Editorial. Durante un prolongado período, al menos durante el primer año del actual Gobierno, los montos involucrados en la compra de predios fueron considerados “información reservada”, en la Conadi y en Mideplan, negándose explícitamente a entregarlos a los medios de comunicación. Nos preguntamos, por enésima ocasión: ¿El uso y destino de recursos que pertenecen al patrimonio público puede considerarse “confidencial”, ajeno al escrutinio de la ciudadanía, cuando no existe norma legal que así lo establezca? El Metropolitano, 5 de junio de 2001
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Editorial
Irregularidades en la Conadi
Con estupefacción, el país ha tomado conocimiento de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Novena Región por el director nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi). Indicaba que había detectado un presunto ilícito de “cohecho” en la negociación de cuatro predios destinados a resolver la demanda territorial de comunidades mapuches. En otras palabras más directas: cobro de “coimas”, asociación con corredores de propiedades y sobretasación de las tierras que se pretendía adquirir.
Un caso que por los millonarios montos involucrados en las operaciones, ha hecho recordar el episodio de las indemnizaciones.
Las medidas adoptadas, con el respaldo del Ejecutivo, incluyen además una investigación administrativa paralela en la Contraloría General de la República, la realización de una auditoría externa y la elaboración de un plan rediseño de la Corporación, creada en el contexto de la aprobación en 1993 de la Ley N° 19.253, con el objeto de promover los derechos de los pueblos originarios del país.
En la medida que el conflicto étnico en la zona de la Araucanía fue profundizándose y alcanzando ribetes de particular violencia, los Gobiernos de la Concertación insistieron en que el camino para resolver el problema de las comunidades originarias con empresas forestales y agricultores no indígenas, pasaba por el Fondo de Tierras de la Conadi: en otras palabras, por la compra de predios mediante el uso del presupuesto público.
El propio Primer Mandatario aludió al tema en su primer Mensaje a la Nación, en coherencia con un compromiso adoptado durante la campaña presidencial de profundizar la recuperación de tierras indígenas mediante este mecanismo. Sin embargo, los nobles propósitos con los que se estableció el Fondo de Tierras pareciera que terminaron sucumbiendo al virus de la corrupción.
El episodio es preocupante, porque puede contribuir a un incremento de la beligerancia social en la Araucanía. Resulta obvio que estas irregularidades aumentan el descrédito en que la Conadi ha navegado, al menos desde fines del Gobierno de Eduardo Frei, y que las comunidades originarias pueden ahora con razón sospechar del camino institucional para resolver sus demandas. De hecho, la compra de predios con sobreprecio, en un marco de escasez de recursos presupuestarios, obviamente implica que muchas comunidades se vieron impedidas de acceder a este beneficio.
Por otro lado, resulta pertinente hacer una segunda reflexión. Durante un prolongado período, al menos durante el primer año del actual Gobierno, los montos involucrados en la compra de predios fueron considerados “información reservada”, en la Conadi y en Mideplan, negándose explícitamente a entregarlos a los medios de comunicación.
Nos preguntamos, por enésima ocasión: ¿El uso y destino de recursos que pertenecen al patrimonio público puede considerarse “confidencial”, ajeno al escrutinio de la ciudadanía, cuando no existe norma legal que así lo establezca?
Sin
duda, la actual crisis que conmueve a la Conadi pudo haber sido prevenida
con anticipación, si en esta materia se hubiera actuado como el
Presidente Ricardo Lagos lo solicitó al comienzo de su Gobierno:
con transparencia en la información, con disposición a someterse
a la fiscalización de la opinión pública. Como en
tantos otros casos, parece que no fue escuchado.
