Editorial.Recrudece el llamado conflicto mapuche, en actos que atentan gravemente contra el Estado de Derecho, como agresiones con armas de fuego a empresarios agrícolas, ataques a trabajadores forestales, quemas de siembras y bosques, ocupación ilegal de fundos, destrucción de infraestructura. Preocupan la magnitud que este conflicto ha alcanzado y la naturalidad con que los dirigentes de las agrupaciones que están detrás de estos actos reclaman territorio y autonomía, sobre la base de supuestos derechos ancestrales y del reconocimiento que demandan como "pueblo". El Mercurio, 16 de febrero de 2001

Recrudece el llamado conflicto mapuche, en actos que atentan gravemente contra el Estado de Derecho, como agresiones con armas de fuego a empresarios agrícolas, ataques a trabajadores forestales, quemas de siembras y bosques, ocupación ilegal de fundos, destrucción de infraestructura. Preocupan la magnitud que este conflicto ha alcanzado y la naturalidad con que los dirigentes de las agrupaciones que están detrás de estos actos reclaman territorio y autonomía, sobre la base de supuestos derechos ancestrales y del reconocimiento que demandan como "pueblo".

En ese marco, en marzo próximo, la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado respecto de la eventual ratificación del convenio N.o 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, será de alta trascendencia, pues él contiene aspectos que contravienen gravemente nuestra Constitución. En él se señala que al aplicar la ley nacional a los indígenas deben tenerse en cuenta sus costumbres y su derecho consuetudinario; que en materia de ley penal deberán considerarse "sus características económicas, sociales y culturales"; que deberá preferirse la aplicación de sanciones distintas del encarcelamiento; que deberá reconocerse a los pueblos indígenas "el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan" y su derecho a "utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia"; y que en relación con los recursos naturales deberá reconocerse el derecho a "participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos", entre otros preceptos.

Con este enfoque ideológico, se postula también que un prerrequisito para eliminar los desequilibrios entre la cultura oprimida y la opresora es que los pueblos indígenas logren autonomía y soberanía en sus decisiones. Si esa idea llegara a cristalizar en ley, significaría destruir una de las bases de la institucionalidad nacional, al reconocer en forma explícita que los indígenas no son chilenos y que el país no tiene una estructura unitaria.

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre este convenio, estableciendo para su aprobación un quórum de ley orgánica constitucional de 4/7; también limitó y redefinió el concepto de "pueblos indígenas", sostuvo que diversas disposiciones eran meramente programáticas o declarativas e hizo precisiones sobre el derecho de propiedad, para que, de ser aprobado, sea compatible con la Constitución.

Sin perjuicio de la importancia de esta sentencia, no se advierte ninguna conveniencia que pueda tener para Chile ratificar dicho convenio, que supone compromisos que pueden hacerse exigibles mediante diferentes formas de presión, especialmente cuando existe una evidente efervescencia violentista que, con seguridad, este acuerdo reforzaría. El Congreso y el Gobierno deben cuidar de no agregar elementos adicionales de interferencia y presiones internacionales a una situación que ya es grave y se mantiene por largos años, con una secuela de enormes daños personales y materiales. Por el contrario, según reitera un reciente estudio de Libertad y Desarrollo, urge que el Ejecutivo impulse políticas públicas que mejoren una situación que, en realidad, es de extrema pobreza: principalmente, invertir en capital humano, entregando educación de buena calidad a los indígenas, para que tengan posibilidades efectivas de insertarse en el mundo laboral contemporáneo.

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