Editorial.  No pueden las comunidades radicalizadas, que violan la propiedad privada y la ley, aspirar a los mismos beneficios que reciben aquellas que respetan la normativa y actúan pacíficamente. La Tercera en Internet, 26 de febrero de 2001

Editorial
Conflicto indígena: dos caminos

No pueden las comunidades radicalizadas, que violan la propiedad privada y la ley, aspirar a los mismos beneficios que reciben aquellas que respetan la normativa y actúan pacíficamente.

Representantes de 14 troncos familiares de la comunidad Huilliche Llaitul Panguina, originaria de Nochaco, Puerto Octay, recibieron el viernes último los títulos de dominio de 210 hectáreas, a las que se suman otras 120 hectáreas que ya les habían sido entregadas la semana pasada. La tierras, que significaron al Fisco una inversión de 332 millones de pesos, fueron financiadas con el Fondo de Tierras y Aguas, entidad creada a instancias de la actual ley indígena. Las comunidades beneficiadas son descendientes de los cerca de 300 mapuches huilliches que, en 1912, fueron asesinados cuando se resistieron a acatar un orden judicial que los obligaba a dejar un fundo que habían ocupado por décadas en las cercanías de Osorno, en lo que se llamó "la matanza de Forrahue".

El proceso de entrega de tierras fue posible, en este caso, en la medida que hubo de parte de las familias una genuina disposición al diálogo con las autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Es natural que en muchas de ellas exista resentimiento como consecuencia de los abusos a los que fueron sometidos, brutalmente, sus antepasados. Eso, sin embargo, no las apartó de los caminos legales y pacíficos que ahora les ha permitido recuperar 330 hectáreas cuya explotación podría reportarles enormes beneficios.

Completamente distinto es, en cambio, el clima de violencia que han construido algunas de las comunidades que reclaman la propiedad del fundo Alaska, de la empresa forestal Mininco. La Conadi ha hecho grandes esfuerzos por adquirir la propiedad, que comprende unas 2.200 hectáreas, y, según trascendió, el trato de compra podría cerrarse en los próximos días.

Sin embargo, miembros de la comunidad Temu Cui Cui, que exige la devolución de 300 hectáreas, se tomaron el predio en dos oportunidades durante la semana pasada y protagonizaron violentos incidentes con carabineros. Cabe señalar que la compra del fundo en cuestión fue aprobada por el consejo de la Conadi en 1998, sin perjuicio de lo cual los hostigamientos de comunidades radicalizadas no cesaron. En virtud de eso, miembros de Conadi advirtieron hace poco que las ocupaciones y talas ilegales ponen en riesgo la adquisición del fundo.

Cabe esperar que las autoridades hagan uso de las prerrogativas que les otorga la ley para combatir las acciones violentistas. Y, más importante que eso, marginen de los procesos de devolución de tierras a aquellas comunidades que no han sido capaces de respetar la normativa vigente. No pueden las comunidades radicalizadas, que violan la propiedad privada y la ley, aspirar a los mismos beneficios que recibieron, en el caso en cuestión, los mapuches huilliches de Puerto Octay. Sería nefasto que el gobierno hiciera lo contrario, porque establecería como precedente que el uso de la fuerza, que ya ha llegado a niveles inaceptables al el sur del país, no es impedimento para participar en el legítimo proceso de entrega de títulos de dominio.
 
 

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