Una nueva confusión en la relación oficial con los indígenas se ha presentado en días recientes, al parecer derivada de las atribuciones compartidas entre la Conadi y los gobiernos regionales respecto del manejo de las tierras que se entregarán a los mapuches. Aunque la Conadi es legalmente la encargada de la compra y traspaso de predios, en el último tiempo los intendentes y gobernadores estarían ejerciendo funciones similares que, como es natural, confunden las negociaciones, dando origen a conflictos adicionales.El Mercurio, 1 de marzo de 2001

Una nueva confusión en la relación oficial con los indígenas se ha presentado en días recientes, al parecer derivada de las atribuciones compartidas entre la Conadi y los gobiernos regionales respecto del manejo de las tierras que se entregarán a los mapuches. Aunque la Conadi es legalmente la encargada de la compra y traspaso de predios, en el último tiempo los intendentes y gobernadores estarían ejerciendo funciones similares que, como es natural, confunden las negociaciones, dando origen a conflictos adicionales.

En una reunión presidida por el ministro del Interior, se decidió respaldar la gestión de la Conadi, reafirmando lo que la ley sostiene. Sin embargo, este acuerdo podría ser puesto en duda por el poder objetivo de las autoridades regionales, así como por el natural peso de Mideplan y de la cartera del Interior. La Conadi ha atravesado varias crisis y su papel se ha debilitado, lo que conduce a los dirigentes indígenas a procurar entendimientos con instancias que sienten más apropiadas. Recientemente, dichos dirigentes incluso agredieron a directivos de la Conadi y les solicitaron que abandonaran una reunión, para poder entenderse mejor con los delegados del gobierno regional.

Los problemas van más allá del tema de las tierras y, como es habitual en los organismos del Estado, se habla de una supuesta escasez de recursos. Esta discusión no deberían zanjarla las partes involucradas, ya que se trata de tributos forzados de todos los chilenos. Otra preocupación es la vigilancia policial, fuerza que, por supuesto, la Conadi no controla. Los indígenas siempre preferirán la ausencia policial, pero las autoridades regionales encargadas del orden no pueden ignorar las variadas violaciones al derecho de propiedad por activistas cada vez más audaces. La autoridad política enfrenta una disyuntiva, porque si bien tiene interés en un diálogo fácil sin contingente policial, es evidente que su ausencia alienta los desmanes sin castigo.

El futuro no es claro, como lo muestra la afirmación del intendente de la VIII Región, en cuanto a que, institucionalmente en el nivel regional, la máxima autoridad en todas las áreas es el intendente, como representante del Presidente de la República, por lo que la Conadi, como muchos otros servicios, se encuentra bajo su autoridad.

La experiencia de la Conadi ha sido deficiente y no se entiende bien su justificación. La compra y venta de tierras no requiere de un organismo estatal especial y, quizás, el trabajo resultaría más sencillo y barato con las técnicas tradicionales que emplean los corredores de propiedades. Otras labores que pretende llevar a cabo, en la línea de la protección y de mantener ciertos valores culturales, parecen no tener destino. El problema de los indígenas, como el de otros minifundistas y campesinos pobres, no se resuelve con maniobras de ingeniería social ni con apoyos supuestamente productivos, de fracaso predecible. Es un asunto de oportunidades, formación, becas y movilidad, que no corresponde a organizaciones estatales más bien ornamentales.

La Concertación cometió un enorme error al levantar artificialmente un problema que estaba en curso de solución, pues sólo menos de 20 por ciento de los mapuches labora en sus campos; éstos, pobres y colectivos, no resolverán nada. Si los enfrentamientos en aumento degeneran en muertes, le será difícil eludir el costo de su error, que ya ha hechocaer la inversión y la ocupación en las regiones afectadas

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