Al respecto, José Miguel Insulza, ministro del Interior, dijo que “no existe absolutamente ninguna evidencia de que estén financiados por el extranjero ni mucho menos que existan extremistas participando en estos hechos de violencias”.
Y es justamente la violencia lo que sí está acreditado en la zona. Producto de ella, ayer resultó herida una niña indígena de seis años, luego que personal de Carabineros se enfrentará con miembros de la comunidad Juan Curín, en las cercanías de Temuco.

La situación se produjo porque los indígenas se opusieron a la instalación de un cerco en el fundo de propiedad de Pablo Jacovi, quien cumplía con una orden de la justicia, en orden a delimitar los límites del predio particular que colinda con el referido asentamiento mapuche. A la lista de heridos se añaden tres carabineros, en tanto que seis comuneros fueron aprehendidos.

FINANCIAMIENTO. Ayer los diputados de Renovación Nacional Haroldo Fossa y José García se reunieron con el ministro Insulza, tras lo cual la autoridad dijo que el Ejecutivo está dispuesto a investigar el eventual financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), nacionales y extranjeras, al movimiento indígena. Ello, según los legisladores, es un hecho efectivo.

Fue tras ese encuentro que el ministro descartó la infiltración extremista, señalando que “puede haber jóvenes que de pronto circulan por el lugar y puedan haberse visto involucrados”.

AMPARO. En el ámbito judicial, ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción el abogado Pablo Contreras interpuso recursos de amparo en favor de los nueve mapuches detenidos tras los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en la hacienda Lleulleu, y por los cuales el Gobierno interpuso un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Ante esto el tribunal de alzada penquista designó a la ministra Silvia Onetto, quien determinará si hubo tal infracción.

El abogado Contreras dijo que la detención de sus defendidos fue absolutamente ilegal "ya que a todos se les aprehendió en sus domicilios donde estaban sin pasamontañas ni nada parecido".

Según el profesional que el Gobierno haya solicitado aplicar la Ley de Seguridad del Estado significa que endureció su posición, cediendo a las presiones de los empresarios (forestales) y a los grupos interesados en acabar con el movimiento mapuche. "Los hechos (del viernes último) no revisten la gravedad que se les quiere atribuir", concluyó.

En otra arista del mismo caso, ayer el gerente en la Octava Región de la Corporación de la Madera (Corma), Emilio Uribe, se reunió con el intendente subrogante del Biobío , Patricio Huepe, a quien le manifestó su complacencia por la solicitud de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
 

“Conflicto se está agudizando”

José Huenchunao, líder de la organización mapuche Coordinadora Arauco-Malleco matizó ayer el uso de la violencia al señalar a El Metropolitano que actualmente ésta se da “en el contexto de un conflicto que se está agudizando. Hay sentimientos profundos en contra del Gobierno y los empresarios (forestales) que tienen usurpados el territorio a nuestras comunidades. Estamos en una situación bien complicada, si no se buscan los mecanismos y las instancias que correspondan para resolver el conflicto, las comunidades continuarán reclamando sus derechos”.

En dicho contexto aseveró que si Carabineros actúa “ante esa represión responderemos en forma casi natural a una agresión. Nuestras comunidades están dispuestas a seguir reclamando sus derechos y en ese sentido la violencia continuará existiendo si no hay respuestas a nuestros derechos".

Por su parte la ministra de Planificación (Mideplán), Alejandra Krauss, quien durante todo el día de ayer visitó algunas comunidades en conflicto de Tirúa y Cañete, que han depuesto la violencia y han privilegiado el diálogo señaló que "el Gobierno está abierto siempre al diálogo y aquí queremos ratificar ese compromiso y buscarle soluciones a los problemas y necesidades de todas las comunidades".

Por José Sepúlveda y Pablo Solís