Antonio Castro Gutiérrez, el ministro en visita que en 1996 condenó por asociación ilícita y usurpación de terrenos a 144 mapuches, rechazó el acuerdo amistoso suscrito el jueves pasado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Consejo de Todas las Tierras y el Gobierno chileno. "Para mí, los mapuches son chilenos y, como tales, deben regirse por un estatuto jurídico que es igual para todos", señaló Antonio Castro.  La Tercera en Internet, 5 de marzo de 2001

No acepta el acuerdo amistoso suscrito por el Gobierno chileno
Ex juez rechaza compensación a indígenas

"Para mí, los mapuches son chilenos y, como tales, deben regirse por un estatuto jurídico que es igual para todos", señaló Antonio Castro, el ministro en visita que en 1996 condenó por asociación ilícita y usurpación de terrenos a 144 mapuches.

Este acuerdo obliga al Estado a compensar con tierra y dinero a los afectados, entre los que se encuentra el dirigente mapuche Aucán Huilcamán, quien fue el que denunció ante la OEA el caso por violaciones a los derechos civiles y políticos en 1998. También obtendrán el perdón y el blanqueo de sus antecedentes.

"Mire, yo no he sabido de un tribunal que no sea nacional que venga a dejar nulos los fallos de los tribunales chilenos, eso no lo conozco yo, y esa doctrina no la acepto tampoco como abogado, porque sino no tendríamos tribunales de justicia ni tendríamos soberanía, eso no puede ser... no nos van a venir a dar clases organismos sobre hechos ocurridos aquí en Temuco", señaló Castro a La Tercera El ex juez, que hace cuatro años dejó el Poder Judicial, dijo también que no existe un conflicto mapuche. "Para mí, los mapuches son chilenos y, como tales, deben regirse por un estatuto jurídico que es igual para todos".

El proceso contra los 144 mapuches fue instruido por el ministro Castro luego que los indígenas ocuparan 18 predios de empresas y particulares en 1992, reclamándolos como propios sobre la base de supuestos derechos ancestrales. Esta acción dio orígen a lo que hoy se conoce como proceso de recuperación de tierras indígenas.

Por el Estado chileno, suscribieron el acuerdo Pedro Pablo Parodi, abogado del Ministerio de RR.EE. y Miguel Angel González, representante ante la OEA.
 
 

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