los mapuches. Es lamentable, porque esos miles de millones que el Estado gastará para comprarles terrenos podrían destinarlos a elevar el nivel de escolaridad de los niños mapuches. Falta una política clara y decidida que sirva para atacar las verdaderas causas del problema. De una buena vez debe conformarse una instancia del más alto nivel que solucione un conflicto cuyas consecuencias aún son inimaginables", advierte René Araneda, secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.
Mientras tanto, la pacificación de la Araucanía no llega por ninguna parte. No lo lograron los conquistadores y tampoco se consigue por estos días.
¡Marrichiwew! El afamado grito de guerra indígena - 10 veces venceremos o si uno nuestro cae, 10 más se levantarán- retumba con fuerza en el sur del país.
LA VIOLENCIA EN EL TIEMPO
TOMAS de terreno, enfrentamientos entre indígenas y dueños de predios, crisis periódicas en la Conadi, además de algunos procesos judiciales han marcado la tónica desde fines de los '80 en el conflicto mapuche. A continuación, un resumen de los principales hechos:
1989: de manera incipiente la agrupación mapuche Ad-Mapu inicia las llamadas "Jornadas de Recuperación de las Tierras". Las primeras acciones de violencia se registran en el fundo "Tranaman", ubicado en la provincia de Malleco.
1990: en uno de los primeros antecedentes respecto de la efectiva presión de los indígenas a través de tomas de predios, el entonces subsecretario del Interior, Belisario Velasco, anuncia que el gobierno iniciará negociaciones con los propietarios del fundo "Quinquen" para adquirir las tierras ocupadas por una comunidad pehuenche amenazada judicialmente con una orden de desalojo.
El gobierno decide la creación de la "Comisión Especial de Pueblos Indígenas" destinada a la elaboración de una nueva legislación para los aborígenes.
1991: el denominado Consejo de Todas las Tierras exhibe por primera vez las cinco banderas creadas por sus adherentes y que representan los rasgos distintivos de cada uno de los grupos mapuches adscritos a la organización.
Fundo particular de 580 hectáreas, ubicado en las proximidades de Lumaco, es ocupado por cerca de 50 mapuches. Dirigente Aucán Huilcamán advierte que las acciones son apenas el comienzo de miles de tomas de los así llamados "terrenos usurpados".
Por primera vez son sometidos a proceso por el delito de "usurpación" 13 de los 14 mapuches detenidos durante el desalojo del fundo "Santa Clara" de la empresa forestal Millalemu, ubicado a unos seis kilómetros de Lumaco.
Unidades "Lientur" y "Leftratu", ambas pertenecientes al denominado "Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre" reivindican acciones de violencia en la IX Región.
1992: acusado de cargos de asociación ilícita y usurpación, el líder Aucán Huilcamán ingresa a la cárcel de Temuco. 53 días alcanza a estar en prisión el dirigente mapuche.
Representantes del Consejo de Todas las Tierras ocupan la Catedral de Temuco. La acción es fuertemente criticada por el obispo Sergio Contreras.
La guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visita zonas indígenas de la IX Región a quienes entrega su apoyo.
Se inaugura en la Plaza de Armas de Santiago la polémica escultura en honor a los pueblos indígenas.
Actos conmemorativos del V Centenario se desarrollan sin mayores incidentes. En Temuco, extrañamente, no se registran desórdenes.
1993: el presidente Patricio Aylwin promulga la llamada "Ley Indígena". Esta contempla la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Tres atentados que causaron apagones y leves destrozos en Temuco son atribuidos a una organización mapuche.
1994: el Consejo de Todas las Tierras se toma 500 hectáreas del fundo "Carrán", ubicado al interior de la provincia de Valdivia.
Más de 30 mapuches fueron detenidos en Santiago por realizar desórdenes en la vía pública durante el acto de conmemoración de los 502 años del descubrimiento de América.
La Corte de Apelaciones de Temuco condena a 144 mapuches del Consejo de Todas las Tierras por usurpación de tierras y asociación ilícita.
1995: Cerca de 20 mapuches ocuparon la sede de la Conadi en Temuco. Una semana después son desalojados por carabineros.
Seis miembros de la comunidad "Juan Currín" fueron detenidos por participar en una toma de terrenos en Temuco y acusados del delito de usurpación de tierras.
1996: comienzan movilizaciones de los mapuches contra la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío-Bío. Anuncian una campaña nacional e internacional para impedirlo.
1997: surgen divergencias a raíz del impacto económico y cultural que generará la central Ralco. Se mantienen manifestaciones, se suma el apoyo de grupos ambientalistas y los caciques se pronuncian al respecto.
El gobierno destituyó al director de la Conadi, Mauricio Huenchulaf. Domingo Namuncura fue designado en el cargo, en un recambio político repudiado por los mapuches.
Cerca de 15 comuneros mapuches incendiaron tres camiones de la forestal Arauco. El hecho gatilló una serie de recursos judiciales, además de un amplio y permanente operativo policial en la zona.
Se rumorea la presencia de infiltrados extremistas en estos actos. 12 mapuches son procesados como responsables del ataque.
Por este mismo caso, el gobierno dispuso la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
1998: se mantiene la controversia por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.
130 mapuches ocuparon el predio "El Rincón", cerca de Purén. La propiedad de 560 hectáreas pertenece a la forestal Mininco.
El gobierno pidió la renuncia del director de la Conadi, Domingo Namuncura y designó al abogado Rodrigo González en su lugar. Mapuches consideraron la decisión como un agravio.
1999: una protesta contra la central Ralco culminó con 25 detenidos y cuatro carabineros lesionados.
200 indígenas asaltaron el campamento de la Forestal Mininco en un violento enfrentamiento con carabineros.
Mujeres mapuches golpearon al director de la Conadi, Rodrigo González, luego de un encuentro entre indígenas y el organismo estatal.
El ministro en visita Julio César Grandón sometió a proceso a 11 mapuches como presuntos responsables de incendios ocurridos en predios de la forestal Mininco.
2000: por primera vez, desde el inicio del conflicto, se reportan agresiones a mapuches que no apoyan los actos de violencia.
Encapuchados armados hirieron a cuatro brigadistas forestales de Mininco e incendiaron la camioneta en que viajaban.
Rodrigo González se aleja de la Conadi y en su reemplazo asume Edgardo Lienlaf.
2001: Unos 25 encapuchados atacaron a una caravana de 11 camiones que transportaban madera escoltados por Carabineros.
El Gobierno crea la "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" de los pueblos indígenas, encabezada por el ex Presidente de la República Patricio Aylwin.
El Ministerio de Planificación gestiona un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo por 133 millones de dólares para desarrollo productivo de las comunidades indígenas.
El gobierno presentó un requerimiento por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 10 detenidos en un asalto e incendio de la hacienda Lleu-Lleu.
Propietarios de predios son atacados con armas y bombas incendiarias en uno de los hechos más violentos registrados hasta la fecha.
Agricultores de la zona expresan que crearán un frente de autodefensa.
LA MACHI DEL GOBIERNO
COMPLICADA está la intendenta de la IX Región, Berta Belmar.
Primero, por una silla a la que todavía no se acomoda y que pretende cambiar a la brevedad y, lo más serio, por los conflictos indígenas que no se detienen en la zona.
Pero la jefa del gobierno regional está confiada en que su cercanía con el mundo mapuche la ayudará a enfriar una tierra que no para de incendiarse.
Y por eso muestra con orgullo una foto en blanco y negro de ella pequeña compartiendo con una familia indígena y un fax de una comunidad ligada a los radicales de Arauco-Malleco en que le informan su descuelgue de la agrupación para comenzar un proceso de conversación pacífica respecto de la recuperación de tierras a la que aspiran.
Belmar es la gran conciliadora del gobierno en la región. En sus manos está la complicada tarea de barajar un naipe cuya escala debe combinar la protección que exigen los agricultores de sus predios y la imagen de un gobierno "no represor", que entiende a los mapuches y que los apoya en sus demandas.
Belmar es la machi de La Moneda en la IX Región.
Habrá que ver qué tan efectivos resultan sus ungüentos.
- ¿Cuál es la situación efectiva del conflicto mapuche en la IX Región?
- No es malo repetirlo. Existen dos mil 200 comunidades mapuches, la mayoría de las cuales se encuentran en la comuna de Nueva Imperial. Hay comunidades organizadas como Arauco-Malleco, liderada por Víctor Ancalaf, y el Consejo de Todas las Tierras, encabezadas por Aucán Huilcamán. El porcentaje que forma parte de una u otra es mínimo, no más allá de 40 o 50 comunidades. Lo que sucede es que la reivindicación de la tierra es un tema de cultura mapuche que tiene dos expresiones: una expresión violenta y una en que pacíficamente los indígenas se han incorporado a una mesa de trabajo conjunta.
- Hablamos entonces de apenas unos cuantos hechos aislados de violencia fomentados por unos pocos elementos violentistas...
- Más que mínimo, diría que son situaciones puntuales. Hay conflictos en tres comunas: Collipulli, Ercilla y Temuco.
- No se entiende entonces. Si se trata de hechos puntuales y de grupos reducidos, ¿por qué la sobrerreacción del gobierno y de la autoridad regional?
- No hay sobrerreacción. Si así fuera, habría aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado o de la Ley Antiterrorista...
- Perdón, pero en la VIII Región sí se ha recurrido a la Ley de Seguridad Interior del Estado...
- Efectivamente, pero es necesario tomar en cuenta que en la Araucanía tenemos ahora un procedimiento penal distinto. Recuerde que somos una región piloto en la materia. En realidad, la pregunta es saber cuándo estalla, aunque no me gusta la palabra, el conflicto. Esto se reactiva a partir del anuncio de Bosques Arauco de proceder con la cosecha del fundo El Carmen. Desde ahí se van agregando otros focos de violencia alentados por lacoordinadora Arauco-Malleco. No es que sean chico, ni grande, ni poco ni mucho: son situaciones puntuales. El resto de las comunidades vive en paz y no quieren esto. ¡No lo quieren!
- ¿Cuáles son las instrucciones que ha dado Santiago para enfrentar el conflicto?
- Lo fundamental, no dialogar con nadie que proceda con acciones de fuerza.
- ¿Y esa es una postura concluyente? Se lo pregunto porque una de las críticas que se plantean es que, precisamente, el gobierno sí conversa con estos grupos y que hasta se les favorece al momento de entregar tierras. ¿Puede asegurar que definitivamente no se conversa con ellos y que no se les privilegia?
- En este momento no, en este momento no. Puede que haya algunos grupos que fueron violentos, pero que ahora han adoptado una postura distinta. Con ellos por supuesto que establecemos conversaciones.
- ¿Es efectivo que carabineros tiene instrucciones de limitar su accionar contra los mapuches con tal de evitar dar la imagen de un "gobierno represor"?
- Las instrucciones las tienen ellos muy claras. Estamos coordinados con Carabineros y con distintos organismos públicos. Elaboramos un estado de situación diaria, con análisis respecto de enfrentamientos, quemas o asaltos. A partir de ello adoptamos las medidas necesarias.
- ¿Qué indican los antecedentes de inteligencia respecto de la evolución que debiera tener el conflicto?
- Esos antecedentes los manejan directamente los departamentos de inteligencia.
- ¿Ustedes no tienen conocimiento de esos datos?
- No directamente. Pero le digo algo: no es necesario un informe de inteligencia para saber que en época de verano todas estas situaciones se agudizan. Siempre en la época de cosecha, de diciembre a marzo, aparecen estos conflictos. No se necesita un gran departamento de inteligencia para saber que así va a suceder.
- ¿La decisión de los campesinos de establecer rondas de autodefensa es algo que les preocupa?
- Hemos estado en permanente conversación con los agricultores afectados. Indudablemente que están preocupados por los ataques que han sufrido. Pero también están muy tranquilos, porque saben que el tema está siendo manejado y absolutamente controlado. De todas maneras, en un Estado de Derecho, con todos los entes judiciales en funcionamiento, no corresponde que se llame a las personas a la autodefensa.
- ¿Tienen conocimiento respecto de que agricultores y forestales estarían pagando "impuestos" a los mapuches con tal de no ser atacados?
- Es la primera información que tengo al respecto. Si así es, no se ha denunciado. Si alguien está afectado por una situación de esa naturaleza debe ponerlo en conocimiento de la autoridad.
- El sector productivo de la IX Región señala que la situación de violencia se hace cada vez más insostenible. ¿Exageran?
- Creo que es preocupante y que han sufrido situaciones peligrosas. Pero precisamente hemos conversado con estos sectores respecto de los procedimientos que tenemos que usar para enfrentar la situación. Y es obligación también de ellos denunciar las amenazas que reciban y no callarlas por temor. Ese es un error.
- ¿Qué le parece que distintos estamentos de la Araucanía advierten que el conflicto mapuche ya comienza a transformarse en un elemento de serio debilitamiento para la economía regional?
- Por lo menos a mí no me han señalado un planteamiento de ese tipo.
- ¿Ustedes no tienen conocimiento de proyectos importantes que estén detenidos a causa del conflicto mapuche?
- Es probable que así sea. Pero hemos tenido distintas reuniones, por ejemplo con forestales, y nadie nos ha señalado una situación así. Temuco es la ciudad que crece a mayor ritmo de América Latina y tenemos un 5,5 % de cesantía. Si todo lo que se dice es verdadero, entonces no tendríamos ese nivel de desocupación.
- Intendenta, ¿no se encontró con una "papa caliente" que era más seria y complicada de lo que pensaba?
- Para nada. Cuando fui directora del Registro Civil el año '90, la cola daba vuelta cinco veces a la manzana. Más encima me encontré con tres funcionarios de la CNI armados que estaban trabajando en los archivos. Eso sí que era una "papa caliente". Después llegué a la subsecretaría de Vivienda a raíz del tema Copeva. Esa también era una "papa caliente". He nacido para tener las "papas calientes".
MANUAL DEL "TOMADO"
COMO los ataques y tomas de terrenos de predios no se detiene, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo) ha distribuido un instructivo en que orienta a los agricultores respecto de cómo proceder ante cualquier situación de amenaza.
Algunos de los datos para los agricultores "tomados":
Tenga a mano copia del certificado de dominio vigente de su predio para acreditar dominio.
Tenga siempre a mano la dirección, teléfono o celular de un abogado dispuesto a prestarle asesoría legal.
Ante cualquier toma, invasión de la propiedad privada, acto de violencia, robo, amenaza directa o indirecta, lo primero es hacer una denuncia.
Comunique directamente al fiscal correspondiente a su comuna cualquier hecho que revista las características de un delito.
La denuncia puede formularse por cualquier medio y debe contener: identificación del denunciante, señalamiento del domicilio, narración y circunstancias de los hechos, los nombre de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado.
La víctima tiene otros derechos: solicitar medidas de protección frente a posibles hostigamientos, amenazas o atentados, presentar querellas y ejercer contra el imputado acciones para perseguir la responsabilidad civil.
El informativo de la Sofo - llamado "instructivo frente a actos de violencia"- incluye un listado con el nombre de los fiscales de cada comuna y sus respectivas direcciones y teléfonos.
